or la polémica desatada en Jáchal debido a la exploración de uranio en La Ciénaga, legisladores de la oposición quieren presentar mañana en la Cámara de Diputados un pedido de interpelación al ministro de Minería, Felipe Saavedra. Desde el oficialismo, que es mayoría en el recinto, adelantaron que no accederán al planteo pero que no descartan que el funcionario concurra a una reunión ampliada de comisión para explicar detalles del conflicto.

La disputa por la que quieren invitar al funcionario a exponer surgió porque la empresa australiana Latinun Uranium inició este año tareas de exploración en el departamento norteño en búsqueda del mineral, utilizado como combustible en centrales nucleares. Pero el problema es que el sector en el que se llevan adelante los trabajos para detectar la presencia de uranio es un área protegida por ley, lo que impide extraerlo. Como si fuera poco, una asamblea de jachalleros que tuvo lugar el viernes pasado resolvió rechazar la continuidad de la labor.

Frente a este panorama, diputados de la oposición, en la que se enrolan los basualdistas José Peluc, Lucía Sánchez y Leopoldo Soler, junto a Juan Sansó (Actuar), Edgardo Sancassani (Compromiso por San Juan) y Hugo Ramírez (Pro), están trabajando en la elaboración de un pedido de interpelación para presentarlo mañana por mesa de entradas de la Legislatura. La intención es que el ministro Saavedra concurra a dar una explicación sobre las idas y venida con las tareas en Jáchal.

“No podemos hacer oídos sordos a los reclamos de las jachalleros”, dijo Peluc, uno de los impulsores de la iniciativa. El principal argumento de los opositores es que si la empresa llegara a encontrar uranio y después no lo puede extraer podría llegar a demandar a la Provincia por la inversión realizada, pero que después no pudo sacarle beneficios. “Queremos defender los intereses de San Juan”, sostuvo Peluc.

Pero desde el bloque oficialista adelantaron que no accederán al pedido de interpelación, pero sí hay intenciones de llevarlo a una reunión ampliada de la Comisión de Minería, que preside el vallisto Emilio Fernández. Por su parte, el ministro Saavedra no respondió a los llamados de este diario para consultarle su opinión.

La decisión de no aceptar la interpelación no es una sorpresa. Desde el 2003 a la fecha, ningún ministro del Ejecutivo ha sido sometido a interrogatorio en Diputados, una práctica que en otras gestiones sí ha ocurrido. En cambio, en varias oportunidades sí han asistido los ministros a las reuniones de las comisiones para dar explicaciones sobre determinados temas. Por ejemplo, es ya un clásico que el titular de Hacienda de turno concurra a la Comisión de Hacienda para brindar detalles sobre el proyecto de presupuesto anual.

Además, no es lo mismo que un funcionario concurra a una interpelación a que sea citado a una comisión. La posibilidad de convocar a los ministros del Ejecutivo está contemplada en el artículo 155º de la Constitución Provincial. El procedimiento establece que en forma previa se le debe enviar al funcionario la serie de puntos sobre los que de lo quiere interrogar y éste está obligado a concurrir. El procedimiento se lleva adelante en una sesión especial, presidida por el titular de la Cámara de Diputados de turno.

En cambio, en una reunión de comisión, el funcionario puede concertar con los legisladores el día y hora para que tenga lugar el encuentro y no tiene la formalidad de una sesión. Generalmente se acuerdan las condiciones para las preguntas y cada legislador puede interrogar cuantas veces lo crea necesario. No ocurre lo mismo en la sesión, en la que cada diputado debe pedir la palabra y esperar a que se la concedan.

Debido a estas diferencias y a que tiene un mayor impacto político la interpelación que la citación a comisión es que en el oficialismo han venido evitando sistemáticamente llevar a los ministros a exponerlos a un interrogatorio en el recinto. Sí, en cambio, la mayoría de las veces hubo acuerdo para que los funcionarios fueran a las comisiones a explicar los temas.

La zona que ha originado el conflicto está localizada a unos 200 metros del Mirador de la Cuesta de Huaco y en 2005 fue declarada zona protegida por la ley 7.640. Por eso, los vecinos enterados de que una compañía extranjera estaba realizando tareas de exploración, pusieron el grito en el cielo y rechazaron la continuidad de los trabajos.

En el medio, incluso, hubo un roce entre el intendente Jorge Barifusa y Saavedra. El primero se quejó porque no estaba enterado de que había una empresa buscando uranio en su departamento. Y le apuntó al titular de Minería por no haberle informado del tema. El ministro le respondió que en la página web del ministerio estaba toda la información disponible.

El otro problema que existe es que Latinun Uranium obtuvo formalmente el permiso de Minería para explorar en búsqueda de uranio en la localidad jachallera a principios de la era giojista. Pero, en 2005, Diputados aprobó una ley y declaró área protegida a La Ciénaga para preservar la flora, la fauna y los recursos, prohibiendo en la totalidad de la zona extraer “bienes, elementos y muestras que integren el patrimonio cultural, geológico y arqueológico”. Frente a esa contradicción, los especialistas opinan que, aun cuando se encontrara mineral, no se lo podrá extraer por lo que habría que cambiar la legislación vigente. Como si fuera poco, tampoco hay licencia social para avanzar, tal como lo han adelantado los jachalleros.