Y la política tiene esas cosas. Se iniciaba la última campaña electoral en Mar del Plata y el entonces jefe comunal ninguneaba a Guillermo Montenegro quien ya caminaba las calles de la ciudad. “¿Monte qué? No tengo idea quién es”, se divertía Carlos Arroyo cuando lo consultaba la prensa sobre las aspiraciones del hombre del PRO. Su círculo áulico se lo festejaba y lo repetía. La historia es conocida. El ex intendente recibió un mazazo en las urnas -3 por ciento de los votos, inédito en el país para un candidato a la reelección- y Montenegro ocupó su sillón. Poco más de un año después, Arroyo vuelve a sufrir otro revés. El actual intendente, a través del decreto 0246 del pasado 5 de febrero, rechazó la presentación interpuesta por el doctor Arroyo para cobrar las vacaciones no gozadas durante la última etapa de su gestión. Una sumas superior al millón de pesos. Ya el jefe comunal había rechazado las pretensiones del ex titular del Emsur, Eduardo Leitao. E idéntica suerte correrán las presentaciones de otros ex colaboradores de quien se convirtió en el peor intendente de la historia de la ciudad.

Arroyo y otros funcionarios de la gestión que gobernó el municipio entre 2015 y 2019 también recurrieron a la Justicia para cobrar vacaciones no gozadas. Patrocinados por Alejandro Vicente, ex secretario de Gobierno y otro de los incluidos en el reclamo, presentaron una acción de amparo por mora contra la Municipalidad. Además de Arroyo y Vicente, al recurso lo impulsaron Patricia Leniz (ex secretaria de Desarrollo Social), Gustavo Gil de Muro (ex subsecretario de Legal y Técnica), Susana Rivero (ex subsecretaria de Educación), Marcelo Marcel (ex director de Prensa), Cristian Tait y Jorge Alí (ex directores coordinadores de Desarrollo Social). “Incurríamos en un abuso desmedido si permitiéramos que los ex funcionarios dejen de gozar sus licencias para luego cobrar indemnizaciones exorbitantes, causándole un perjuicio económico directo a cada uno de nuestros vecinos que abonan todos los emolumentos con el pago de sus impuestos”, se detalla en el decreto.

“El doctor Carlos Arroyo -se añade en el decreto que lleva las firmas de Guillermo Montenegro y su secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti- conocía plenamente que su mandato comenzaba el 10 de diciembre de 2015 y que concluía el 10 de diciembre de 2019, por lo cual debió prever la situación objeto del presente, por esto y todo lo anteriormente expuesto corresponde rechazar el reclamo inicial interpuesto”. Lo cierto es que el hombre al que se promocionaba como el “Pepe Mujica marplatense” (por su supuesta austeridad) y que terminó designando en la Municipalidad a familiares, amigos, parientes, ex compañeros de la escuela y hasta a una nieta, ahora le resta esperar un guiño de la justicia para poder acceder a esa vacación no gozada. “Al margen de lo jurídico, las vacaciones uno se las tiene que tomar y sino se las toma, no las puede acumular para que luego vecinos de la ciudad le paguen cuatro o cinco sueldos más”, sostuvo el intendente Montenegro a Canal 8, añadiendo que “voy a defender esta posición hasta las últimas consecuencias”.

Y a propósito de la gestión anterior, se buscará ahora regularizar otra situación que fue aprovechada por algunos “vivillos”. Concretamente, la actual gestión trabaja en un proyecto tendiente a darle un marco a la publicidad en la vía pública, en los refugios de micros y especialmente en las columnas de alumbrado público. Hoy las banderolas destrozadas a lo largo de toda la costa se convierten en un verdadero símbolo de esta precaria situación. Es recordada en la oficina privada de la Municipalidad, durante el gobierno anterior, la pelea entre algún concejal oficialista y un asesor mediático ultradevaluado -“un ganapán de capa caída lleno de deudas y con un remate en puerta” , según lo describió un concejal que, claro está, mucho no lo aprecia- por quedarse con los postes de alumbrado público en representación de distintas empresas. “Lo de la publicidad en las columnas está contemplado en el pliego general que se va a licitar y que ingresará en estos días al Concejo Deliberante”, explicó una fuente del Ejecutivo.

