El viernes 19 de febrero del presente año estalló dentro del Gobierno Nacional la primera gran crisis a raíz de las declaraciones que el periodista Horacio Verbitsky realizar en un medio de la ciudad de Buenos Aires, donde reconocía que él y un grupo de privilegiados, entre los que a priori se encontraban legisladores, empresario influyentes, funcionarios, etc, habían recibido la primera dosis de la Vacuna Spunitk V por medios irregulares y en el mismo seno del Ministerio de Salud de la Nación.

Es historia ya conocida el pedido de renuncia que el presidente Alberto Fernández le hiciera, a través del Jefe de Gabinete, al ministro Ginés González García y su reemplazo por Carla Vizzotti al frente del organismo sanitario nacional.

Ya asumida la ministra Vizzoti el día lunes 22 de febrero, el Gobierno difundió la lista oficial de aquellas personas que habían sido vacunadas por vías irregulares, en lugares no habilitados y salteando todos los turnos previstos, merced a los privilegios y prebendas.

 Como había sido anticipado por los medios de comunicación entre ellos figuraban el empresario local Florencio Aldrey Iglesias y sus sobrinas Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey, quienes una vez más por la cercanía a las esferas del poder le permitía conseguir de manera clandestina un bien escaso a nivel global, como es la vacuna para el Sars Covid-19.

Así como ha conseguido con sus negocios pocos claros, en desmedro de los intereses estatales, acceder al uso y abuso de los bienes públicos que sostienen los contribuyentes.

El hecho que generó conmoción a nivel nacional e internacional, por la gravedad institucional que supone la forma en que se han inoculado sin respetar turnos y franjas etarias, y que se popularizara con la denominación de «vacunagate» ha desembocado en una importante cantidad de causas judiciales que se han presentado en la Justicia Federal de Comodoro Py.

 A través del sitio www.cij.gov.ar/sorteo se pudo acceder a las radicación de numerosas causas judiciales, iniciadas por diferentes personas e instituciones de bien público, donde figuran como denunciados el Presidente de la Nación Alberto Fernandez, el ex ministro Gines Gonzalez García, el propio Verbitsky, el senador nacional Jorge Taiana, el diputado nacional Eduardo Valdez por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, propagación de enfermedades, abuso de autoridad, tráfico de influencias, entre otros.

Las más de 15 causas penales ya radicadas en los Juzgados Federales, en las cuales mdphoy.com ha tenido el acceso a sus constancias de iniciación en el sistema de sorteo de la Cámara Federal de Apelación de la Capital Federal, tendrán seguramente impulsos y novedades en los próximos días, donde ya se han realizado allanamientos y medidas de investigación preliminares.

En ese sentido, restará saber el rol que ocuparán a todos aquellos que están implicados en la investigación penal y en especial si habrá conductas penales que se reprocharan a los funcionarios públicos y también a aquellos que no siendo dependiente del Estado han tenido decisiva participación a raíz de su influencia en los estamentos del Gobierno Nacional.