Al final, los funcionarios provinciales no podrán tener licencia con goce de sueldo para ser precandidatos. En menos de 24 horas, el gobernador Juan Manuel Urtubey tuvo que revertir un beneficio que se había instaurado para los empleados del Grand Bourg abocados a la campaña electoral.

Temprano, la noticia causó revuelo y polémica. En el Boletín Oficial de ayer figuraba en primer orden el decreto 941 que establecía "licencia especial para el desempeño de actividades políticas para las elecciones del 13 de agosto de 2017". Ese instrumento había sido firmado el 17 de julio por Urtubey, el ministro de Gobierno Juan Pablo Rodríguez y el secretario general de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, pero se conoció ayer.

No pesó tanto, al menos en los argumentos expuestos por el Grand Bourg, las cataratas de críticas a esa disposición. Según se difundió anoche, la marcha atrás se debió a que "hasta la fecha los funcionarios que se encontraban en esta situación presentaron la renuncia a su cargo, el instrumento derogado carece de aplicación práctica".

Desde el Gobierno no precisaron, por cierto, la cantidad de funcionarios que renunciaron a sus puestos para buscar una banca como legisladores provinciales o concejales.

Matías Assennato, por citar un caso, dejó la Secretaría del Área Metropolitana y Soledad Gramajo, por otra parte, cesó en las funciones que tenía en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ninguna de esas renuncias fueron oficializadas hasta ayer en el Boletín Oficial. En un cruce de datos que El Tribuno realizó con decretos y decisiones administrativas y con las listas para las PASO, aparecen varios nombres con cargo político o funciones jerárquicas.

El decreto de la polémica les permitía gozar de su salario sin cumplir sus tareas en la administración pública por un término de hasta 30 días corridos, "inmediatamente anteriores a la fecha establecida para la celebración del comicio".

Lo llamativo del decreto es que no brindaba especificaciones sobre las personas alcanzadas: funcionarios, personal de planta o agrupamiento político. A simple lectura, se entendía que todos quedaban comprendidos con esa medida.

En el instrumento se acuñó el concepto de "empleados de la administración pública provincial, centralizada y descentralizada, que resultaren precandidatos titulares en las listas oficializadas por el Tribunal Electoral de la Provincia".

Solo les requería a los beneficiarios "solicitar la licencia especial por escrito al titular del organismo en que presten servicios, acreditando su condición de precandidatos con la constancia respectiva expedida por el Tribunal Electoral".

Incluso, en los considerandos del decreto, se apelaba a derechos constitucionales: "Resulta procedente establecer normas que, de conformidad con los principios fundamentales de una democracia social de derecho, como la propugnada en el artículo primero de la Constitución provincial, permitan a los empleados de la administración pública que se postulen como precandidatos en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ejercer el derecho a desarrollar actividades políticas".

Este año, en la provincia se anotaron más de 13 mil precandidatos. Se eligen tres diputados nacionales, 12 senadores y 30 diputados provinciales, además se renuevan todas las bancas de los 60 concejos deliberantes.

Las listas que no disputen internas deberán tener votos por el 1,5 por ciento del padrón para pasar a los comicios del 22 de octubre próximo.

Varios nombres del Grand Bourg en las listas 

Son varias las personas que trabajan en el Gobierno provincial en distintas funciones que también figuran en las listas que ya oficializó el Tribunal Electoral de la Provincia. En las agrupaciones oficialistas se puede encontrar a personas que aún figuran con designaciones vigentes a través de decretos y decisiones administrativas. 

Sin que el Gobierno diera a conocer la cantidad de precandidatos que alberga en las oficinas públicas, El Tribuno cotejo nombres con publicaciones del Boletín Oficial. 

Edith Cruz aparece como precandidata a diputada provincial en segundo término por la lista Frejuvi, pero aún figura como subsecretaria de Emergencia Social. 

Susana Pontussi encabeza la lista del Partido Renovador, mientras aún tiene un cargo político nivel dos desde comienzos de 2016. 

Más de uno

Un caso paradigmático se ve en la lista del Frente Plural. Carlos Morello, que encabeza esa lista de diputados, todavía aparece como coordinador de Políticas Regionales del Ministerio de Gobierno. 

Bajo su nombre figuran Fernando Gil, a quien se lo designó como colaborador en la Secretaría del Área Metropolitana hasta el 28 de febrero de 2018. Marcela Perdiguero, a su vez, se desempeña como coordinador general de la Escuela de Administración Pública y Carlos Federico Maigua, con una decisión administrativa publicada a fines del mes pasado, mantiene un cargo político nivel 5.

Como precandidatos de otra listas se puede encontrar a Fernando Pequeño, Joaquín Arriagada Bazán, Emilio Gutiérrez, Federico Hanne, Luis Alberto Racciopi, entre otros.