“La idea es unificar en la Secretaría de Gobierno todo lo relacionado con la publicidad exterior en el partido de General Pueyrredon. La unificación simplificará el control sobre la misma y posibilitará definir el alcance de las imágenes que podrán exhibirse en el partido. A modo de ejemplo se podrá unificar el criterio publicitario, realizar campañas de interés municipal o bien evitar anuncios estigmatizantes, entre otros”, se estableció. Actualmente no se encuentra debidamente explotada una fuente de recursos genuinos para la Municipalidad y que está constituido por el ingreso que representa la publicidad exterior. Cabe recordar que el Emsur tiene a su cargo lo relacionado con los refugios del transporte público de pasajeros instalados en avenidas y calles del partido. Actualmente existen tres tipos de refugios categorías, A-B-C, y este tipo de proceso licitatorio traerá aparejado para el municipio como beneficio adicional el mantenimiento de los mismos y la construcción de nuevos refugios, siempre tan necesarios. El Emvial, por su parte, tiene a cargo el mantenimiento de las columnas de alumbrado donde se instalan los banners como elemento publicitario, debiendo el adjudicatario realizar el mantenimiento de los mismos. “La publicidad en la vía pública no pasaba por el Concejo Deliberante y se autorizaba por Inspección General a través del Departamento de Publicidad con una tasa fijada en la ordenanza fiscal. Siempre se declararon menos carteles que los que efectivamente se colocaban, y claro está, nadie controlaba nada”, reconoció un funcionario que trabaja en los últimos retoques del proyecto.

Honestidad brutal. “El 84% de la sociedad no sabe que se licitará el servicio de transporte público de pasajeros, y a pesar de la generosa y positiva participación de los 200 inscriptos, más del 98% de los 700 mil marplatenses no se enteró de la audiencia pública a la que hemos convocado”, reveló el concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, graficando claramente el poco interés que hoy genera el Concejo Deliberante entre marplatenses y batanenses. Un Concejo que supo cobijar a valiosos representantes políticos, y que fue trampolín para que muchos de sus miembros se convirtieran en intendentes. Hoy sus debates no parecen sintonizar con las necesidades de la comunidad y de hecho, sesiones transmitidas por streaming apenas son seguidas por un puñado de personas. Este año, cabe recordarlo, se renovarán la mitad de las bancas. Y si bien aún falta mucho tiempo, ya comienzan a registrarse los primeros posicionamientos.

Doce serán los ediles que culminarán este año su mandato. Por el radicalismo, Vilma Baragiola, Cristina Coria, Ariel Bordaisco; por el PRO, Guillermo Volponi; por el Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, Verónica Lagos, Daniel Rodríguez, Virginia Sívori; y además Angélica González, Mauricio Loria, Mercedes Morro y Ariel Ciano. De todos ellos, no podrán ir por la reelección Baragiola, Coria, Daniel Rodríguez y Gutiérrez. “El mapa y la relación de fuerzas puede cambiar tras lo próximos comicios. Los libertarios (por José Luis Espert y Javier Milei), pueden llegar a meter uno, y ojo que si Gustavo Pulti encabeza por AM entran él y el segundo y su bloque pasa a ser de cuatro concejales. Los del Frente y nosotros la tenemos complicada”, reconocen desde el oficialismo. Por ahora muchos nombres en danza y pocas certezas. Una de estas últimas es que Virginia Sívori -“espejo” de la líder partidaria, Fernanda Raverta- irá por la reelección seguramente encabezando la lista del Frente de Todos.

