En 1983, recién recuperada la democracia, comenzaron gestiones entre la municipalidad de Dolores –el intendente entonces era el radical Duilio Macchi- y el Servicio Penitenciario de Dolores para generar un barrio de viviendas destinadas al personal que trabajaba en la Unidad Penal nº 6.

El FONAVI, el ente estatal que en ese entonces se ocupaba de las viviendas, requería que una entidad se hiciera responsable de la articulación entre los interesados y el estado, por lo que el Círculo de Oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense asumió la tarea. Desde 1987, ciento ochenta y nueva familias comenzaron a pagar un plan de 24 cuotas para adquirir cuatro manzanas ubicadas en Lara y Maipú, donde se instalarían las viviendas. Algunos abonaron dos cuotas más por el costo de los planos de las casas.

Treinta años después, la asamblea que reúne a los vecinos reclama por esos terrenos que pagaron y que ahora figuran como pertenecientes al Círculo de Oficiales y no a su nombre. El caso llegó a la última sesión del Concejo Deliberante donde todos los concejales aprobaron la moción de apoyar el reclamo y el presidente del cuerpo, Mario Etchevarren, quien además es subsecretario general de la Gobernación, se comprometió a interceder ante el Instituto de la Vivienda para solucionar el conflicto.

Julio Plescia, Raquel San Martín, Gustavo Celillo, Héctor Báez, Mary Traverso y Justo Cuello, integrantes del grupo, explicaron la situación que estalló en agosto del año pasado cuando el entonces titular de la ANSES, Facundo Celasco, junto con integrantes del Círculo de Suboficiales, anunciaron que esos terrenos se pondrían a disposición de los beneficiarios del plan PROCREAR.

Los propietarios reclamaron la titularidad de los lotes y a partir de esto, presentaron una denuncia en la Fiscalía nº 3 que está en etapa de pruebas.

“La semana pasada, el síndico del Círculo de aquel entonces no solamente testifica sino trae una parte del libro contable donde dejaba constancia de los pagos efectuados por la gente de Dolores, donde se indica que los terrenos no eran del Círculo sino de 189 vecinos”, explica Plescia.

El Instituto de la Vivienda, ante el requerimiento de la justicia, señaló que el expediente fue extraviado, por lo se le ordenó la inmediata reconstrucción del expediente. Los miembros de la asamblea, ahora, están abocados a la recolección de la documentación, con las lógicas dificultades que implica el tiempo transcurrido.

“El Circulo de Oficiales dice que los terrenos le pertenecen, pero la documentación que obran en la causa indican que no”, explicó Plescia, quien señaló que se han estado presentando a la causa los testimonios de quienes participaron de la operatoria de ese momento.

“Queremos que la justicia tome celeridad”, reclamaron los asambleístas, mientras esperan los próximos pasos procesales que vendrán de la mano de testigos y del expediente reconstruido del Instituto de la Vivienda.