Por Martín Robledo (*)

El Ministro de Energía neuquino, Gustavo Medele manifestó que están al máximo de capacidad las plantas tratadoras de los residuos peligrosos que generan las operadoras. Dijo que si la actividad de la industria se va a intensificar, realmente estaremos frente a un problema. Declaró que hoy el sector está estresado en cuanto al tratamiento de estos residuos, por lo tanto, hay que buscar alternativas.

Una es la presentada por la empresa AESA, que solicitó la habilitación para un proyecto de disposición final de estos residuos debajo de la cinta asfáltica de las rutas. AESA es controlada por YPF y Medele pasó por ambas empresas, siendo su designación como ministro a cuando Aranguren dejó de ser Presidente de Shell en el año 2015 para convertirse en Secretario de Energía de la Nación.

Los referentes de las empresas de servicios de tratamiento expresaron preocupación por sus dichos. Ante las consultas, coincidieron en que sus servicios aportaron a la sustentabilidad de la actividad todos estos años, donde tienen la tarea de descontaminar los residuos producidos por la principal actividad económica de la provincia y la que más esperanzas ofrece al país.

Son varios los desafíos que enfrentan, uno de ellos es la burocracia por las normas, que indican como causa de que no termine de despegar el sector. La actividad está regulada por el decreto provincial 2.263 del año 2015, «Normas para la gestión de residuos especiales», que pasó a formar parte de la ley de ambiente. Aunque bien intencionada y muy útil para controlar los incipientes desarrollos de su época, no se ajusta a la compleja e intensiva realidad de la industria actual.

Actúa como un obstáculo burocrático en lugar de ser una herramienta de gestión ambiental, produciendo saturación y tensión financiera en un sector sobre el que vuela hace años el estigma de «basureros petroleros», paradójicamente sobre quienes deben descontaminar el material generado por Vaca Muerta. Esto afectó gravemente las operaciones, las relaciones comerciales y con las comunidades.

Los grandes volúmenes de los residuos representados por recortes y lodos de perforación simboliza la gran problemática. El principal factor es la imposibilidad de aplicación de los estándares requeridos, tildado de anacrónico, pensado para volúmenes significativamente menores. Más que soluciones mágicas o ideas rebuscadas, es necesaria una revisión de las regulaciones que pongan a andar los más de 150 millones de dólares en capacidad instalada que está activa en la provincia.

A esto se suma lo manifestado por el ministro, que entienden como un guiño para que las petroleras realicen su propio tratamiento a través de sus empresas subsidiarias. Generó sorpresa dado que consideran justamente que las petroleras, por las condiciones del material que envían a las plantas, y el estado provincial, con normas de imposible cumplimiento, son las que hacen inviable al sector.

Plantas de Tratamiento: los volúmenes de residuo que reciben

Las plantas de tratamiento reciben más de 350.000m3/año de residuos en estado casi líquido (recortes y lodos) con alta concentración de gasoil, provenientes de la perforación de pozos. Esto es así dado que en general no se realiza la separación de la fase líquida en los yacimientos, que si se hiciera, se reducirían los volúmenes de residuos peligrosos que se generan y así la cantidad de camiones en ruta.

Si esto se realizara, además, el material llegaría seco a las plantas, en especificación para ser tratado por tratamientos térmicos, sin necesidad de las grandes piletas de recepción del material que llega líquido desde los pozos. El porqué de no realizar esto sería la reducción de costos de perforación en detrimento de las consecuencias ambientales.

Además, por contrato se les pide a las plantas que producto del tratamiento genere un material seco con menos del 1% de hidrocarburos, que es el estándar requerido para su libre disponibilidad en canteras u otros ambientes degradados por la industria. Es una condición que también arrastran las petroleras en los pliegos técnicos de contratación hace más de 15 años.

Es un objetivo fácil para la realidad de entonces, pero que en el contexto actual hace que más del 90% de los procesos de tratamiento de las plantas estén concentrados en hacer lo que la petrolera tendría que hacer a nivel del yacimiento, que es secar el material para mínimamente ponerlo en especificación del servicio que contratan.

Plantas de tratamiento de residuos: el engorroso trámite de «Liberación»

Una vez que el material ha podido ser tratado por las plantas, la petrolera debe iniciar un irracional trámite administrativo llamado “Liberación”, donde solicita que se apruebe su transporte al sitio de disposición final mediante una Resolución del Secretario de Ambiente. Muy lógico para la incipiente industria una década atrás, pero ¿qué pasa con la realidad de hoy?

El material tratado puede ser transportado para darle disposición final recién luego de la realización de los muestreos de laboratorio, presentación de informes técnicos, procedimientos administrativos que implican dictámenes técnicos, legales, despacho y aprobaciones mediante resolución de la máxima autoridad ambiental, lo que tarda meses o años en realizarse con los recursos de la administración.

Debe tenerse en cuenta que actualmente la autoridad de aplicación está aprobando la liberación de menos de 50.000m3/año de todas las plantas, por lo que hay un déficit de alrededor de 300.000m3 que anualmente se acumulan en las plantas.

Esto ha tenido como consecuencia que todas las plantas de tratamiento transiten por un camino que empieza con la sobre-acumulación de material (en el caso de todas), sigue con el cierre de sus puertas, cuando no la exigencia de su traslado (caso Comarsa), o la quiebra (caso EET en Plaza Huincul). El camino concluye en causas penales por el delito de “contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud” aun cuando no se evidenció verdadera contaminación.

Ni siquiera hay una denuncia de que alguien tenga un problema de salud producto de la actividad. Hay que agregar que se evidencia por parte del Estado la falta de planificación urbano ambiental, con urbanizaciones alrededor de las plantas.

Es decir, que todo lo que tiene Neuquén invertido en una oferta que representa 6 plantas permanentes de tratamiento y 4 rellenos de seguridad (la mayor oferta del mundo para una sola cuenca que cuenta en algunos casos con tecnología aportada por una de las compañías líderes a nivel mundial en el segmento como lo es Veolia), se ve opacada por la burocracia administrativa.

El que pretenda legislar, controlar, denunciar, investigar, judicializar, e incluso mediatizar cuestiones relativas a la gestión de estos residuos, no puede desconocer las responsabilidades de cada uno de los actores emanadas de la ley de Residuos Peligrosos de la Nación N° 24.051, que dice en resumen, que el responsable por el daño que produzcan los residuos peligrosos es su generador.

Recordemos que años atrás YPF planteaba su disconformidad con el uso de las famosas mantas oleofílicas, proponiendo a AESA como empresa que iba a mejorar la tecnología de absorbente de derrames. ¿Qué fue lo que terminó ofreciendo AESA? Una nueva manta oleofílica, pero con cáscara de maní, con la que no obtuvo mejoras en la gestión de los derrames, pero sí acaparar el negocio del cual era detractor.

En resumen, la complejidad de la gestión de estos residuos se debe a los enormes volúmenes generados, a las condiciones en que son llevados a las plantas por la falta de pretratamiento en yacimientos, a las anacrónicas exigencias normativas y a parsimoniosos procesos administrativos que aprueban el transporte y disposición final.

Todo esto no es más que un indicador de todos los involucrados, generadores, tratadores y el estado regulador contralor, deben estar a la altura de adaptar su rol a la dinámica de la industria, si no, es evidente que el actual camino es inviable, no para las plantas, sino para la industria.

(*) Abogado, Licenciado en Ambiente y Fundador del Estudio Robledo y Asociados.