Todo indica que la tercera será la vencida y por fin el Congreso avanzará con la sanción de una ley que modifique el régimen de financiamiento de los partidos políticos para permitir que las empresas privadas puedan poner dinero en las campañas, pero también para bancarizar los aportes, entre otras medidas destinadas a elevar los estándares de transparencia del proceso electoral.

Tras dos intentos frustrados a fines del año pasado y con el trasfondo de las revelaciones de los cuadernos de las coimas sobre la recaudación de dinero negro de empresas privadas por parte del kirchnerismo, el Gobierno parece haber despejado los escollos que habían planteado a sus socios de la UCR y de la Coalición Cívica y que hasta ahora impidieron discutir el tema en el Congreso.

Ahora, la intención es sancionar la ley antes de mayo para que, de esa manera, empiece a regir en la campaña electoral presidencial de este año. Así lo afirmaron voceros de la Casa Rosada a LA NACION, quienes aseguraron que el financiamiento de las campañas y el régimen penal especial para combatir la violencia en el fútbol serán "prioridad" en la agenda parlamentaria que el Gobierno pretende impulsar en los próximos meses.

Según esas fuentes, la diputada Elisa Carrió y la Coalición Cívica mantendrán su rechazo a permitir los aportes de empresas privadas a las campañas, pero "no entorpecerán la [sanción de la] ley" cuando el proyecto se discuta en la Cámara de Diputados.

La iniciativa comenzaría a ser debatida en marzo, -es casi un hecho que no habrá sesiones extraordinarias en febrero-, y será el Senado el que pondrá en marcha el trámite legislativo.

La base de la discusión será el dictamen firmado en noviembre del año pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales a partir de las negociaciones entre el presidente de ese cuerpo, Dalmacio Mera (PJ-Catamarca), el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, y el senador Angel Rozas (UCR-Chaco).

Ese texto permite aportes privados por hasta un 5% del total de los gastos que la ley autoriza a los partidos políticos a gastar en una campaña electoral.

La versión final reduciría ese monto al 2% del total, en sintonía con el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados.

Críticas de Carrió

A pesar del amplio consenso político alcanzado en el Senado, el proyecto quedó cajoneado luego de que Carrió criticara en duros términos la posibilidad de habilitar el aporte de empresas privadas a la campaña.

Aquellas quejas, enmarcadas en un enfrentamiento más amplio de la líder de la Coalición Cívica con Mauricio Macri, llevaron a que el peronismo decidiera postergar el debate.

En aquel momento, los legisladores de la oposición adujeron que no podían votar algo que ni el oficialismo estaba dispuesto a respaldar de manera unánime.

El Gobierno volvió a la carga y puso el proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias de diciembre último. Pero en aquel caso decidió iniciar el debate en la Cámara baja. Sin embargo, una vez más, la interna oficialista bloqueó la posibilidad de avanzar con el cambio en el régimen de financiamiento de los partidos. A la resistencia de Carrió se sumó entonces el malestar de la UCR con el ala política del Gobierno por el fiasco de la elección de los representantes del Consejo de la Magistratura.

Para el radicalismo, la Casa Rosada no jugó a fondo y permitió que todas las vertientes del peronismo se unieran para arrebatarle uno de los dos sitiales que tenía el oficialismo, y en particular el radicalismo, en el órgano encargado de seleccionar y enjuiciar a los jueces.

Ante ese clima de sospechas y disputas internas, el Gobierno buscó impulsar el tratamiento del proyecto en el Senado. Pero, otra vez, el peronismo se negó a iniciar el debate si el oficialismo no unificaba una posición.

Ahora, el escenario parece haber cambiado. El malestar en la UCR se redujo, aunque persiste la molestia, ahora por la designación de la plaza vacante en la Cámara Nacional Electoral que pretenden los radicales.

Carrió, por su parte, se comprometió a no entorpecer el trámite legislativo del proyecto.

Además, en los últimos días aumentó la presión de organizaciones no gubernamentales y empresariales que salieron a reclamar la sanción de un régimen con mayor transparencia y control en el financiamiento de la inminente campaña electoral de cara a las presidenciales de octubre (ver aparte).

A esto se suma que el peronismo del Senado estaría dispuesto a darle luz verde al debate. Ese guiño podría terminar de cristalizarse en un compromiso concreto esta semana, cuando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reúna con el jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro), en la Casa Rosada. El encuentro se concretaría mañana.

Por último, en el Gobierno también se entusiasman con la posibilidad de que tanto al Frente Renovador como el peronismo no kirchnerista de la Cámara baja sumen sus votos. Si lo logra, todo indica que este año, en el que se elegirán presidente, gobernadores y legisladores nacionales y provinciales, habrá una nueva ley y una cuota de mayor transparencia y control en el financiamiento de los partidos políticos.