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De todos modos, en cuanto a pujas, roscas y negociaciones, lo mejor se vivirá en Juntos por el Cambio y la lista de sus candidatos a senadores provinciales. Hay pocos lugares para demasiados candidatos. Según el resultado, el ganador de la quinta colocará tres senadores provinciales y el segundo dos. Debe tenerse en cuenta que rige la ley de paridad genérica, por lo que debe haber una candidata entre los tres primeros lugares o al revés, un hombre entre dos mujeres. Hay dos actuales senadores cuyos mandatos culminan, tales los casos de Lucas Fiorini y Franco Bagnato. El primero -el boxeo, tras algunas alegrías le trajo un dolor de cabeza en estas horas- pretendería la reelección. En tanto, un sector del PRO apuesta por Emiliano Giri para ese cargo. ¿A quién apoyará Montenegro?, se preguntan muchos. El jefe comunal tiene un candidato “in pectore”, un hombre de su extrema confianza al que defenderá a capa y espada para encabezar la lista, se asegura en los mentideros políticos. ¿Y los radicales? “Obvio que aspiramos a encabezar. Tenemos 11 intendentes de la UCR en la región, una senadora nuestra y varios anotados, como la misma Vilma Baragiola”, avisa el veterano boina blanca. Será para alquilar balcones.

Tribunales de Mar del Plata.

El mal tiempo del fin de semana -sobre la pandemia, falta de sol- hizo que las “picadas” vespertinas playeras de muchos hombres de la justicia se trasladaran a quinchos con asados, como mejor propuesta gastronómica. En uno de esos encuentros, abogados, fiscales y hasta un joven juez, respetando el distanciamiento social en enorme mesa, permitieron asistencia de periodista, debiendo juramentar este, sobre copa de un exquisito tinto, que nada de lo escuchado podría usarse periodísticamente. Se habló de fútbol obviamente -los de Gallardo se divertían con el “cabaret” de Boca aunque estos últimos supieron defenderse y contraatacar y uno se dedicó a recordar la noche de la chilena de Francescoli contra los polacos, hace 35 años en el Mundialista-, desfilaron las anécdotas tribunalicias, y hubo dos temas que acapararon la atención: la detención del marplatense Leopoldo Carrena -sindicado como el cerebro financiero de la operación Carbón Blanco- y la inactividad, como consecuencia de la pandemia, de los tribunales provinciales, donde desde marzo pasado no se realiza ningún debate oral y público.

Recordaban varios de los comensales, y coincidían con lo señalado por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1, Facundo Gómez Urso, quien reveló días atrás a LA CAPITAL que “no hay motivo por el que los juicios orales no se puedan desarrollar con protocolos, como tienen múltiples actividades que hoy se desarrollan”. “Es muy grave que una persona esté privada de la libertad sin tener idea de qué le va a pasar. Es grave que no pueda ejercerse el derecho a defensa”, comentó ciertamente indignado un abogado, el dueño de casa, quien además apuntó que “ya de por sí la justicia viene lenta. Llueve sobre mojado”, añadió. El tema de la lentitud en la resolución de los casos le dio pie a un fiscal a poner como ejemplo una causa que luego de haberse iniciado hace 31 años, aún no tuvo resolución. En tal sentido, brindó algunas precisiones de aquel caso -merecería una historia aparte- a modo de ejemplo.

