El funcionario, de alto rango, se desplomó en el sillón de su escritorio. Acababa de finalizar una reunión con su superior en el ministerio. "Me dice que no hay plata. ¿Y yo cómo hago para cerrar los gastos del año?", preguntó, tomándose la cabeza con las manos.

Las desventuras de este funcionario se replican en numerosas áreas de la administración pública. La orden fue tajante: hay que controlar y, en lo posible, bajar el gasto. Y esta orden se refleja en los números fríos del presupuesto, donde, ya en la finalización del ejercicio fiscal, se observan notorias y -en algunos casos- abultadas subejecuciones, que se ubican cerca del 50 por ciento.

La causa: cumplir, como sea, con la pauta de déficit fiscal prometida por el gobierno de Mauricio Macri para este año del 4,8 por ciento del PBI, en momentos en que el Presidente quiere fusionar áreas para recortar el gasto estatal.

En líneas generales, la ejecución del gasto fue, hasta el 25 de diciembre pasado, del 88% de los créditos vigentes, porcentaje que se ubica por debajo del nivel teórico en el cierre de cada año, advirtió Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). "Hay una subejecución notoria del presupuesto que denota una decisión política del Gobierno de controlar mucho más el gasto", aseveró.

Según el último informe de la ASAP, los atrasos más significativos se observan en la Jefatura de Gabinete de Ministros y los ministerios de Modernización, de Comunicaciones, de Turismo, de Hacienda y Finanzas Públicas, de Interior, Obras Públicas y Vivienda, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Producción y de Cultura. "En algunos casos se evidencian desfases del orden de los 20 puntos porcentuales o superiores respecto del porcentaje «teórico» a esta altura del ejercicio", se indicó.

Si bien es cierto que el actual presupuesto fue diseñado por el gobierno anterior, a lo largo del año la administración de Macri instrumentó más de cincuenta modificaciones presupuestarias, vía decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas, que modificaron sustancialmente la pauta de gastos y explican la subejecución en algunas áreas. En virtud de la política «gradualista» de la actual gestión, el gasto primario, lejos de bajar, subió de manera explosiva: en los primeros once meses del año sumaron $ 1,48 billones, un 33,7% de incremento interanual, señaló la ASAP. Al 25 de diciembre pasado, esa cifra trepó a $ 1,82 billones.

Destinos de los fondos

¿Adónde fue a parar semejante suba del gasto? Básicamente, a pagar gastos corrientes: transferencias (subsidios -sobre todo al transporte- y aportes a las provincias), pago de jubilaciones y pensiones, gastos en personal y servicios de la deuda. Aquí vale agregar un párrafo respecto de los fondos girados a las provincias y municipios: en los primeros once meses del año, el gobierno nacional distribuyó $ 100.500 millones a los gobernadores e intendentes, en su mayoría para atender gastos corrientes. Pero a esta cifra hay que sumar otros $ 26.719 millones que el Gobierno giró la semana pasada a las provincias por decreto.

Sin embargo, los gastos de capital (básicamente, obras de infraestructura), que son los verdaderos promotores de empleo, siguen sin mostrar un repunte notorio. Pese a las promesas oficiales de una inminente reactivación de la obra pública, el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda es una de las áreas de mayor nivel de subejecución presupuestaria: el 73% de su crédito, cuando faltaban pocos días para terminar el año. Con la única excepción del programa de desarrollo de la infraestructura habitacional Techo Digno, que tenía gastado el 90% de su crédito, todos los demás muestran bajos niveles de gasto: el programa de recursos hídricos, 53%; el de urbanización de villas y asentamientos precarios, 51%, y el de acciones para el mejoramiento habitacional e infraestructura básica, 73%.

En el Gobierno explican que la cartera que conduce Rogelio Frigerio está instrumentando una reformulación de los programas heredados del gobierno anterior para evitar la dispersión del gasto, lo que explicaría algunas subejecuciones. De hecho, por medio de un decreto de modificación presupuestaria, se le recortaron $ 1276 millones al proyecto para generar "acciones para la provisión de tierras para el hábitat social". También se les quitó presupuesto a distintas obras -algunas cuestionadas, como la torre única de comunicaciones- por un total de $ 158,2 millones, tal como publicó LA NACION. Todo ese dinero fue redireccionado a provincias y municipios.

Donde sí se nota un avance en la ejecución de gastos es en vialidad, con un 80% a esta altura del año: el programa de construcciones muestra una ejecución del 83 por ciento. Sin embargo, las obras públicas en las provincias, que los gobernadores ansían como el agua, tardan en llegar.

Según el último informe de la ASAP, pese al aumento en las transferencias para gastos corrientes en estos once meses de 2016, los gastos de capital para el interior continúan retraídos, con una baja de casi el 10% interanual.

Presupuesto (por Mariano de Vedia)

Llamado de atención

Cada vez más controles requiere el uso de los recursos. El informe de la ASAP que inspecciona el primer año de Macri en materia presupuestaria muestra que el Gobierno recurrió a la reasignación de partidas para ajustar a la realidad un presupuesto diseñado y votado por el gobierno anterior. Así, saltan a la vista las distorsiones y peculiaridades que caracterizaban el manejo de los números en el kirchnerismo, aunque también el informe es un llamado de atención a la gestión actual, frente a un año electoral, que siempre de caracteriza por el dispendio de los fondos.