A partir de actuaciones preliminares que llevan adelante las Fiscalías Penales 2 y 5, a cargo de los fiscales, Marcelo Rubio y Maximiliano Troyano, el viernes pasado se llevaron adelante una serie de notificaciones judiciales vinculadas a una causa abierta a instancia de una serie de irregularidades en materia de adopciones en el distrito judicial del sur.

Los fiscales dispusieron imputar penalmente a dos Ex Jueces de Personas y Familias que cumplieron funciones en Metán, como así también a dos Defensoras Civiles y un Fiscal Civil, todos del mismo distrito judicial. Los funcionarios judiciales fueron acusados penalmente de los delitos de “asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, supresión y suposición de estado civil y de identidad de las personas”.

Asimismo, se imputó a una abogada particular de Metán los delitos de “asociación ilícita, supresión y suposición de estados civil y de identidad de las personas”. Todos estos acusados fueron citados a presentarse en una audiencia de imputación a realizarse la próxima semana.

A declarar

En tanto, los fiscales ordenaron la citación del diputado provincial por el Departamento de Anta, Pedro Sandez, en calidad de testigo para este jueves a horas 9 en la ciudad judicial. Dado su carácter de legislador, el mismo podrá presentarse y declarar o bien, hacerlo por escrito.

Las imputaciones penales surgen de una extensa y minuciosa investigación penal que los fiscales llevan adelante desde los primeros meses de este año, luego de que le fueran remitidos numerosos expedientes de adopciones señalados como viciados por supuestas irregularidades, tanto en su gestación como en el trámite de los mismos.

A tal efecto, y por las facultades delegadas por el Código Procesal Penal en el Procurador General, artículo 82, inciso C, se dispuso la tarea conjunta de las Fiscalías Penales 2 y 5, sumándose a la tarea dos auxiliares fiscales y varios empleados, quienes examinaron los expedientes cuidadosamente.

Como resultado de ello, los fiscales Rubio y Troyano reunieron elementos suficientes para encuadrar un supuesto accionar delictivo en varios de los expedientes analizados, como así también identificar e imputar a los funcionarios judiciales mencionados por la probable comisión de delitos de extrema gravedad.