El “deporte” entre los inversores del mercado local en esta última semana fue apostar quién se irá antes: si Martín Guzmán o Miguel Pesce. Pero a pesar de las versiones cruzadas de todo tipo, ninguna pareció demasiado seria, ni se nombraron posibles recambios que generasen entusiasmo en los mercados. Los grandes problemas y desafíos que enfrenta la economía argentina van mucho más allá de un recambio en Economía o en el Central, que por sí solo es imposible que cambie las expectativas negativas que existen sobre el futuro. Y mucho menos que su sola presencia ayude a transitar con menos zozobra este duro momento.

El saldo de los primeros diez días de cepo recargado estuvo lejos de ser auspicioso. Se aceleró el retiro de depósitos en dólares hasta llegar a un pico de más de 220 millones a mediados de esta semana. Los nuevos bonos sufrieron un duro golpe y el riesgo país trepó a más de 1.350 puntos. El Banco Central tuvo que seguir vendiendo reservas para contener el precio de la divisa, pero al menos lo hizo a un ritmo menor que antes de las nuevas restricciones por el virtual feriado cambiario.

La inestabilidad cambiaria y el nuevo aumento del riesgo país no serán gratuitos para la economía. El nivel de actividad que tuvo un repunte gradual pero continuo después del piso histórico de abril ya habría mostrado signos de fatiga a partir de agosto.

La industria es la que por el momento lleva la mejor parte y está menos de 5% debajo de los niveles de febrero, es decir prepandemia. Pero el consumo sigue afectado por la caída de la masa salarial y la inflación. Además, hay sectores que ni siquiera arrancaron, como el turismo y otros que continúan a “media máquina” como la gastronomía. Además, el aumento de los contagios en varias provincias también provocó un retroceso en distintas actividades, mientras que en AMBA los indicadores mejoran.

Pero en términos generales la actividad seguirá muy impactada por la escasez de dólares, una brecha cambiaria que supera el 50% y el temor de que el Gobierno no pueda resistir una devaluación mucho más brusca del tipo de cambio oficial. El “plan aguantar” del Gobierno consiste en llegar hasta abril del año que viene sin perder muchas reservas y esperar la “cosecha salvadora”. Pero seis meses en la Argentina es demasiado tiempo como para realizar ese tipo de planificaciones.

El ministro de Economía Martín Guzmán (Telam)Las nuevas restricciones cambiarias y el aumento del riesgo país impactarán negativamente en la recuperación que venía mostrando la economía. El poder adquisitivo sigue en baja y hay riesgo de mayor inflación en los últimos meses del 2020, por lo que hay pocas chances de una mejora sostenida del consumo

Todo indica que el riesgo de nuevos episodios de fuerte presión cambiaria seguirá latente. El panorama para los próximos meses luce complejo. El Banco Central seguirá emitiendo una montaña de pesos para financiar al Tesoro. Se calcula que no menos de un billón adicional hasta fin de año, la mayor parte concentrada en el último bimestre.

La inflación volvería con más fuerza a escena en los últimos meses del año, producto del aumento de la brecha cambiaria, los problemas para importar y la expansión monetaria. El piso para los últimos tres meses difícilmente baja del 2,5% y podría ubicarse encima de 3% mensual hacia fin de año. Si bien son números más bajos que en 2019, le pega fuerte a los bolsillos en un año de escasos incrementos salariales.

Pero del otro lado difícilmente se produzca la ansiada acumulación de reservas. En otras palabras, habrá cada vez menos dólares para hacer frente a una mayor cantidad de pesos, lo que derivaría eventualmente en medidas cambiarias aún más restrictivas. Y el escenario más probable es que la presión sobre la brecha cambiaria siga aumentando, es decir que el “contado con liquidación” y el informal continúan con tendencia alcista. Para colmo el proyecto de Presupuesto 2021 presentado por Martín Martín Guzmán no aporta tranquilidad. El déficit fiscal será de 4,5% del PBI y una buena parte tendrá que ser cubierto con más emisión.

