Por: Aurora Báez Boza.

En plena sequía, a espaldas de vecinas, instituciones y agricultores de la zona de ese la Junta de Andalucía aprobaba el proyecto de una nueva embotelladora de agua de la empresa Aguas Bellavista SL, en el Valle del Lecrín, concretamente en el pago de Cijancos, situado en el entorno del Parque Natural de Sierra Nevada, una zona donde ya se encuentra una industria del sector: la embotelladora de Dúrcal.

Desde hace semanas las vecinas de los 8 municipios que componen la región se han organizado para mostrar su repulsa ante el proyecto que pretende extraer más de 250.000 litros de agua al día. El pasado jueves se manifestaban frente a la Delegación Territorial de Minas en Granada, organismo responsable de la aprobación para proclamar que en el Valle del Lecrín “el agua no se vende”.

Desde la Plataforma Pro-Defensa del Agua del Valle de Lecrín, organizadora de la manifestación han mostrado su preocupación por los proyectos de este tipo que afectan al Valle: “Estamos siendo testigos de una gran transformación de la comarca con la que no estamos de acuerdo, es una amenaza seria para el territorio”, sostiene su portavoz Rosa María Fernández. 

Una transformación que impone “grandes infraestructuras en detrimento de tierras cultivables, verdaderos agroecosistemas con gran riqueza de especies”, añade. Fernández hace especial hincapié en que se pone en peligro “el acuífero esencial para la vida y para el desarrollo de los pueblos”, la portavoz además sostiene que “El agua es el corazón del Valle del Lecrín”.

La Plataforma pone el foco en que la Junta de Andalucía se ampara para la aprobación del proyecto en una ley vigente desde 1973, en pleno franquismo.“Ya deberían haber sido reformadas que está dando carta blanca a que las empresas embotelladoras extraigan unas cantidades ingentes de agua de nuestros acuíferos”, comenta José Manuel Enrique Herrera, vecino de Cónchar y miembro de la Plataforma convocante.

Trabajos de excavación para la exhumación de asesinados por el régimen franquista en Nules, Castelló. Foto: Grupo por la Investigación de la Memoria Histórica de Castelló

Con este amparo legal, las empresas embotelladoras en Andalucía se saltan la Ley 17/2021, la Ley de Aguas que expone que “Se prohíbe toda forma de privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente; por lo mismo esta no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa privada nacional o extranjera”.

Víctor García es un agricultor de Padul de 27 años y expone cómo le afecta la situación a sus viñedos: “Nos han puesto unos contadores que nos limitan el uso del agua, nos han bajado la producción de una manera descomunal. Y ahora vemos que nuestra agua la van a embotellar y la van a vender de negocio en otro sitio. Sin hablar del tema del plástico. Es una barbaridad”.

“Estamos siendo testigos de una gran transformación de la comarca con la que no estamos de acuerdo, es una amenaza seria para el territorio”, sostiene Rosa María Fernández.

El plan de la empresa expone que la infraestructura ofrecerá 16 puestos de trabajo, en una población de más de 23 mil habitantes. “Es de risa, ni siquiera compensa económicamente y sería vender nuestra alma al diablo”, sostiene Herrera.

A nivel ecológico la nueva embotelladora supone un peligro para el humedal de Padul un espacio natural protegido situado en el Valle del Lecrín que se abastece de los acuíferos que la embotelladora, Aguas Bellavista SL, pretende usar.”Aparte del perjuicio ecológico, es la única reserva de agua que tenemos. Una zona que vive de la agricultura y del turismo rural. Si le sumamos a la sequía tan importante que tenemos, la sobreexplotación de la agricultura y una nueva planta embotelladora, en cuatro años nos quedaremos sin agua”, sostienen desde la Plataforma.

A pesar de la repulsa popular las obras para la implantación de la embotelladora comenzarán, si nada lo impide, a principios de octubre. La situación en el Valle del Lecrín es uno de los ejemplos de la política en cuestiones de territorio y recursos hídricos de la que el gobierno de Juanma Moreno hace gala: la comercialización y la privatización de un bien esencial para la vida y que constituye una de las partes fundamentales de la identidad de esta tierra.