Según se establece en la Ley 11.459 de Radicación Industrial, el certificado de aptitud ambiental permite la habilitación de la empresa: "Todos los establecimientos industriales deberán contar con el pertinente Certificado de Aptitud Ambiental como requisito obligatorio indispensable para que las autoridades municipales puedan conceder, en uso de sus atribuciones legales, las correspondientes habilitaciones industriales", indica el artículo tercero en el que se expone que para el tipo de categorización de ASP en Olavarría el certificado será entregado por el Municipio.

Pero más allá de este punto, los vecinos de Colonia Hinojo plantean que la empresa figura como de "enmienda" y no de "fabricación de fertilizantes", eso es lo que le da la categoría que tiene y no la que debería tener.

El cambio implicaría que ingrese en una nueva categoría y que su habilitación ya no pueda correr por cuenta del Municipio. "Ahí, directamente, la planta se va a tener que ir porque no podrían funcionar cerca de viviendas y poblados", sostienen referentes de los autoconvocados de la Colonia.

La decisión de pedir esta recategorización llega en el mismo momento en que desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires pidieran información sobre la planta. Entre las próximas medidas, los vecinos también presentarán un recurso de amparo que obligue "a interpelar a las funcionarias de Adelo (Agencia de Desarrollo Local)", sostuvo uno de los voceros de la organización, en referencia a Nora Quiroga y Rosario Endere.

Y recalcó que "también queremos que se interpele al Intendente (José Eseverri) porque es parte de esto. El sabe muy bien que esta planta contamina y hacer la vista gorda o mirar para otro lado no habla bien de él".

El Senado bonaerense aprobó la semana pasada un pedido de informes solicitado por la senadora María Isabel Gainza, en el que reclama información sobre el funcionamiento de ASP S.A, ubicada en Colonia Hinojo, "por las sospechas de vecinos de riesgos sanitarios y ambientales provocados por las emanaciones, desechos y sustancias contaminantes que participan del sistema de producción de la planta".

La senadora por la Coalición Cívica reclamó al Ejecutivo provincial que explique en qué categoría industrial está inscripta la empresa. La propuesta expone que "en caso de no existir la clasificación industrial mencionada en el punto anterior, indique cuáles son los motivos por los cuáles la empresa en cuestión funciona de manera habitual y permanente, siendo la categorización un requisito indispensable para su ejercicio".

Además, se solicita el cerificado de aptitud ambiental como requisito único y obligatorio previo al inicio de actividades, e indaga sobre si ha habido evaluación y fiscalización de la normativa que regula el funcionamiento de la planta.

Nueva audiencia

A mediados de septiembre, el conflicto entre vecinos de Colonia Hinojo e Hinojo y Agro Servicios Pampeanos llegó al Centro Municipal de Relaciones Vecinales, a cargo de la Dra. María Elena Dapello. En la oportunidad, todas las partes estuvieron presentes aunque el encuentro no haya dejado conformes a los habitantes de las localidades.

En aquel entonces, se fueron con la promesa de que habría una nueva reunión. La segunda audiencia de mediación se concretará el próximo 28 de noviembre, aunque los vecinos autoconvocados no saben aún si asistirán al encuentro. ¿El motivo? Dicen que se sintieron "ninguneados" y que más allá de la buena voluntad "la mediación no sirve demasiado para estos casos". Argumentan que "acá, lo que hay que hacer no es mediar, sino investigar, ver que la empresa contamina y actuar en consecuencia".

Además, creen que la doctora Dapello "debería haber dado un paso al costado porque es funcionaria municipal, precisamente una de las partes implicadas en el conflicto".

"Si no nos presentamos a esta segunda audiencia, damos esto por finalizado", apunta uno de los referentes de la organización vecinal. Y eso es, precisamente, lo que buscan. "En este caso se habla, directamente, de contaminantes, no es un conflicto que busque un rédito económico o que sea algo pasional. Es una cuestión que va ligada a la salud de la población, entonces debería tomarse otro tipo de medidas, no fijar una o dos audiencias".

Los vecinos de la Colonia sostienen que "incluso, la mediación fue pedida por el Municipio, algo que es totalmente ilógico". Dicen que hay una intención detrás de todo esto y que es "hacernos perder tiempo, que nos callemos la boca hasta que merme la producción porque la mayor producción de la planta de fertilizantes la tienen ahora. En enero y febrero la actividad disminuye porque la cosecha se está levantando, aunque la fábrica sigue igual vendiendo los fertilizantes y los agroquímicos".