Hace menos de un mes, la Consejería de Fomento, Empleo y Servicios Urbanos autorizó un contrato para la explotación de la planta de transferencia de residuos a la península. El contrato, valorado en 28.262.500 euros, cubre el período de 2024 a 2028. Sin embargo, aún no se ha publicado el pliego de prescripciones técnicas para la licitación del nuevo contrato.

El Gobierno de Vivas anunció a finales de marzo una nueva licitación, aunque aún no se ha publicado el pliego de prescripciones técnicas. Esta licitación se realizará bajo la fórmula del "Contrato de Servicio", que permite un plazo máximo de cinco años, incluyendo prórrogas.

Durante años, la gestión de los residuos sólidos urbanos en Ceuta ha estado bajo una 'prórroga forzosa' después de que el contrato con Urbaser para la explotación de la Planta de Transferencia expirara en 2020. Ahora, el Gobierno opta por un nuevo contrato en lugar de una concesión.

Urbaser ha estado a cargo de la planta y del tratamiento de los residuos desde 2010. Firmó un contrato por seis años, con la posibilidad de dos prórrogas de dos años cada una.

Todo indica que en pliego irían implícitos “nombres y apellidos” del adjudicatario final, y sería su adjudicación vinculante con otras inversiones de empresas interesadas entre ellas la actual adjudicataria Urbaser. Sin conocer las especificaciones del pliego, cabe señalar la cuestión de la ubicación. En los últimos años, se ha especulado con la posibilidad de trasladar el centro de tratamiento de residuos. Urbaser pretende una parcela de 7.000 metros cuadrados en zona portuaria, una propuesta ¿vinculante y vinculada?

Un cambio de escenario que pondría en pie de guerra a los vecinos de muchas barriadas, porque un centro de reciclaje y tratamiento de basuras a escasos metros de 'Parque Ceuta', 'Ferrocarril', 'Junta de Obras del Puerto' o 'Sardinero' acarrearía no sólo malos olores, también plagas asociadas a las basuras.

Se podría dar el caso en que esta adjudicación se hiciese bajo la fórmula de una Unión Temporal de Empresas, con otra empresa de ámbito local.

El pliego de prescripciones técnicas establece las pautas técnicas que deben seguirse durante la prestación del servicio, así como la definición de las calidades, condiciones sociales y ambientales. Incluye los requisitos mínimos que deben cumplir las propuestas de los licitadores para continuar en la licitación.

Este documento tiene dos funciones principales: describir el objeto del contrato y establecer los requisitos que permitirán evaluar las ofertas. Se espera que su publicación atraiga la “atención” de otras empresas del sector, puesto que podría estar diseñada una empresa en concreto y carecer de competencia.

Recientemente, la empresa que gestiona la planta se ha visto envuelta en un conflicto laboral que ha resultado en el impago de la empresa encargada de la vigilancia del recinto. Además de los impagos, la gestión ha tenido problemas con el transporte de los residuos, habiendo tenido que cambiar de barco para el transporte de los residuos a la península en tres ocasiones.

El nuevo contrato, respaldado por el Gobierno de Vivas, busca resolver las reivindicaciones laborales del personal, mejorar las instalaciones y garantizar la disponibilidad de un barco para transportar los residuos a la Península. Sin embargo, el costo del nuevo contrato es similar al del acuerdo de gestión anterior, que data de 2010.

En aquel entonces, la Ciudad licitó el servicio por 33,6 millones de euros para seis años, oferta que Urbaser redujo a 27,2 millones. El contrato también contemplaba dos posibles prórrogas de dos años cada una, que finalmente se llevaron a cabo. El contrato expiró en 2020 y desde entonces se ha continuado por decreto, sin volver a licitar la gestión hasta ahora.

El principal problema con la gestión actual por parte de Urbaser ha sido la ausencia de un nuevo contrato, lo que ha condicionado su operación. A pesar de los desafíos, Urbaser ha continuado gestionando la planta y tratando los residuos de la ciudad.

El principal problema con la actual gestión por parte de Urbaser -siempre condicionada por la ausencia de un nuevo contrato con la Ciudad- de cara al ciudadano, era la imposibilidad de contar con un buque de manera estable que permitiera sacar la basura con destino a la Península.

Un encadenado de acuerdos deficitarios, el primero entre la Ciudad y la concesionaria y el segundo entre esta y una pequeña naviera malagueña, Marítima Peregar, que debía suministrar el barco, pero carece de capacidad económica y flota para ofertar uno propio, ha provocado que durante meses los traslados no hayan sido regulares, dificultando incluso la salida de mercancías peligrosas, como las bombonas de oxígeno del Ingesa.