La incertidumbre tiene hoy en la Argentina muchas aristas. El desbalance financiero y cambiario es lo más acuciante, pero también lo es la falta de un rumbo claro y de decisiones que alienten las inversiones. El arribo a la Argentina de una nueva misión del FMI en octubre posiblemente sea un momento propicio para discutir sobre la presión tributaria récord, qué pasará con el mercado laboral o las condiciones para atraer inversiones. Salvo que todo quede encapsulado en la discusión sobre la posibilidad de acelerar el sendero hacia el equilibrio fiscal (un clásico del Fondo).

Posiblemente la misión del FMI que llegará el mes que viene se concentre en los temas fiscales y la necesidad de que el Gobierno acelere el ajuste, luego de haber proyectado un alto déficit primario de 4,5% del PBI para el año que viene. No será fácil que se discuta sobre estructurales, al menos en esta instancia

Pero también aparece en un lugar destacado de la agenda el rol que tendrá la Justicia. La Corte Suprema tendrá que resolver dos temas que tienen gran impacto en el futuro de la economía. Uno de ellos está vinculado con la decisión del Gobierno nacional de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para pasárselo a la provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal tendrá que expedirse en un tema muy sensible como es el reparto de impuestos que se hizo por decreto y de manera discrecional por parte del Gobierno nacional.

El polémico “impuesto a la riqueza” será el otro proyecto que tiene destino de Corte en caso de transformarse en ley. Ya salió el dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda y estaría en condiciones de ser discutido en la Cámara Baja. Sin embargo, la exigencia de Cambiemos para que se trate en forma presencial podría extender significativamente los tiempos. El bochorno del último jueves dejaría al oficialismo con pocos argumentos para insistir con las reuniones virtuales, en particular para un tema tan sensible.

Carlos Heller, Alberto Fernández, Martín Guzmán y Máximo Kirchner

Carlos Heller, al frente de la comisión en Diputados, modificó la fecha del 31 de diciembre de 2019 para tomar en cuenta el patrimonio de los potenciales contribuyentes para que la ley no caiga por cuestiones de “retroactividad”. Ahora se tomarán en cuenta los bienes al día de la promulgación.

El tratamiento del denominado “impuesto a la riqueza” podría demorar más de lo previsto en el Congreso, ante la postura de Cambiemos de discutirlo en una sesión presencial. Las alícuotas fueron consideradas “confiscatorias” por los tributaristas y el tema llegaría a la Corte Suprema, si es que se aprueba

Pero el punto más polémico está relacionado con la posibilidad de que se trate de un impuesto “confiscatorio” y por ende inconstitucional. Sumando Bienes Personales y el nuevo gravamen, un individuo de alto poder adquisitivo tendría que pagar hasta el 7,5% de todo su patrimonio al fisco en un solo año. No hay en el mundo un impuesto patrimonial con semejante alícuota. Los casos de Marcos Galperin (Mercado Libre) y de Federico Tomasevich (Puente) son sólo los más conocidos entre muchos empresarios, banqueros e inversores que prefieren la protección que ofrece Uruguay a quedar sometidos a esta presión impositiva agobiante.

Luciano Laspina, diputado de Juntos por el Cambio, fue quien tuvo el comentario más lúcido al criticar el proyecto. En su exposión por Zoom, aseguró que “aún cuando afecte a una sola persona, una ley puede ser injusta e inconstitucional”. Uno de los argumentos más fuertes que repite Heller es que “solo” 253 contribuyentes tendrían que pagar 150.000 millones de pesos. O sea que el argumento para defender la ley está principalmente vinculado al hecho de que afecta a poca gente.

La incógnita es en qué lugar se terminará parando la Corte Suprema, en temas que están íntimamente ligados a la seguridad jurídica. En un Estado donde el Poder Ejecutivo toma cada vez más atribuciones, avanzando incluso en áreas estrictamente reservadas al Poder Legislativo, se vuelve un imperativo entender de qué lado se terminará parando la Justicia.