La oposición jugó su última carta para pelear el financiamiento de las campañas electorales. Sobre el fin del plazo legal y en una acción conjunta, casi todos los partidos políticos enfrentados al oficialismo (excepto el FIT y el MST) impugnaron la reglamentación de las PASO provinciales.

Ayer, los presidentes partidarios de la oposición presentaron ante la Suprema Corte de Justicia un pedido de inconstitucionalidad del decreto 2.400/14, el cual fue publicado hace exactamente un mes. Esta reglamentación operativiza la ley 8.619 pero se suspende el pago estatal de las publicidades electorales, argumentando que no hay una partida presupuestaria destinada a tal fin.

A su vez, la presentación incluyó una medida precautoria para frenar los efectos de la reglamentación hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Esta última solicitud obliga a la Suprema Corte a pronunciarse en 30 días.

Lo que piden en la cautelar es que, por un lado, se prohíba el aporte de privados y terceros a las campañas (habilitado por el decreto) y, a su vez, emplazan al Gobierno para que destine pautas reconducidas en conceptos de publicidad y propaganda.

“Al día de la presente solicitud, se sigue 'gastando' en publicidad oficial sin necesidad de aprobación del Presupuesto 2015”, sostiene el escrito. En números, la oposición pide al Estado que destine $ 40 millones para las próximas campañas de las elecciones provinciales y municipales, cifra que “no alcanza el 5% del total que se destina a fines publicitarios del Gobierno”.

Los firmantes fueron  los titulares: de la UCR (Sergio Pinto), del Pro (Gustavo Cairo), del PD (Richard Battagión), de Libres del Sur (Ernesto Mancinelli), de la Coalición Cívica-ARI (Gustavo Gutiérrez) y del Partido Socialista (Carlos Maniero). Todos los referentes aprovecharon para sacarse una foto de unidad.

“Es una intromisión de un poder (Ejecutivo) en otro poder (Legislativo). Hay una ley que claramente no puede modificarse por un decreto: se preveía el financiamiento estatal para que todas las agrupaciones políticas compitieran en condiciones de igualdad”, fundamentó Pinto el pedido de inconstitucionalidad.

“Es imposible sostener dos elecciones generales como nos obliga la ley,  por lo tanto (sin financiamiento) carecen de sentido. Es inconstitucional legislar por decreto y menos en materia electoral”, agregó Battagión en torno a la misma idea. 

“Los que se benefician con estas medidas son los que desesperadamente necesitan poder aportar financiamiento en la campaña; estos son los que necesitan permisos de riegos, los proyectos mineros o el mismo narcotráfico. Estos son los grandes beneficiados porque ahora tienen a quien beneficiar”, apuntó Gutiérrez.

Los antecedentes

Las PASO fueron creadas para evitar dos situaciones: las internas partidarias y la imposición de candidatos que llegan al poder luego de campañas exorbitantes, financiadas en ocasiones por aportes privados de orígenes cuestionables. De allí que muchos sostengan que el pago estatal de las campañas, en donde todos compiten en igualdad de condiciones, es parte del espíritu de la ley.

En nuestra provincia, esta disposición fue impulsada por el oficialismo (en sintonía con lo que ocurrió a nivel nacional), pero frenada por dos decretos del gobernador Francisco Pérez: el 2.075/14 y el 2.400/14. 

El 18 de noviembre, Pérez sacó el primer decreto, en el contexto de la convocatoria a elecciones desdobladas que hizo Rodolfo Suárez, intendente interino de Capital, y suspendió “para las elecciones provinciales y/o municipales que se realicen durante 2015, la obligación establecida en la Ley 8.619 a cargo del Estado provincial de financiar las campañas de publicidad electoral”.

Esta disposición, a su vez, volvió a permitir que “privados y terceros” destinen dinero a las campañas. Este primer decreto fue impugnado por el PD y por la UCR de San Carlos (este pedido fue rechazado).

En torno a la primera presentación, los demócratas dan casi por hecho que pronto habrá la resolución favorable a su postura. “Estábamos esperando que se dicte la inconstitucionalidad del 2.075, pero no tuvimos el fallo. De allí que recién ahora hagamos esta impugnación”, explicó el presidente del PD por qué demoraron la presentación.

En los hechos, aunque la Suprema Corte falle a favor del PD (sobre el primer decreto), la existencia del segundo decreto reglamentario mantiene con vida la suspensión del pago de las campañas. 

Otro de los motivos que contextualiza la presentación de ayer es el nuevo destino del Presupuesto 2015: la pauta de gastos deberá pasar por la  comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado.

Con esto, se espera que se vuelva a mover el proyecto recién después de las elecciones del 21 de junio, tal como lo quiso el oficialismo. Con esto, la modificación que la UCR  logró introducir en Diputados (se fijó una partida específica para las campañas por $ 40 millones) se vuelve abstracta por más que se termine aprobando. 

Entre los riesgos, los referentes partidarios decían ayer que, de continuar con este escenario, el día de mañana cualquier ciudadano podría pedir la anulación de los comicios, ya que se hicieron en base a la violación de una ley.

La protesta de Uceda

En alusión a la faja que la Cámara de Publicidad de Mendoza pegó el martes a la noche sobre sus afiches, acusándolo de “robo” de espacios publicitarios, el pre-candidato del MST Gerardo Uceda colocó una faja sobre la Casa de Gobierno, denunciando a Francisco Pérez con la leyenda: “Este gobierno roba financiamiento público”. 

 Sobre la iniciativa comentó: “El Gobierno, de manera ilegal e inconstitucional, suspendió el financiamiento público de publicidad electoral, que es lo que dota a las campañas un mínimo nivel democrático. Así impide que las expresiones independientes podamos acceder a espacios en los medios”.