En su reciente trabajo “Financiamiento de salud y protección social”, entre sus conclusiones y recomendaciones destaca que nuestro país se encuentra atravesando por cambios demográficos, sociales y culturales en medio de la persistencia de importantes desigualdades. El proceso de envejecimiento y aumento de enfermedades crónicas exigen cambios en las políticas sanitarias y de seguridad social. Pero, por otro lado, las mayores credenciales educativas de las mujeres y el bono demográfico ofrecen la oportunidad de ampliar el aporte de las mujeres y la juventud al fortalecimiento de la base contributiva y solidaria del sistema previsional, refiere.

Para que confluyan equilibradamente las nuevas necesidades y demandas junto con la ampliación de oportunidades, se requieren más y mejores políticas públicas. Una trayectoria más rápida hacia la garantía de los derechos a la salud y a la protección social reduciendo las brechas, la sostenibilidad del crecimiento económico y, en definitiva, el desarrollo del país, demanda cambios en los mecanismos de financiamiento de las políticas públicas. Dice que la baja e inequitativa presión tributaria y escasa cobertura de seguridad social configuran un estrecho espacio fiscal para financiar el aumento de coberturas de salud, para lograr un piso mínimo de protección social y la reducción de brechas existentes en ambos ámbitos.

A restricciones del sistema tributario y de las contribuciones sociales se agregan el aumento del endeudamiento público, lo que está obligando al Ministerio de Hacienda a destinar cada vez más recursos al pago de los compromisos externos y generando políticas de “austeridad” que no solo no contribuyen a los objetivos de los sistemas de salud y protección social, sino que además impiden la reducción de las desigualdades. Entre las recomendaciones dirigidas para aumentar el volumen y la eficiencia del gasto social actual en salud y protección social destaca:

1) Aumentar la eficiencia de gastos en salud a partir de las siguientes acciones: a. Incorporar progresivamente en el IPS a funcionarios públicos y redireccionar los recursos públicos dirigidos a financiar seguros privados hacia dicha institución. b. Modificar el sistema de contrataciones públicas de manera a eliminar sobrefacturaciones, tráfico de influencia y colusión empresarial. c. Evaluar con estudios de costo-eficiencia anualmente todos los recursos destinados a tercerizaciones de servicios públicos hacia el sector privado.

2) Crear un fondo de salud para el financiamiento del sistema universal de salud que garantice protección financiera, teniendo como pilar fundamental la solidaridad. La juventud, las personas sanas y las que tienen mejores ingresos que contribuyan para solventar los costos de aquellas personas que se espera consuman más servicios y quienes resulten más afectados económicamente por utilizarlos: las de mayor edad, enfermos y aquellos con menores ingresos.

3) Elevar la presión tributaria para aumentar el gasto público en salud, para reducir el gasto de bolsillo y subir las prestaciones no contributivas como Tekoporã, Abrazo, Pensión Alimentaria para personas mayores. El aumento de la presión tributaria puede llevarse a cabo a través de la rogresividad del impuesto a la renta personal; implementación de un tributo al patrimonio o a las grandes riquezas; reducción de beneficios tributarios –deducciones y exoneraciones– al impuesto a la renta personal, al capital extranjero y a las grandes empresas. También destaca el aumento de tasas a bienes dañinos para la salud y que tienen costos para la política sanitaria: tabaco, alcohol, comida chatarra, bebidas azucaradas (gaseosas). También con reducción de la evasión y elusión de grandes contribuyentes, incluyendo multinacionales. El aumento de las recaudaciones del impuesto inmobiliario con un incremento progresivo del valor fiscal de las tierras rurales para lograr su convergencia final al valor del mercado.

4) Reforma de la caja fiscal para reducir el déficit y desigualdades en las contribuciones y prestaciones y garantizar su sostenibilidad financiera en el largo plazo (30-50 años).

5) Aumento de cobertura de jubilaciones (aportantes al IPS) reduciendo la evasión y creando un mecanismo de coparticipación para los colectivos laborales cuyos ingresos son muy bajos, para solventar su incorporación a la seguridad social.

6) Crear un mecanismo de transparencia para garantizar la rendición de cuentas desde el sector público y la auditoría ciudadana que permita acceder a información actualizada como precios y costos de servicios de salud financiados con fondos públicos; evaluaciones de costo-eficiencia de los servicios de salud financiados con fondos públicos; uso de la deuda para financiar la función salud, entre otros puntos.