Comentó entonces, ya a la hora del postre, que el 30 de marzo de 1990, un marplatense, Néstor Julio Mazzola, fue embestido por un automóvil. A partir de los severos daños, y heridas recibidas, inició acción de daños y perjuicios contra el automovilista. El 21 de febrero de 1997, siete años después, se le fijó una indemnización a su favor de 104.800 pesos -relató con precisión- más intereses desde la mora. En 2003 la Suprema Corte confirmó el pronunciamiento y ante el incumplimiento del demandado se trabó embargo de un inmueble. En 2007 se decretó la venta en subasta pública del inmueble embargado, pero se “perdió” el expediente, que pudo ser reconstruido un año después. El demandado siguió presentando recursos, pero en julio de 2019 la Corte Suprema desestimó las presentaciones cerrando en forma definitiva la instancia penal. El fiscal siguió detallando que hoy a la parte demandante, con el actual valor del dólar, le corresponderían más de cinco millones de pesos. Lo cierto es que judicialmente se decidió meses atrás levantar la suspensión de la subasta del inmueble por lo que avanza la ejecución de la sentencia. “El tipo hace 31 años que espera. Casos como estos se multiplican. Tres décadas después sigue esperando el resarcimiento. ¿Esto es justicia?”, se preguntó, acaparando toda la atención.

“En todo gran quilombo siempre hay un marplatense”, saltó otro de los abogados parafraseando, dijo a amigo empresario de la indumentaria. Se refería, claro, a lo que fue el principal tema judicial de la semana pasada, cuando el financista Leopoldo “Polo” Carrena, acusado de ser testaferro del fallecido Carlos Salvatore, el hombre que más cocaína traficó de Argentina hacia Europa, fue detenido en Mar del Plata tras una serie de allanamientos. “Me contaba amigo de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) que al tipo le venían siguiendo todos los movimientos y que fue necesario apurar la detención porque tenía pasajes para viajar a Madrid y en marzo a Miami”, relató. Cabe recordar que ya el nombre de Carrena había quedado bajo la órbita de la Justicia Federal cuando en 2016, uno de los imputados en la causa Carbón Blanco, Ricardo Gabban Saba, declaró que el apoderado en Estados Unidos de la agencia de cambio La Moneta, precisamente Carrena, manejaba en ese país las empresas del traficante de cocaína, Carlos Salvatore.

El caso tuvo notable repercusión en todos los medios nacionales. “Los logros que Carrena conseguía con las operaciones -se consignó en un artículo publicado por el diario La Nación- lo llevaron a que Salvatore lo elogiara en distintos mails que le enviaba al financista. “Nada me gustaría más que poder estar al lado tuyo, vibrás muy bien, lo que tocás lo hacés funcionar, tenés el éxito por delante tuyo”, escribió Salvatore el 24 y el 25 de agosto de 2014, según pudo reconstruir ese medio de fuentes judiciales. Según la justicia, el ahora detenido creó 43 sociedades en los estados de Florida, Delaware y Nevada. Un informe de Homeland Security de los Estados Unidos incorporado al expediente judicial, sostuvo que la organización narco de Carbón Blanco había creado varias empresas en ese país que no tenían actividad. “No hemos podido todavía determinar la naturaleza o el rubro de varias de estas empresas”, sostuvo el organismo norteamericano. En ese documento se hacía mención a la participación de Carrena, que asistía a la organización criminal “en la recepción de la transferencia de los fondos y la administración de sociedades”.

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En los jardines de Villa Victoria, en tanto, en una tarde fría, se entregaron los premios Estrella de Mar -el oro fue para Virginia Lago- en esta temporada atípica donde la ciudad, en enero, recibió un 40 por ciento menos de turistas que el verano anterior. Por lo que se escuchaba de boca de operadores turísticos en informales diálogos con el intendente Montenegro, en la previa de la ceremonia, toda las fichas están puestas en este fin de semana largo de Carnaval. Con una caída en las ventas de los comercios de un 42,5% en enero -según la UCIP-, todos apuestan a que este fin de semana, “al menos haya un poco de movimiento” en la antesala prácticamente del inicio de clases. “Vamos a tener un invierno largo y duro”, sostenía uno de los directivos de la Asociación de Hoteles. Nadie lo contradijo. En febrero del año pasado, cabe recordarlo, ingresaron a Mar del Plata 1.195.639 turistas. “Si este año llegamos a la mitad me tiro al mar desnudo desde el Club de Pesca”, aseveró, escéptico, un funcionario de segunda línea del Ente Municipal de Turismo.