Sin dar nombres, el secretario de Planificación, Marcelo Lenzi, habló de un "círculo especializado" que cobraba parte del suelo, aunque advirtió que la maniobra es legal.
Ayer, "La Nueva Provincia" le preguntó al secretario de la Agencia Urbana de Planificación y Desarrollo, Marcelo Lenzi, qué personas físicas o jurídicas se valieron de dichos procedimientos para quedarse con esos inmuebles y quiénes son los que aún hoy tramitan titularidades, habida cuenta que el jefe comunal mencionó que hay otras 150 hectáreas en esas instancias preliminares.
"No sé si es pertinente decir los nombres ahora. Si se evalúa el interés público, se comunicará. No hay ningún tema de resguardo por sobre las personas en particular, ni nada. En muchos casos, son personas asociadas a un estudio jurídico", respondió Lenzi.
El funcionario comentó que abogados y agrimensores que trabajan en el proceso de usucapión a favor de un "titular interesado", se quedan con parte de los terrenos en juego, a modo de pago de honorarios.
"El suelo se paga con suelo, por lo que los profesionales terminan siendo titulares de los lotes o socios de esa operatoria", destacó.
Tras advertir que no es abogado sino arquitecto, y que intuye que no existe margen legal para cuestionar sentencias firmes por usucapiones otorgadas en contraposición con el espíritu de esa figura legal, Lenzi opinó que la publicación de los nombres involucrados no es el tema fundamental.
"Los conoce toda la ciudad. Yo escuché los nombres 10 millones de veces. Los nombres pueden ser pocos o variados, creo que muchos son de conocimiento público, parte del relato de lo que pasó; estudios jurídicos o de agrimensores que también se repiten en la historia de Bahía. Hay un círculo especializado en este tipo de procesos", expresó.
Cabe aclarar que el jueves de la semana pasada, Lenzi dijo que la mayoría de las 150 hectáreas transferidas se repartieron entre cuatro personas.
Ayer aclaró que el proceso de la usucapión, como tal, es legal, y sostuvo que las preguntas que deben hacerse son por qué sucedió esto en la ciudad, cómo es que quedó ausente el Estado en políticas de suelo durante más de 50 años y qué hacer hoy si ese proceso resultó ilegítimo, teniendo en cuenta las condiciones de déficit que tiene la ciudad y la falta de inversión de la infraestructura por parte de estos privados.
Sobre lo ocurrido, dijo que el Estado pudo haber interrumpido el proceso de usucapión "por un interés general", con el fin de tenerlos disponibles, por ejemplo, para resolver las necesidades de viviendas que hoy afectan a la población.
Violencia
Al consultarle a Lenzi sobre qué tipo de actos posesorios han realizado esos sectores privados, dijo que son mínimos y que "lo que puede haber es un morador único al que le pagan por el control y que a veces terminan con eventos conflictivos, de violencia social".
"Nos han corrido a los tiros hasta en el coche municipal en algunos sectores de la ciudad", comentó.
El funcionario ratificó que los lotes que se encuentran en trámite de usucapión serán revisados.
La operación
Más allá de los tecnicismos, podría decirse que una persona que ocupa y mantiene un terreno durante al menos 20 años puede reclamar su tenencia definitiva por usucapión, ante la ausencia de actos posesorios concretos --como denuncias, pago de impuestos o inversión en infraestructura-- por parte del titular de dicho bien, durante esas dos décadas.
Según se desprende de los dichos de Bevilacqua, sectores "pudientes" con acceso a información dominial de la ciudad, conocedores de los lotes "abandonados", pudieron justificar ante la Justicia derechos sobre esas grandes extensiones y transferirlas a su nombre, no por la necesidad de habitar en ellas --espíritu de paz social que defiende la figura de la usucapión--, sino para comercializarlas en el futuro, especulando con la inversión en obras públicas y el crecimiento de la demanda en la ciudad.
"También pudieron comprar derechos posesorios de alguna casa precaria ubicada en el sector y no reclamar sólo por ese espacio, sino por todas las hectáreas a su alrededor", comentó Lenzi.
Para los funcionarios municipales, este acaparamiento del sector privado sobre el territorio urbano de la ciudad impide que hoy el Estado tenga tierras donde promover la construcción de viviendas para la paliar la crisis habitacional.
Fuerte crítica de Zingoni
El exresponsable del Plan Estratégico de la Municipalidad durante la década del '90 y actual dirigente político del Frente Amplio Progresista, el arquitecto José María Zingoni, llamó al intendente a profundizar las políticas de suelo y a regularizar la situación dominial de unas 7.000 familias de muchos barrios de la ciudad --como Vista Alegre II, Las Colonias Ferroviarias de Ingeniero White o Villa Miramar--, en vez de realizar planteos sobre lo ocurrido hace 20 años, mediante chicanas políticas.
"La usucapión es una vieja ley y práctica que se da entre un privado y la Justicia. El municipio no interviene", aclaró, deslindando responsabilidad de la gestión radical de entonces.
Al consultarle si aquel gobierno municipal tenía conocimiento de que esta operación a gran escala --por 150 hectáreas-- se estaba dando en la ciudad, Zingoni respondió: "No lo sé. Aparte, en las cifras que da este gobierno creo cada vez menos; no pueden saber cuánto les cuesta una cuadra de asfalto y dicen que sólo el 5% de las tierras de la ciudad está vacante... La verdad es que a uno lo toman de estúpido con los datos".
Por otra parte, exhortó a los funcionarios comunales a hacer uso de herramientas legales relativamente nuevas para poder sumar tierras a favor del municipio.
"Desde 1994 existe la posibilidad de realizar una prescripción administrativa para que estos bienes queden a favor del Estado y no de un particular.
"Esta herramienta comienza a ejecutar fuertemente desde 2007 cuando la Asesoría General de Gobierno publicó un informe, ya que no quedaban en claro los términos. Lo que es llamativo es que el gobierno de Bahía Blanca haya hecho muy poco en materia de prescripción adquisitiva, en estos últimos años, cuando otros municipios hicieron mucho más", expresó.
Zingoni, finalmente, dijo que durante la gestión del Frente Para la Victoria se favoreció a "sectores chicos y corporativos" de la ciudad, con la aprobación de la ordenanza del periurbano, que le trasladó un "enorme beneficio social a un reducido grupo de gente".
La ubicación. Cuando se construyó el camino de Circunvalación y se pavimentó la actual avenida Cabrera, los loteos ubicados en esa zona se tornaron "cercanos", despertaron interés inmobiliario y, ante la ausencia de titulares, fueron parte de la operación masiva de usucapión. "Los terrenos de ambos lados de la avenida Cabrera, para el arroyo Napostá como para el shopping, son parte de la operación", detalló Lenzi.
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