El fallo firmado el viernes por el juez Ariel Lijo en el caso conocido como Ciccone II, dejó nuevamente planteado el carácter político del manejo del expediente. El juez procesó al banquero Jorge Brito y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray sin prisión preventiva, pero usando una vara distinta Amado Boudou estuvo y está en la cárcel. El arrepentido Alejandro Vandenbroele, que fue el hombre clave del caso Ciccone, declaró que Brito le pagó un sueldo durante meses para que mantenga el silencio, pero eso no se consideró obstrucción de la causa y el magistrado le permitió seguir en libertad. En cambio, respecto de Boudou no hay evidencia de que haya afectado la investigación, cosa que no le importó a los jueces que lo enviaron al penal de Ezeiza. Es más, el Tribunal Oral Federal 4 argumentó que Boudou podría obstruir la investigación que todavía faltaba hacer respecto de Echegaray, Brito y otras personas. Ahora esa instrucción terminó, de manera que no debería haber  motivo para que Boudou siga en el penal de Ezeiza hasta que la Cámara de Casación confirme o revoque el fallo del juicio oral. 

Todo el caso Ciccone plantea numerosas preguntas:

1 Después de los dos juicios, ¿cómo se sintetiza la acusación y las condenas?

El juez y el Tribunal dieron por cierto que la imprenta Ciccone, de alta sofisticación, la única privada que imprimía billetes en América Latina, fue salvada de la quiebra por acción de Boudou, quien –supuestamente– influyó en Echegaray y logró que la AFIP levantara la quiebra de la calcográfica. A cambio de esa jugada, los magistrados sostienen que Boudou se quedó con el 70 por ciento de las acciones de Ciccone, por lo que fue condenado por cohecho pasivo –recibió como pago las acciones–, mientras que Nicolás Ciccone, uno de los dueños de la imprenta, fue condenado por ser el que pagó con acciones la supuesta coima. En el juicio oral no quedó para nada probado que Boudou se haya quedado con las acciones, al punto que los ejecutivos y el dinero con el que se rescató y manejó la imprenta provino de Brito, aunque también hay indicios de que el origen fueron sociedades y cuentas del financista Raúl Monetta. Existía otra hipótesis que consistía en que Boudou intervino en el caso Ciccone porque el operador favorable a Monetta-Brito fue su amigo José María Nuñez Carmona, hipótesis que no suponía quedarse con la imprenta sino “ayudar” a una operación correcta –salvar la imprenta– en la que posiblemente obtuvo algún beneficio Núñez Carmona. Un dato es clave: cuando la AFIP le consultó a Boudou sobre el levantamiento de la quiebra de Ciccone, el ex ministro contestó tal como lo indicó el responsable legal de Economía, Guillermo Capdevilla. Se decía que en el juicio oral esté funcionario declararía contra Boudou porque en su momento se fue del país diciendo que tenía miedo. Sin embargo respaldó totalmente lo hecho y lo firmado por Boudou y no mencionó ninguna irregularidad en el levantamiento de la quiebra, que luego permitió el traspaso y la puesta en marcha de Ciccone..   

2 ¿Por qué lo procesaron a Ricardo Echegaray?

El ex titular de la AFIP fue procesado por abuso de autoridad, un delito mucho más leve que las negociaciones incompatibles con la función pública. O sea que dictó resoluciones contrarias a las normas y no es que participó o ayudó en el “negocio” de Ciccone. El abuso de autoridad prevé pena de un mes a dos años, mientras que las negociaciones incompatibles van de uno a seis años. 

Lo que se le cuestiona es que primero pidió la quiebra de Ciccone por las deudas de la imprenta en materia de impuestos y cargas sociales y después levantó el pedido de quiebra en función de que se presentó un plan de pago. Echegaray siempre dijo que medidas similares adoptó con centenares de empresas. Y la realidad es que también se buscó salvar los puestos de trabajo y una imprenta de trascendencia estratégica. Aún así, fue procesado.

3 ¿Por qué procesaron a Brito?

Boudou siempre sostuvo que no se quedó con ninguna acción de Ciccone y que la empresa terminó en manos de Brito, con financiamiento de Monetta. De hecho, el principal ejecutivo de la calcográfica pasó a ser un hombre del Banco Macro, propiedad de Brito, Máximo Lanusse. Lijo sostiene que el banquero colaboró en la jugada de Boudou, no que se quedó con la imprenta, y por ello lo procesó por partícipe necesario, es decir cómplice de Boudou, en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que es interesarse en operaciones del Estado para beneficio propio.

Lijo jugó a favor de Brito en tres aspectos. Primero, lo sacó del juicio oral Ciccone I, es decir evitó que Brito se siente en el banquillo de los acusados junto a Boudou. La segunda ayuda fue considerar que obró de manera individual y no en representación del banco, con lo que preservó el Macro, algo que puede considerarse razonable. En tercer lugar, Lijo favoreció a Brito al no dictarle la prisión preventiva, teniendo en cuenta que le pagó a Vandenbroele para que no hable, cosa que se podría interpretar como una obstrucción de la justicia. La realidad es que no correspondía la prisión básicamente porque hoy Brito no puede obstruir nada ya que se trata de hechos ocurridos en 2010. 

Todo indica que Brito fue el que se quedó con la imprenta porque el manejo quedó a cargo de dos hombres de su confianza: Francisco Sguera y Máximo Lanusse. 

4 ¿Cuál es la situación de Boudou?

El ex vicepresidente fue condenado en un juicio donde se demostró todo lo que siempre dijo, empezando por el hecho de que no conocía a Vandenbroele. El propio Vandenbroele declaró que sólo vió a Boudou, de lejos, en dos oportunidades y que nunca habló con él. Tampoco hay vínculo cercano entre Boudou y Brito, o sea que el banquero de ninguna manera actuó como testaferro del ex vicepresidente. Todo eso derrumba la hipótesis de que Boudou se quedó con la imprenta. 

Pero, además, el juicio mostró que los dictámenes en el ministerio de Economía y en la AFIP no fueron irregulares y que en ambos lugares se apuntó a una solución para la crisis de la imprenta. 

Lo más grave es la disparidad y el hecho de que el ex vicepresidente y Nuñez Carmona estén en la cárcel, así como Nicolás Ciccone con prisión domiciliaria. Cuando el TOF 4 dictó estos encarcelamientos –nunca antes el TOF 4 había actuado así, encarcelaba recién con confirmación de Casación– sostuvo que podrían obstruir la investigación de Ciccone II. Ahora Lijo afirma que la instrucción está terminada, de manera que no debería haber razón para que Boudou siga preso. Mañana, los abogados del ex vicepresidente –Alejandro Rua y Graciana Peñafort– van a presentar un pedido de excarcelación. Mientras tanto el caso llegó a Casación, que deberá resolver sobre la condena en el juicio Ciccone I y también la Corte Suprema tiene para tratar el encarcelamiento de Boudou.