Por: Antonio M. Vélez.

Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras, mantiene en la compañía a dos altos directivos del grupo, incluyendo a su número dos, que han reconocido su responsabilidad en un escándalo de sobornos de la antigua filial de ACS en Canarias.

Se trata de Manuel Andrés Martínez, director general de la línea de negocio de Servicios Urbanos de Urbaser, la más importante del grupo, y número dos de la compañía, y su mano derecha, Santiago Alonso Herreros. Ambos confesaron hace unas semanas su responsabilidad en la “Operación Jable”, última pieza de la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por número de imputados, el caso Unión.

El caso se juzga en la Audiencia Provincial de Las Palmas trece años después de las detenciones practicadas en 2010 por la Guardia Civil. Se juzgarán presuntos delitos contra la Administración Pública en sus modalidades de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración y uso de información privilegiada por la adjudicación de decenas de millones de euros en contratos de recogida de basuras, limpieza de calles y cuidado de parques y jardines en Arrecife (Lanzarote) durante la etapa de Isabel Déniz, alcaldesa de ese municipio canario entre 2000 y 2007.

En vísperas del juicio, Manuel Andrés y Santiago Alonso han presentado ante la Sección Segunda de la Audiencia escritos idénticos en los que manifiestan su “reconocimiento de los hechos acontecidos” y admiten los delitos descritos por la Fiscalía Anticorrupción. En conformidad con el Ministerio Público, han efectuado sendos ingresos bancarios por un total de 220.000 euros en una cuenta de la Audiencia Provincial en concepto de pago a cuenta de la multa por delito de cohecho.

La Fiscalía les acusó como autores de un delito continuado de cohecho y de un delito de uso o aprovechamiento de secretos, y como cooperadores necesarios en falsedad en documento público y fraude. Pidió para ellos sendas condenas de 10 años y 2 meses de cárcel, fianzas de 13.857.415,8 euros para cada uno y sendas multas de 603.600 euros. 

Hay otros dos directivos de Urbaser encausados: Francisco José Martínez Llerandi, que, según su Linkedin, es director de Aguas y RCD de Urbaser, y para el que Fiscalía pidió 6 años y 8 meses de cárcel, fianza de 13.612.890,4 euros y multa de 420.206 euros; y Stephan Jean Antoine Balverde, para el que el Ministerio Público pidió 7 años y 6 meses de cárcel, fianza de 13.852.615,5 euros y multa de 600.000 euros.  

elDiario.es contactó con Urbaser para preguntar qué cargos ocupan estos directivos y si se va a tomar alguna medida, después de que al menos dos de ellos hayan reconocido su participación en estos hechos delictivos. En un correo electrónico, la compañía indica que “el asunto está siendo analizado por el área de Compliance siguiendo los procedimientos establecidos y con el asesoramiento legal correspondiente para llevar a cabo las medidas oportunas; siempre de acuerdo al código ético y de conducta de Urbaser”.

“Tolerancia cero”

Urbaser fue vendida en 2016 por ACS al grupo chino Energy Conservation and Enviromental Protection (Cecep) por 1.319 millones, que en 2021 se la vendió al fondo estadounidense Platinum por más del doble, unos 3.500 millones. El pasado 22 de octubre el grupo aprobó un código anticorrupción que asegura que “Urbaser rechaza toda forma de corrupción, aplicando una política de tolerancia cero ante cualquier indicio de soborno o corrupción cometido por un empleado/a de Urbaser o por un tercero, que actúe en nombre de Urbaser”.

Cuando fue adquirida por Platinum hace casi dos años, el primer ejecutivo de ese fondo, el estadounidense de origen israelí Tom Gores, indicó que la compañía “requiere de excelencia operacional y de las mejores prácticas de ESG” (las siglas de la expresión inglesa environmental, social and governance). Gores, de 58 años y dueño del equipo Detroit Pistons de la NBA americana, tiene una fortuna estimada de 6.200 millones de dólares y figura en el número 427 del ránking mundial de millonarios de Forbes.

Abril-Martorell, hijo del que fuera vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía con Adolfo Suárez, es consejero delegado de Urbaser desde el pasado 15 de junio. Antes de ocupar ese puesto, fue entre otros cargos presidente y consejero delegado de Indra o consejero delegado de Prisa. También tuvo responsabilidades en Telefónica, Credit Suisse y JP Morgan.

El ejecutivo salió de la tecnológica Indra hace dos años para ser sustituido en la presidencia por Marc Murtra. Se llevó una indemnización de 3,1 millones, más una compensación por no fichar por empresas del mismo sector que ascendió a otros 1,16 millones en 2022. En 2019, con él como presidente, Indra aceptó una condena por delito fiscal a cambio de una multa de 171.000 euros y la pérdida de la posibilidad de cobrar subvenciones durante 9 meses, a cambio de librarse de ser vetada para contratar con la Administración. Ese pacto llegó querellarse la Fiscalía de Madrid en octubre de 2018, previa inspección de la Agencia Tributaria sobre los ejercicios 2011-2014, cuando la empresa estaba todavía presidida por Javier Monzón.

