En plena turbulencia energética tras conocerse la decisión de la italiana Enel de poner a la venta Edesur y las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, entre otros activos, ahora acaba de brotar un proyecto oficialista que propone una administración estatal vía Enarsa de las hidroeléctricas que operan en Río Negro, Chubut y Neuquén. La iniciativa emerge a poco más de seis meses de que la Secretaría de Energía pusiera en marcha un equipo técnico para evaluar la situación operativa de 17 concesiones que vencerán a partir de agosto del año próximo.

El proyecto lleva la firma de Oscar Parrilli, senador neuquino por el Frente de Todos, y propone que el 51 por ciento del dominio de cada central quede, justamente, bajo potestad de la empresa estatal.

"ENARSA deberá asociarse con la/s Provincia/s titular/es del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan", se detalla en la propuesta, aunque en otro apartado se señala la posibilidad de "incorporar la participación del capital privado".

"La experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola (…) no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector. A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética. Del 43% de potencia instalada en 1994, se disminuyó al 25% actual", puntualizó Parrilli  entre los argumentos del proyecto.

En el transcurso de los próximos tres años, el sector hidroeléctrico transitará el vencimiento masivo de las concesiones otorgadas durante el período menemista. Al menos 17 contratos concluirán tras los acuerdos firmados durante la década del 90.

Hoy por hoy, se estima que la generación hidroeléctrica representa al menos el 20 por ciento del total del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Además de Parrilli, también titular del Instituto Patria, la iniciativa que propone el oficialismo cuenta con el acompañamiento de los legisladores Silvia Sapag, de Neuquén, Carlos Linares, de Chubut, y Martín Doñate y Silvina García Larraburu de Río Negro.

Hidroeléctricas: un negocio multimillonario

Según datos oficiales a los que accedió iProfesional, entre agosto y diciembre de 2023 vencerán las concesiones de las centrales Alicurá, hoy en manos de AES Alicurá SA, El Chocón y Arroyito, bajo control de la ya mencionada Enel, Planicie Banderita, operada por Orazul Energy, y Piedra del Águila, concesionada a Central Puerto SA.

Río Negro y Neuquén pretenden asumir el control de estas instalaciones con vistas a acceder a un negocio de explotación estimado en 800 millones de dólares anuales. Pero la administración nacional aún no abre el espacio para la participación de ambas provincias.

Ante esta postura, en mayo de este año las gobernaciones de los dos territorios también movieron las fichas y definieron una comisión con el objetivo de exponer sus competencias para la operación de las centrales.

Ambas provincias mantienen un diálogo tenso con el Gobierno por la baja recaudación que vienen percibiendo del negocio hidroeléctrico establecido en sus respectivos territorios y la nula participación en los procesos que se están "cocinando" ante la finalización de las concesiones.

Río Negro y Neuquén reclaman deuda a Energía

Desde hace meses, Río Negro reclama a la Secretaría de Energía casi 900 millones de pesos en concepto de regalías mal liquidadas. Neuquén, en tanto, señala que se le deben 1.164 millones. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en tanto, exige otros 1.000 millones de pesos, todos por deuda por el mismo concepto.

En marzo de este año, el área de Energía nacional puso en marcha un equipo de trabajo para revisar qué hará con El Chocón y Piedra del Águila, entre otras instalaciones, pero omitió la participación de representantes de, precisamente, Río Negro y Neuquén.

Los técnicos convocados tienen como prioridad la revisión de los números de los complejos cuyas concesiones vencen el año próximo. La molestia en las provincias, que no ha hecho más que incrementarse durante la segunda mitad de 2022, radica en que ninguno de sus cuadros fue incluido en la convocatoria para las auditorias.