La “mera coincidencia” -según las propias palabras de Garzón- reflejaban las dos caras de una misma moneda por los hechos que tuvieron en vilo a los cordobeses por más de 36 horas entre la tarde-noche del 3 de diciembre y la madrugada-mañana del 4, donde la desidia y la locura se apoderaron de las calles, y el temor se adueñó de nuestras vidas.

Un primer juicio

Tal como lo adelantó LA MAÑANA en su edición de ayer, dos hermanos fueron condenados por la Cámara Undécima del Crimen en un juicio de trámite abreviado.

Lucas y Ciro Giménez fueron acusados de los delitos de “hurto calamitoso” y “coacción” por lo que recibieron las penas de 3 y 2 años y medio, respectivamente. En ambos de cumplimiento efectivo, aunque saldrían libres en 8 meses.

En sus palabras, los jóvenes -sin antecedentes penales y con trabajos estables- indicaron que era el sostén de la casa, donde vivían con su madre viuda y jubilada. 

Aunque la acusación indicaba que habrían ingresado a la sucursal San Vicente del supermercado Cordiez, Lucas Giménez dijo en la audiencia que sólo tomaron lo que se les caía a las personas que salían con los carritos llenos.

«Estamos arrepentidos. Nunca pensamos que tomar cosas de la calle íbamos a tener este problema», dijo.

Para el fiscal Diego Albornoz con este juicio, «le estamos dando una respuesta a la ciudadanía», recalcando que desde esos días «Córdoba no es la misma».

Por otra parte, para algunos analistas judiciales, las penas ena el primer juicio por los saqueos y teniendo en cuenta que no poseían antecedentes, «son altas y marcará un antecedente».

El segundo debate se confirmó para el próximo jueves 27, en la Cámara Primera del Crimen, donde estará sentado Miguel Ángel Moyano, un hombre con antecedentes penales, al que se lo acusa por el delito de “robo calificado”.

En tanto, ayer se conoció que la fiscal Adriana Abad elevó a juicio a 6 personas por otros episodios ocurridos durante la huelga policial de diciembre pasado.

Sin peligro de fuga

Al mismo tiempo que se conocía la resolución del primer juicio por los saqueos, el fiscal Raúl Garzón ordenó liberar a los 16 policías detenidos por el autocuartelamiento en esos primeros días del último mes del año pasado.

La decisión judicial fue adoptada al considerar que la prueba recolectada era suficiente y no había posibilidad de entorpecimiento a la investigación ni peligro de fuga, por lo que no había mérito para dictar la prisión preventiva.

Los uniformados, que habían sido detenidos durante el mes de enero, están acusados de los supuestos delitos de “desobediencia a la autoridad” e “instigación al delito”.

A pesar de su decisión, el fiscal Garzón dejó entrever a la prensa que podrían existir nuevas imputaciones en los próximos días. Hasta el momento totalizan 19.

En el marco de las pesquisas de la Fiscalía, a la que se derivaron todas las causas por los saqueos, trascendió que uno de los factores que habría desatado el autocuartelamiento habría sido la quita de un “sobresueldo” por parte del ex jefe policial César Almada. Este “canon” había sido impuesto por su antecesor, Ramón Frías, como adicional para los miembros del CAP

Almada, además de quitarlo, lo denunció ante el Tribunal de Conducta Policial.