El ministro de Obras y Servicios Públicos Jorge Varela salió al cruce de las empresas constructoras que el martes fueron a la Legislatura a hacer lobby para lograr una readeacuón de los precios de la obra pública: se quejó de que las firmas son “demasiado ambiciosas”.

El funcionario fijó posición ante los planteos expuestos en la Cámara de Diputados por la delegación de la Cámara Argentina de la Construcción, que -tal como informó ayer El Diario- protestó por el modo en que el gobierno pampeano recalcula o redetermina los precios.

A criterio de Varela, el modo en que esos cálculas se hacen es “muy bueno”.

Según el ministro Varela, “la provincia vive una realidad muy distinta al resto del país. Acá se pagan los certificados en tiempo y forma, hay redeterminación de precios mensualmente, tienen ventajas”.

Añadió que “no pretemdemos que pierdan plata, sino que acompañen en este momento. Los precios se están estabilizando, algunos se han retrotraído. El gobernador les dijo que tengan un poquito de paciencia. Esta turbulencia tiende a estabilizarse”, juzgó.

Tal como se informó ayer en El Diario, ese grupo de empresas constructoras incluso pidió no recibir sanciones en el caso que se tengan que rescindir contratos.

Pablo Pessi, presidente titular de la delegación provincial de la Cámara Argentina de la Construcción, reclamó ante la Comisión de Asuntos Agrarios, Turismo, Obras y Servicios Públicos que “no se nos aparte del registro de empresas proveedoras del Estado ni se nos ejecuten las pólizas de seguro, que son los castigos que prevé la ley ante aquellas empresas que rescinden contratos, porque esas rescisiones que se están produciendo ahora, y son muchas, son de mutuo acuerdo y se debe a que se les hace imposible resolver las obras por el desfasaje que hay entre los valores por los que firmamos contratos y los costos posdevaluación”.

Revelaron que “se nos hace literalmente imposible continuar con las obras que financia Nación, como las del PROMEBA, por ejemplo, porque su sistema de readecuación de precios es infinitamente más complejo que el provincial”.

También solicitaron “que la provincia instrumente un relevamiento de precios locales, tanto en materiales (por ejemplo, sobre 20 insumos, propusieron) como en mano de obra, y sobre ese indicador hacer la redeterminación de precios” y, si bien reconocieron “que el sistema que utiliza la Provincia no es malo, el margen de redeterminación nunca puede ser por encima del INDEC”.

Ante la observación del diputado Darío Casado sobre que “los contratos son para cumplirse” y su demanda de garantías de que “no se llegará a una flexibilización tal que después cualquier empresa y por cualquier motivo podría pedir la rescisión de un contrato y no sufrir consecuencias”, los empresarios arguyeron que “hoy las empresas que corren el riesgo de desaparecer, sin entrar en convocatoria ni estar quebradas, son empresas con mucha historia en la provincia y van a desaparecer porque se ven obligadas a rescindir los contratos que habían firmado en 2012, con un dólar a poco más de cuatro pesos, y hoy todos los materiales se venden a precios fijados con un dólar por encima de los ocho pesos, y el castigo es la exclusión del listado de empresas que pueden contratar con el Estado”.