Por Eugenia Muzio

El presidente Javier Milei podría desactivar la marcha contra el ajuste en las universidades con casi $740.000 millones que implica la ley de financiamiento que está a punto de vetar. Sólo un mes de superávit financiero, un tercio de lo que costaba la reforma jubilatoria o de lo que el Estado deja de recaudar por el alivio a Bienes Personales.

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Las casas de altos estudios se preparan para movilizarse este miércoles en un último intento por revertir la decisión de la administración libertaria de anular la iniciativa aprobada por Congreso.

La propuesta consiste en actualizar las partidas de funcionamiento al inicio del ejercicio 2024 por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2023 y luego ajustar bimestralmente el monto resultante por la inflación, descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

 

 

Asimismo, establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta que se sancione el proyecto como ley, tomando a cuenta aumentos ya otorgados y luego una actualización mensual por la inflación informada por INDEC.

Cuánto le cuesta a Javier Milei

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que se trata de un 0,14% del PBI para un sistema universitario que viene de sufrir una merma en las transferencias del 30% real entre diciembre y agosto.

Aunque ese porcentaje sólo explica el 1,1% del total del recorte: la peor parte se la llevaron los salarios de personal docente y autoridades (-30,4%), salarios de personal no docente (-26,7%), asistencia financiera para el funcionamiento universitario (-23,1%) y para hospitales universitarios (-19,3%).

El proyecto de Presupuesto 2025, que espera aún un cronograma de tratamiento en la Cámara de Diputados, prevé recursos por $3,8 billones de pesos para las 62 universidades nacionales y sus dependencias.

La partida implicaría un desplome del 34,4% del presupuesto universitario en dos años, de acuerdo a un estudio del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti).

En relación con los salarios de docentes y personal no docente, el informe explica: “El presupuesto de las actividades 12 y 13 del Programa 26, que expresan la masa salarial aplicada a los salarios docentes y no docentes en universidades, tras caer más de 30 puntos reales en 2024, continuará deteriorándose en 2025. La retracción acumulada real en este bienio es del 37,2%”.

Pérdida del poder adquisitivo

De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la pérdida del poder de compra es del 9,2% respecto al último mes del año pasado.

Un auxiliar de primera con dedicación simple (nueve horas semanales) y diez años de antigüedad, que en diciembre percibía $132.035,51, en agosto pasó a cobrar un salario bruto de $232.531,90.

Si la comparación se realiza sobre los sueldos de noviembre (antes de la inflación del 25,5% registrada en diciembre), la caída hasta agosto fue del 23,71%.

Déficit cero o nada

El argumento económico del Gobierno es la postura inamovible del déficit cero. En abril, la convocatoria por el ajuste de las transferencias fue masiva y ahora vuelve a incomodar en los despachos oficiales.

A 24 horas de la protesta, el Ministerio de Capital Humano salió a cuestionar la movilización y en un comunicado remarcó que "nunca se desfinanció la educación universitaria pública".

"El compromiso del Gobierno con la universidad pública se ha mantenido firme; simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron", argumentó en el texto y criticó a las casas de altos estudios por la "administración ineficiente de fondos" que transfirió el Ejecutivo.