Por: Hugo Alconada Mon.

El oficialismo no quiso dejar al desnudo cuánto había arriado sus banderas al negociar con los laboratorios y la oposición aprovechó la oportunidad para dominar la agenda pública durante días. Esa fue la trastienda detrás de la decisión de blindar el contrato por las vacunas contra el Covid19 que adoptó la Auditoria General de la Nación (AGN) en pleno Mundial de Qatar.

La reserva de esos contratos por más de US$ 1757 millones benefició a unos y otros. Al oficialismo le permitió extender por un tiempo más el silencio que recubre las aristas más incómodas que negoció con los laboratorios, como la cláusula sobre la legislación aplicable y la prórroga de jurisdicción, según indicaron a LA NACION fuentes con acceso a esa documentación o que, incluso, participaron en esas negociaciones.

A estas aristas se sumaron otras que los auditores por la minoría opositora querían revisar en los contratos por las vacunas Sputnik V; Sinopharm; CovidShield; AstraZeneca; Pfizer; Cansino; Covax; Moderna y Richmond/Sputnik V. Entre otras, cómo fueron los procesos de negociación, si participaron intermediarios –como intentó el franco-venezolano Maximilien Sánchez Arvelaiz con los rusos, por ejemplo-, cuál fue el criterio para seleccionar cada laboratorio, y los retrasos en la entrega de vacunas, como ocurrió con AstraZeneca, al que el Gobierno adelantó fondos.

En la práctica, los funcionarios argentinos debieron ceder una y otra vez ante las exigencias de los fabricantes de las –por entonces- escasas vacunas contra el Covid-19. Así fue como aceptó, por ejemplo, que toda controversia se dirimiera según las disposiciones de las leyes de otros países, ya fueran Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra o cualquier otra potencia.

Para el oficialismo, que había hecho de la defensa de la soberanía nacional –y proclamó que no entregarían “glaciares”- resultó una cesión incómoda. Tanto como otra cláusula recurrente en ese tipo de contratos, la prórroga de jurisdicción, que dispuso ante qué juez o tribunal se resolvería cualquier contrapunto. Y, otra vez, Nueva York o Londres se pusieron sobre la mesa. Pero no sólo esas ciudades, según reconstruyó LA NACION. Los rusos impusieron que, de llegar a ser necesario, se verían las caras ante un tribunal arbitral en Singapur.

Esas cláusulas, sin embargo, no deberían llamar la atención. De hecho, no sorprenden a ningún abogado especializado en Derecho Comercial o Administrativo. Toda empresa procura imponerle a su contraparte dónde y con qué legislación dirimirán sus diferencias. Y el Gobierno nacional hace lo propio, cada vez que puede.

Antecedentes sobran. Basta con repasar el contrato que firmaron YPF y Chevron durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. También se acordó la confidencialidad del contrato, que sólo cedió bajo presión judicial. Fue necesario que la Corte Suprema de Justicia así se lo impusiera.

Con la firma de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el tribunal les recordó a YPF y al Gobierno que el derecho de buscar y recibir información está expresamente consagrado por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Qué surgió de aquel contrato? Que YPF aceptó que su interacción con Chevron se regiría por las leyes estadounidenses, que cualquier arbitraje sería ante la Cámara de Comercio Internacional, en París, y que un entramado de empresas offshore resguardaría los intereses de Chevron ante la amenaza de los holdouts.

Ya en plena pandemia, en tanto, arreciaron dudas y críticas por la negociación con los laboratorios. Tanto por las supuestas motivaciones ideológicas de ciertos funcionarios, más afines a Vladimir Putin, como por sospechas de corrupción. En particular, por la negativa oficial a acordar con Pfizer. Para la ministra de Salud, Carla Vizzotti resulta injusto y falso: “Si nosotros pudiéramos, sería lo mejor que nos podría pasar poder explicar y contar exactamente la negociación. No podemos por pedido de la industria farmacéutica. No es que queramos ocultar nada”, dijo.

Disputas intestinas

Pero a estos primeros ejes incómodos para quienes se presentaron a sí mismos como defensores de la soberanía nacional y los glaciares, se sumó un escollo insoslayable: las diferencias internas. Los auditores que representan al oficialismo responden a distintos sectores o padrinos. Juan Ignacio Forlón, a Máximo Kirchner; Gabriel Mihura Estrada, a Sergio Massa; Graciela de la Rosa, al gobernador formoseño Gildo Insfrán; y Javier Fernández, otrora menemista y aliado de Jaime Stiusso, a sí mismo.

“En lo que sí lograron ponerse de acuerdo al tener que auditar los contratos [con los laboratorios] fue en que preferían que no salieran a la luz”, indicó una fuente al tanto de las deliberaciones. Y la orden se transmitió a la línea a través del gerente de Control de Gestión del Sector No Financiero, el ingeniero Carlos Lauría.

Proveniente del Frepaso, Lauría llegó a la AGN de la mano del legislador catamarqueño Mario Fadel, a quien asesoró. Y se quedó en la Auditoría de la mano del kirchnerismo, donde dos fuentes indicaron que se apoya en Forlon para tomar algunas decisiones. Entre ellas, según denunció la oposición, la que sacudió la modorra alrededor de los diez convenios que llevaron a la entrega de al menos 121,8 millones de vacunas.

¿Qué denunció la oposición? Que una vez respondió el Ministerio de Salud las preguntas enviadas por la AGN, Lauría “dispuso entregar sólo parcialmente la información recibida” al equipo que debía auditor lo ocurrido, “alegando que parte de la información recibía excedía el alcance del proyecto de auditoría”. Es decir, que la AGN se limitó a sí misma.

Para los tres auditores por la minoría opositora –Jesús Rodríguez, que preside la AGN, Miguel Pichetto y Alejandro Nievas- el oficialismo los empujó al “rechazo total de los informes elevados a consideración”. Consideraron que eran acotados y superficiales, casi una puesta en escena. “La AGN termina siendo más papista que el Papa”, cuestionó Pichetto.

Para la oposición, sin embargo, lo ocurrido resultó una oportunidad para dominar la agenda por unos días. No sólo denunció la tendencia oscurantista del oficialismo, sino que tomó la iniciativa en un rubro incómodo para la Casa Rosada, en la que arrastra también el Vacunatorio VIP. Por eso buscarán que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Senado convoque a Rodríguez, Pichetto y Nievas a exponer lo ocurrido y, así, añadir sal a la llaga kirchnerista.

Para Forlón, la puesta en escena fue opositora: “Nuestra misión es auditar, no tenemos que explicar a la gente nada”, replicó a los tres opositores. “Ustedes no han leído el informe, no pretenden una buena auditoría”.

Lejos de los micrófonos y los contrapuntos políticos, en tanto, la fundación Poder Ciudadano pugna en los tribunales por obtener esos contratos. Su petición tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 y se acerca a la sentencia.