Más allá de las veleidades que abundan en la política, quienes ocupan cargos de gobierno, especialmente los intendentes, saben que este no solo será un año de vacas flacas, sino también que hay en la provincia una crisis social latente y profunda.

El acercamiento tiene un motivo expreso: brindar apoyo al gobierno de Mauricio Macri en la negociación con los fondos buitre y en la puesta en marcha de su proyecto económico. Para Romero, ese gesto es el que corresponde a una oposición racional y democrática; para Urtubey también, solo que hasta hace pocos meses él estaba francamente encolumnado con el kirchnerismo.

El jueves, el mandatario salteño fue el único de los 16 gobernadores presentes que estuvo acompañado por los tres senadores: Romero, opositor, Rodolfo Urtubey y Cristina Fiore, oficialistas. En diputados había sucedido algo parecido. De los siete, los opositores (a Urtubey) Guillermo Durand Cornejo, Miguel Nanni y Alfredo Olmedo, y los urtubeicistas Evita Isa, Pablo Kosiner y Javier David votaron con Cambiemos. Solo Pablo López, del PO, se opuso.

No es el amor a Macri lo que los une, porque salvo Durand y Nanni, los demás hacen un apoyo coyuntural, sin incorporarse al oficialismo nacional. Claro que la creación del bloque Justicialista en Diputados y el apoyo explícito de senadores del Frente para la Victoria no son aportes menores.

"Malo, pero inevitable"

Hay una realidad incontrastable: el kirchnerismo no logró instalar un candidato de su paladar. El acompañamiento de Urtubey a Daniel Scioli y el mismo proyecto del derrotado exgobernador bonaerense anticipaban políticas idénticas a las que hoy lleva adelante Macri. No se puede saber si su hipotético gabinete de exgobernadores hubiera logrado ejecutividad. El misionero Maurice Closs, exgobernador y ahora diputado, votó junto con los cinco kirchneristas que desobedecieron al desconcertado Héctor Recalde. Incluso Máximo Kirchner, en su alocución, no se opuso al acuerdo sino que propuso que "negocien mejor". No explicó por qué eso no lo hizo cuando era ministro su compañero de bancada Axel Kicillof. La retórica no es lo de Máximo, pero el artífice técnico de la negociación de 2005, Roberto Lavagna afirmó que el acuerdo es "caro pero inevitable". El apoyo salteño a la negociación es, entonces, una cuestión de sentido común.

Es la solución que propone el macrismo frente a una herencia de cuatro años de recesión, con una deuda pública de 300 mil millones de dólares, cercana al 50% del PBI, y un déficit anual que supera largamente los 40 mil millones de dólares.

La crisis del empleo

Todos los dirigentes salteños, incluidos los del Partido Obrero, saben que el Estado no puede ser una caja de empleo.

Sin embargo, el censo de 2010 indica que en la provincia 108 mil personas revistaban como empleados públicos, una cifra que incluye unos 16 mil empleados de organismos nacionales.

En 2015, según la consultora Noanomics, la planta del Estado se incrementó un 84% con respecto a 2003. En los últimos cinco años, según el macrismo, fueron designados 1.500.000 empleados públicos en todo el país.

Si a la dirigencia salteña no la une el amor, bien podría decirse que la une el espanto. Las cuentas públicas están sintiendo la recesión, es decir, la caída de la recaudación.

Los conflictos municipales en Moldes, Rosario de Lerma y Animaná son indicio de la desesperante iliquidez, unida, claro, a administraciones desprolijas.

El ministro Alfonso Prat Gay fue claro: si no se consigue financiamiento del déficit, habrá que recurrir al ajuste. No basta con arreglar con los buitres. Es imprescindible ordenar el gasto público eliminando las fugas de dinero por sospechosa ineficiencia, como es el caso de la política energética y el transporte, a los que corresponde gran parte del déficit, o por manejos turbios y torpes como los protagonizados por los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. Los videos que muestran al hijo de Báez contando dinero en Puerto Madero ocuparon más la atención pública y la indignación que la pelea con los buitres.

Después del acuerdo

En el Senado, Romero descartó "cualquier especulación política", dijo: "Mi voto no es moneda de cambio". Y advirtió que apuesta al "camino de la reactivación, la inversión y el desarrollo del norte argentino".

Un dato no menor es la expectativa por un cambio de políticas productivas. Nada cierra si no se logra una economía más activa y eficiente. Macri se propone lograr la reactivación a través de la industria agroalimentaria. En esa línea, el plan del ministro del kirchnerismo, Carlos Casamiquela, contemplaba incorporar seis millones de hectáreas a la actividad productiva. De esa superficie, cuatro millones están en Salta.

El jueves, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una visita sorpresiva a San Martín, Orán y Rivadavia, advirtió que la generación de empleo en la zona debe ser uno de los instrumentos en la lucha contra el narcotráfico.

Si esta línea se consolida, será imprescindible un cambio drástico en el modelo agropecuario de la provincia.