Por: Antonio M. Vélez.

La multinacional española Urbaser ha apartado a su número tres y al máximo responsable de Sertego, su filial de gestión de residuos, tras reconocer esta empresa su responsabilidad en una trama de fraude con aceite reciclado que se mezclaba con gasoil para venderlo en estaciones de servicio, con un perjuicio para la Hacienda pública de 4,2 millones de euros.

La compañía, que enmarca los cambios en “un proceso de reorganización”, ha prescindido del hasta ahora Director de la línea de negocio de Tratamiento y considerado el número 3 de la compañía, Carlos Abilio Pérez. El directivo acaba de comunicar en LinkedIn esta “inesperada transición” tras 33 años en el grupo.

Su sustituto es Rafael Guinea, hasta ahora responsable de Tirme, la concesionaria del servicio de tratamiento de residuos urbanos de Mallorca que gestionan Urbaser (80%) y FCC (20%).

Carlos Abilio es un histórico de Urbaser y, antes, de ACS. Perteneció muchos años a la alta dirección de la constructora, como director general de Tratamiento de Residuos, cuando esta empresa pertenecía al gigante de Florentino Pérez. ACS vendió Urbaser en 2016 a un grupo chino, Tianying. Este a su vez vendió la compañía en 2021 al fondo estadounidense Platinum.

La multinacional que pilota desde 2022 Fernando Abril-Martorell, expresidente de Indra e hijo del exministro de la Transición, también ha prescindido del hasta ahora director general de Sertego, Aitor Jáuregui. Su carta de presentación como máximo responsable de la filial ha sido ya borrada de la compañía. 

Jáuregui llegó a presidir en 2013 la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), patronal del sector, que está integrada en CEOE desde el año pasado. Según fuentes de Urbaser, su sustituto al frente de esta división se incorpora “la semana que viene”.

Esas fuentes enmarcan estos cambios en el anuncio, el pasado verano, de una tercera unidad de negocio en Urbaser llamada Soluciones Industriales, que se une a las de Servicios Urbanos y Tratamiento, y que sustituye a la marca Sertego.

“El cambio de nombre de la división (de Sertego a Soluciones Industriales) responde a nuestra estrategia de Rebranding para agrupar a las marcas, dentro de esta profunda transformación empresarial en la que estamos inmersos, explica Urbaser.

En paralelo a estos cambios, Urbaser ha fichado como director general del área de Servicios Urbanos a Alejandro de la Joya, histórico de Ferrovial que fue consejero delegado de su filial de Construcción o de Cintra. Hermano de Adrián de la Joya (ex socio del ex comisario corrupto José Manuel Villarejo), Alejandro de la Joya cubre la vacante de Manuel de Andrés, el hasta este año número dos de la compañía. 

La criba en la pata de Medio Ambiente se ha producido tras aceptar Sertego la responsabilidad subsidiaria derivada del que fuera director de su planta de aceites en Fuenlabrada en una trama de fraude que lideraba un empresario almeriense, Emilio Torrecillas, denominado el Rey del Gasóleo adulterado, y recientemente condenado por el Tribunal Supremo. 

Torrecillas, que ya fue condenado por contrabando o por delitos contra la Hacienda Pública previos a estos hechos, fue detenido en junio de 2021 en un hotel de Logroño tras años huido de la justicia. En noviembre, el Supremo le condenó a 14 años y tres meses de prisión y al pago de multas de más de 8 millones por distribuir desde 2007 hasta 2010 millones de litros de combustible fraudulento a cientos de estaciones de servicio del sureste español. 

Para ello, utilizaba gasóleo mezclado con un 25% de aceite reciclado que la empresa Tracemar, de Urbaser (luego rebautizada como Sertego Servicios Medioambientales SL), obtenía en Fuenlabrada de un proceso de regeneración de lubricantes, que cuando se destinan al comercio intracomunitario están exentos de impuestos. 

Los condenados fingían exportar ese aceite a Francia o Italia mediante albaranes falsos que confeccionaba la propia Tracemar, según la sentencia. Pero el producto reciclado en realidad acababa en una nave de su propiedad en un polígono industrial de Cantoria (Almería). Allí se mezclaba con gasoil y se vendía sin declararlo a Hacienda.

A través de 515 operaciones ficticias con ese aceite industrial procesado por Sertego, y valiéndose de una red de sociedades pantalla que utilizó en algunos casos a ancianos que figuraban como testaferros a cambio de 500 euros, se evadieron cantidades millonarias en el impuesto de Hidrocarburos, que equivale actualmente a 0,307 euros por cada litro de gasoil vendido.

El representante de Sertego fue condenado en julio de 2020 por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad de documento mercantil por la Audiencia Provincial Almería.

“Nada que ver”

“Sertego no está condenada penalmente en ninguna causa y, por tanto, Aitor Jáuregui no tiene nada que ver”, dice Urbaser en un correo electrónico. La filial cuya marca ahora va a desaparecer se define todavía en su web como “la principal operadora del mercado de residuos industriales en España.” 

“Dentro de la dilatada experiencia de Sertego, destacan los logros de la compañía en el ámbito de la Regeneración de Aceites Usados, que permite que sean nuevamente utilizados como lubricantes. Somos una compañía que consigue con su tratamiento valorizar el residuo por completo para darle el uso original para el que fue fabricado”.

En las cuentas de 2022 que Urbaser remitió hace unos meses al mercado de renta fija MARF, sin incluir en primera instancia el informe de su auditor, y con omisiones que han sido denunciadas ante el Ministerio de Economía, la multinacional española se refiere por primera vez a las “denuncias y querellas” presentadas en relación a esta trama. No se ha referido a ellas hasta la reciente condena del cabecilla en el Supremo. 

En esas cuentas, Urbaser explica que tras formularse “acusación contra distintas personas por defraudar impuestos en la venta como combustible de aceite usado”, entre ellas el ex director de su planta de Fuenlabrada, “los acusados fueron condenados solidariamente al pago de la responsabilidad de los delitos” a un total de 6,3 millones, intereses incluidos. 

“Sertego aceptó la responsabilidad civil subsidiaria derivada de la actuación del trabajador. La Audiencia Provincial ya ha abierto un procedimiento de ejecución y ha requerido al pago a los condenados”. A falta de medidas ejecutivas concretas para ejecutar esa responsabilidad, “si después hay alguna cantidad pendiente, la pagará Sertego como responsable subsidiario”, dice Urbaser en sus cuentas.

En ellas indica que la Audiencia ha solicitado auxilio a la Agencia Tributaria “para que se encargue de la ejecución”.

La llegada de De la Joya a esa división va a cubrir meses después la vacante de Manuel de Andrés. El hasta este año número 2 de Urbaser fue despedido antes del verano tras el envío de una comunicación al dueño de Platinum pidiendo el cese de Abril-Martorell por mantenerle en su puesto cuando ya había confesado ante la Justicia sobornos a cargos públicos en Canarias para conseguir el contrato de recogida de residuos del municipio de Arrecife (Lanzarote). Esta conducta choca frontalmente con el código ético de Urbaser.

Estos hechos se están juzgando estos días en el denominado Caso Jable en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Durante el juicio, Manuel de Andrés ha ratificado este mes que autorizó pagos en metálico y en joyas, relojes de lujo y viajes para miembros del consistorio canario, incluida su alcaldesa, Isabel Déniz, y para Dimas Martín, líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), la fuerza política que gobernaba en la capital de la isla en ese momento.