Directivo clave

Desde su detención en 2010 y, sobre todo, desde que en enero de 2017 se dictó auto de apertura de juicio oral contra él y el resto de acusados en el caso Jable, el Registro Mercantil español recoge un rosario de ceses del principal directivo de la compañía que ha reconocido los sobornos en Arrecife, Manuel Andrés. Todavía mantiene cargos en algunas empresas del grupo. Preside por ejemplo la holding española Global Cauris SL, en la que también es consejero Santiago Alonso. Ambos administran la jiennense Resurja (Residuos Urbanos de Jaén), con cerca de 700 empleados y cuyos accionistas son Urbaser (60%) y la Diputación Provincial de Jaén.

Manuel Andrés, que en unos días cumplirá 65 años, figuró hasta 2015 en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por ACS como miembro de la alta dirección de la constructora de Florentino Pérez, como director general de Servicios Urbanos de Urbaser. Unos meses después la filial cambió de manos y su nombre desapareció de la alta dirección de ACS, pero no de la de Urbaser, en la que, como premio a su gestión en la compañía, mantiene participaciones societarias.

Según el Registro de Luxemburgo, el 11 de marzo de 2022 Manuel Andrés recibió 200.000 títulos clase A de la instrumental Luna I, mientras que Santiago Alonso recibió otros 49.338 títulos. Esta firma, de la que Abril-Martorell recibió un paquete millonario de acciones el día de su nombramiento, es una de las sociedades con las que Platinum controla Urbaser a través de cerca de una decena de firmas en el Gran Ducado. Esa larga cadena lleva en última instancia hasta Islas Caimán, como suele ocurrir en el mundo de los grandes fondos.

En el momento de producirse los hechos que se juzgan en Canarias, Santiago Alonso, de 62 años, era director de Limpieza y Jardinería de Urbaser, que luego le nombró director internacional de Servicios Urbanos. Según fuentes solventes, Alonso es director Adjunto de Servicios Urbanos, pertenece a la Alta Dirección de Urbaser y es la mano derecha de Manuel Andrés en la línea de negocio de Servicios Urbanos, que en 2021 (último ejercicio disponible) aportó 2.317 millones a la cifra de ventas consolidada de Urbaser, más del 90% de los 2.550 millones que facturó el grupo.

Los imputados en esta trama, según la acusación pública, “amañaron” concursos para adjudicar a Urbaser y FCC trabajos a cambio de pagos en efectivo o en forma de “dádivas” o regalos, que en el caso de la ex alcaldesa de Arrecife le permitieron incrementar su patrimonio en 400.000 euros, y además crearon varias sociedades que se favorecieron de esos contratos.

Según Anticorrupción, el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, y la ex alcaldesa (primero en esa formación y luego en Coalición Canaria) se concertaron en 2001 con Manuel Andrés y Santiago Alonso, entonces directivos y apoderados de Tecmed (antigua Urbaser e histórica filial de ACS), para que, a cambio de una comisión, la empresa resultara adjudicataria en el concurso de recogida y transporte de residuos en Arrecife. Entre los acusados también se encuentra el entonces líder del PSOE en la localidad insular, Miguel Ángel Leal.

Líder mundial

Urbaser se presenta como “una compañía de gestión medioambiental líder a nivel mundial, orientada hacia la sostenibilidad y la innovación, que da servicio a más de 70 millones de personas en 21 países a través de una red de más de 59.719 empleados”.

En la actualidad se encarga de la limpieza “de más de 8 millones de kilómetros de calles en diferentes ciudades de todo el mundo y el mantenimiento de 25 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Opera 75 instalaciones de tratamiento de residuos con un total de 20,4 millones de toneladas tratadas; produce 2.885 GWh de energía a partir de residuos y en el último año ha evitado la emisión de casi 2,2 millones de toneladas de CO2 equivalente”.

La compañía, que ha pedido impulsar el incipiente negocio del biometano, es una de las interesadas en la compra del negocio de Medio Ambiente de Sacyr, junto a otras firmas como HIG. Esa operación permitiría a Urbaser competir en tamaño con el líder en España, FCC, que también está implicada en ese caso de corrupción en Canarias.

El caso Jable es uno de los litigios penales que tiene abiertos Urbaser, que fue una de las 51 integrantes del conocido como 'cártel de la basura', que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desmanteló con millonarias multas, que acabó tumbando la justicia por un defecto de forma.

El grupo también aparece como uno de los posibles partícipes a título lucrativo del caso Mutua Universal Mugenat, pendiente de juicio desde 2016. Urbaser fue una de las empresas más beneficiadas por el presunto desvío de cerca de 200 millones en cotizaciones de la Seguridad Social, con más de 10 millones. La compañía que pilota Abril-Martorell está encausada como una de las posibles beneficiarias de ese delito contra la Seguridad Social cometido por los antiguos responsables de esa mutua catalana.