Mar del Plata acaba de vivir la semana más conflictiva de su exitoso verano. El enfrentamiento entre el intendente Guillermo Montenegro y los taxistas dejó un saldo de dos jornadas sin taxis ni remises en pleno enero y miles de marplatenses y turistas afectados por la falta movilidad o fastidiados por los cortes de tránsito.

El caos pudo haberse evitado con un diálogo a tiempo, previo al paro del martes, que había sido anunciado la semana anterior. No sucedió. Con la medida de fuerza y la movilización desatadas, los ánimos se exacerbaron y ya nadie retrocedió. Algunos gestos –como el retiro de cartelería publicitaria de las aplicaciones– evitaron que el desmadre fuera completo este fin de semana, uno de los más importantes de la temporada, pero lejos están de bajar la tensión. 

El desembarco de las plataformas digitales de transporte es una realidad tanto en Mar del Plata como en otras ciudades del mundo. Tratar de detenerlas parecería en vano: tarde o temprano terminan por instalarse. El proceso desencadena en todas partes un conflicto con el transporte público establecido. Por lógica, sus propietarios y choferes ven peligrar sus fuentes laborales. Solo mediante el consenso pueden hallarse las diagonales que conduzcan a garantizarlas y a que, al mismo tiempo, se produzca una convivencia armónica, en igualdad de condiciones, sin que los nuevos actores copen el mercado e impongan precios exorbitantes. Más que un intercambio de golpes, se necesita una mesa para afrontar la crisis.

Aquella realidad se combina con otra no menos palpable. El servicio de taxis sufrió, como todos, el impacto de la pandemia. Una gran cantidad de choferes dejó la actividad y conseguir una unidad, sobre todo de noche, ya no fue tan sencillo. La temporada pasada, la postal de la terminal llena de pasajeros esperando un taxi se tornó habitual. Este verano las imágenes no fueron tan elocuentes, pero aun así el gobierno municipal está disconforme. “Cada uno sabe lo que le cuesta conseguir un taxi de noche”, dijo el intendente Guillermo Montenegro en su última conferencia de prensa.

Para compensar el déficit se relajaron los controles a las plataformas de transporte. Si, como aseguró el jefe comunal, decir que no se está cumpliendo la ordenanza que obliga a hacer esos controles “es mentir”, puede afirmarse entonces que esta temporada las aplicaciones funcionaron con comodidad. Ahí están para corroborarlo las declaraciones de Juan Labaqui, el vocero de Uber para la región: “Cada vez hay más marplatenses que usan Uber”. Las publicidades tampoco estaban permitidas, pero también las hubo.

El caos pudo haberse evitado con un diálogo a tiempo, previo al paro del martes, que había sido anunciado la semana anterior. No sucedió.

Entran en juego tres factores estrictamente locales que inciden en el conflicto. La propia existencia de la ordenanza 23928, aprobada en enero de 2019 con el impulso del entonces intendente Carlos Arroyo, que establece que a quienes conducen para las plataformas de transporte se les debe secuestrar el vehículo, multar e inhabilitar para conducir por 180 días. El compromiso para respetarla que Montenegro firmó con los taxistas y remiseros cuando era candidato. La nueva realidad, con más turistas que en otras temporadas y una ley provincial de Alcohol Cero al Volante que desincentiva el uso del auto particular en las salidas nocturnas. 

La tensión no escaló porque sí. El gobierno municipal dejó correr el plazo que medió entre el anuncio y el paro del martes sin convocar al sector. Con la medida de fuerza en marcha y la zona de Playa Grande bloqueada, la posibilidad de conversar se fue desvaneciendo. Los taxistas clamaban por una convocatoria del intendente mientras lo maltrataban en público. Más que un pedido de diálogo parecía una invitación a la pelea. Y Montenegro se calzó los guantes: promovió una denuncia penal por los cortes de tránsito.

El intendente sacó rédito: en esas horas la imagen de los taxistas estaba más deteriorada que nunca. Un amplio sector social aplaudió a rabiar que no se dejara “apretar ni extorsionar”. Pero los taxistas no bajaron la guardia y lo denunciaron por “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Lo acusan de no controlar a las plataformas.

El diálogo que procuraron los concejales oficialistas estaba destinado a fracasar. Hace semanas que los taxistas quieren hablar con el jefe comunal, con las áreas de transporte y control, con los que, a su entender, deben garantizarles que se respetará la ordenanza vigente. Pero el gobierno municipal entiende que el ámbito de discusión es el Concejo Deliberante, allí donde se debate el proyecto que busca regular las plataformas.

De ese desentendimiento original al nuevo round hubo un solo paso. Los taxistas anunciaron otro paro, esta vez con un corte en la ruta 2. El intendente habló de “métodos mafiosos” y amenazó con suspenderles las licencias a los que “cometieran el delito” de interrumpir el tránsito. Para ratificar por dónde, a su entender, pasa el debate, no se mostró ni con el subsecretario de Movilidad Urbana ni con el secretario de Gobierno: se rodeó de la presidenta del Concejo Deliberante y de los presidentes de bloque del oficialismo. A su lado aparecía Angélica González, de la Coalición Cívica, impulsora del proyecto de las aplicaciones. 

Tras la embestida del intendente, los referentes de los taxis y remises decidieron no bloquear completamente la ruta. Algunos turistas fueron desviados preventivamente hacia Santa Clara y otros avanzaron a paso de hombre por la zona del aeropuerto. El trastorno también lo sufrieron los que viven en los barrios ubicados a la vera de la autovía.

En ese contexto, el gobierno municipal no avanza ni puede hacerlo con el proyecto para regular la presencia de Uber y Cabify. A pesar de que el presidente de la bancada más afín al intendente, Agustín Neme, se mostró a favor en el fragor de la disputa, en el Concejo no alcanzan los votos para aprobarlo. El bloque la UCR no está dispuesto a avanzar si no se construye un consenso con fuerzas políticas ajenas al interbloque de Juntos por el Cambio. Aunque sabe que las encuestas son favorables al desembarco de las aplicaciones, lo preocupa que, en cada viaje, en cada charla con sus pasajeros, los taxistas y remiseros despotriquen contra intendente y el gobierno local en el año electoral.

El proyecto de González podría avanzar en la Comisión de Movilidad, donde el oficialismo cuenta con mayoría propia. Pero la UCR cree que ese paso no debe darse porque después se produciría un atolladero en la Comisión de Legislación. “¿Para qué seguir poniéndonos a todos los taxistas en contra si ni siquiera lo terminaríamos aprobando?”, se pregunta. Especula bien: ni Acción Marplatense ni el Frente de Todos están para dar el sí.