Por Mauricio Cantando

Un día después de sostener el veto a la reforma previsional, el Senado le dio un golpe fiscal a Javier Milei y sancionó el proyecto que aumenta el presupuesto de las universidades e indexa los gastos a la inflación. El destino parece ser el mismo: el Presidente se negará a promulgar la ley y volverá a tratarse en Diputados.

La aprobación fue con 56 votos positivos, 11 negativos y una abstención. Representa dos tercios, la mayoría especial necesaria para rechazar un eventual veto, que de todos modos comenzaría a tratarse en la cámara baja. Una vez más, Victoria Villarruel no quiso ser la cara de la derrota y se fue del recinto. La sesión debió ser conducida por el presidente provisional, Bartolomé Abdala.

El proyecto tuvo el respaldo pleno de Unión por la Patria y de 12 miembros de la UCR, dónde estuvo ausente el mendocino Rodolfo Suárez. La iniciativa fue acompañada por los diferentes partidos provinciales y dos votos del PRO, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri.

Por el partido amarillo se abstuvo Victoria Huala y votaron en contra Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Ángeli y Martín Goerling. Se sumaron a esa posición los seis libertarios y su excompañero Francisco Paoltroni. Un veto de Milei debería tratarse primero en Diputados, donde el panorama es incierto, porque el proyecto se aprobó el 15 de agosto con 143 votos, lejos de la mayoría especial.

Sin embargo, esa vez el rechazo consiguió 77 votos, nueve menos que el tercio del recinto. Un dato del color es que tres de los cinco radicales violetas respaldaron esa ley: Pablo Cervi, Martín Arjol y Federico Tournier. Pronto les sonarán los teléfonos.

Presión a Javier Milei

La ley sancionada establece una recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades y de los los salarios de los docentes y no docentes retroactivo a enero y hasta diciembre próximo, en función del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los aumentos también abarcan a los programas de educación superior.

También se establece que la indexación del presupuesto a la inflación debería ser mensual y, en el caso de los salarios, sólo podría interrumpirse si se reactivaran las paritarias. "El 80% de los docentes está bajo la línea de pobreza. Llevamos una inflación acumulada de 135% de noviembre de 2023 a julio de 2024. La recomposición salarial fue solo el 57%", sostuvo Eduardo de Pedro, de UP.

La ley garantiza la auditorías de la AGN a las universidades y amplia de forma anual y progresiva el monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso(OPC), tiene un costo fiscal de 0,14% del PIB, suficiente para que Milei la quiera vetar.

El senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero, de La Libertad Avanza, anticipó una judicialización si la ley es sostenida por el Congreso. "No sabemos cómo se va a financiar. No se establece si se va a crear un impuesto, si se va a sacar de otra partida. No se entiende bien. El marco jurídico actual establece que todo gasto que se debate en el Congreso que esté por fuera del presupuesto debe establecer financiamiento", argumentó.

La nueva alianza

La pelea por el presupuesto universitario unió a casi todo el recinto del Senado como ningún otro tema este año. Martín Lousteau, uno de los impulsores del rápido tratamiento, minimizó el riesgo fiscal.

"Primero decidieron bajar impuestos y después dicen que no hay plata. Deciden no cobrar a los que blanquearon y ahora dicen que no hay plata. Hablamos de docentes que están por debajo de la línea de pobreza, que se van de las universidades, de ayudantes de primera a quienes ya no les alcanza la plata para dar clases", se alarmó el economista.

La defensa del proyecto exhibió un acuerdo entre UP, la UCR y los partidos provinciales. El académico Flavio Fama, de la UCR, dijo que la ley "no busca incrementar los presupuestos de las universidades, sino resguardar los gastos de funcionamiento y los salarios", aclaró el senador radical que apuró la sesión.

El santacruceño José María Carambia le pidió al Gobierno entender que "todo financiamiento educativo no es un gasto, sino que es una inversión a mediano y largo plazo que genera talento y futuro. La economía no es solamente números, hay personas y sueños detrás".

Anabel Fernández Sagasti, de UP, pidió que a sus pares que acompañan el proyecto, sostengan el financiamiento a las universidades cuando se debate al presupuesto. "Espero que las palabras no se las lleve el viento por una rotonda o por un puente", advirtió.

El jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, negó un ajuste en las universidades y denunció presupuestos inflados. "La Universidad Pedagógica tiene 4.857 estudiantes, de los cuales egresaron nueve. Si se aprueba esta ley, tendrá 484 millones de pesos para cada recibido", detalló.

El jujeño cuestionó capacitaciones en universidades. "En la de Tres de Febrero hay un taller de 'Voces y escritura de materia de las locas'. En Mar del Plata, un posgrado de 'Consumo de sustancias desde una perspectiva de género'. ¡Eso hacemos con el presupuesto de los argentinos!".