Por: Antonio M. Vélez.

Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras, mantiene en su plantilla a un empleado procesado en el denominado ‘caso Jable’, un escándalo de presunta corrupción en Canarias cuyo juicio se va a reanudar en unos días en la Audiencia Provincial de Las Palmas. 

Fuentes del grupo confirman a elDiario.es que Stephan Jean Antoine Balverde, uno de los procesados en este caso de supuestos sobornos de políticos en el municipio canario de Arrecife (Lanzarote), “continúa como empleado de la compañía, amparado por el Principio de presunción de inocencia, a la espera de celebración de juicio”.

A diferencia de otros implicados en el caso que ya han salido de la empresa, Balverde, para el que la Fiscalía pide una condena de ocho años de prisión, no ocupa un puesto directivo en el grupo. Urbaser no aclara cuáles son sus funciones actuales. Según las fuentes consultadas, lleva trabajando en la compañía desde el 1 de noviembre de 2000 y sigue dado de alta.

El auto de apertura de juicio oral identificaba a Balverde como responsable de Proyectos y Licitaciones de la antigua filial de la constructora ACS. Está acusado de presuntos delitos de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Su situación contrasta con la de Jacinto Álvarez, ex delegado de Urbaser en Lanzarote, también acusado en este juicio y que decidió colaborar en la investigación tras las detenciones practicadas por la Guardia Civil hace ya 13 años. La respuesta de Urbaser fue despedirlo e intentar encarcelarlo junto a su familia.

Urbaser sostenía que era ajena a todo lo que ocurría en Arrecife y se querelló contra Álvarez, su esposa y sus dos hijos (ambos trabajaban en Urbaser), acusándoles de delitos como apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil o estafa.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en abril de 2022 absolvió a todos los acusados, confirmando la sentencia de primera instancia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. 

“Perfectamente conocido y consentido”

La Audiencia determinó que “lo que sucedía en la delegación de Urbaser en Lanzarote era perfectamente conocido y consentido por los superiores de Jacinto Álvarez”, tal y como sostenía la Fiscalía, que no formuló acusación en esa causa, impulsada solo por Urbaser como acusación particular.

En su sentencia, el Supremo compartió la “extrañeza” que expresó la Audiencia ante el hecho de que trabajadores que reconocieron en este juicio su participación en los hechos “claramente irregulares”, siguieran trabajando en ese momento para la empresa querellante, que a pesar de eso no los despidió.

Las sesiones del juicio por el caso Jable se suspendieron en abril por el estado de salud de una de las acusadas, la ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Denis, y está previsto que se reanuden en septiembre.

Hasta mayo han permanecido también en Urbaser su ex número dos, Manuel de Andrés, y su antigua mano derecha, Santiago Alonso, que también estaban pendientes de juicio. La empresa los mantuvo en plantilla incluso semanas después de haber confesado que sobornaron a cargos públicos de ese municipio canario entre 2001 y 2004 para conseguir la concesión del servicio de recogida de residuos de esa ciudad. 

En este procedimiento penal, cuya instrucción se ha demorado 15 años, la Fiscalía sostiene, entre otras cosas, que directivos de la empresa Tecmed (más adelante convertida en Urbaser) compraron al entonces presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín, que desde hace años cumple en la cárcel varias condenas por corrupción, y a la alcaldesa Isabel Déniz, así como a otros políticos locales y funcionarios municipales.

Esos sobornos, según el fiscal, sirvieron para que Tecmed consiguiera en 2002 la gestión de los residuos urbanos del Ayuntamiento de Arrecife en un concurso amañado, lo que iba a permitir a la firma ingresar 32,88 millones de euros.

La Fiscalía asegura que los directivos en aquellas fechas de Urbaser que están procesados en esta causa se gastaron en comprar voluntades en Lanzarote un mínimo de 300.000 euros, más gastos en hoteles, aviones, regalos de lujo y un viaje a Kenia, del que disfrutaron la exalcaldesa y el exsecretario Felipe Fernández Camero.

Hasta el momento de su confesión, la Fiscalía pedía para De Andrés y Alonso penas de 10 años de cárcel por delitos de cohecho, falsedad documental, fraude y aprovechamiento de secretos. La compañía solo los despidió tras informar este medio de que los mantenía en plantilla pese a haber reconocido esos delitos, lo que chocaba frontalmente con el código ético del grupo.

Su despido disciplinario se produjo, según las fuentes consultadas, el pasado 19 de mayo, junto con el de un cuarto exempleado también procesado en este caso, Francisco Martínez Llerandi, para el que la Fiscalía pedía seis años de prisión.

Estas salidas llegaron después de que el dueño de Urbaser, el fondo estadounidense Platinum, fuera advertido de la permanencia de estas personas en la empresa en una comunicación que pedía el cese inmediato de Fernando Abril-Martorell por su inacción ante estos hechos. El hijo del exministro de la Transición y ex presidente de Indra es consejero delegado de Urbaser desde junio de 2022.

La antigua filial de la constructora ACS, adquirida en 2016 por un grupo chino por 1.319 millones de euros y vendida en 2021 a Platinum por más del doble, unos 3.500 millones, fue considerada inicialmente responsable civil subsidiaria de los delitos presuntamente cometidos por sus empleados en el Caso Jable en el auto de apertura oral. 

Sin embargo, “esta responsabilidad quedó anulada mediante resolución posterior de la Audiencia Provincial. De acuerdo con lo anterior, ninguna responsabilidad civil o penal ha sido formalmente reclamada contra Urbaser, quien no forma parte del proceso judicial”, indican fuentes de Urbaser. 

El grupo, que acaba de ser sancionado junto a la francesa Eiffage por manipular contratos públicos en Andalucía, no ha incluido ninguna información sobre este proceso en sus últimas cuentas anuales, a diferencia de lo que ocurre con el llamado caso 3% en Catalunya, en el que sí está acusada como persona jurídica y por el que la Fiscalía pide una multa de 4 millones para Urbaser.

Esa omisión de información, unida a la falta de datos sobre los sueldos de su cúpula, ha motivado la presentación de una denuncia contra el auditor de Urbaser, EY, ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por “presuntas infracciones muy graves” en su auditoría. La multinacional española ocultó inicialmente ese documento a los inversores en el mercado de renta fija, donde tiene varias emisiones de deuda en circulación.