Por: Alejandro Bercovich.

La bisagra siempre bien aceitada que articula al Estado argentino con los grandes grupos empresarios locales empezó a chirriar al calor del debate del DNU y la –ahora mutilada– ley ómnibus con los que Javier Milei inauguró su presidencia. Hay tanto en juego que el oficialismo no pudo disimular haber cedido a la presión de los laboratorios para que revocara su prohibición inicial de recetar medicamentos por marca, ni el peronismo tucumano ocultar su propia inmolación en defensa de las barreras arancelarias que seguirán protegiendo a Ledesma de la competencia importada pese a que el kilo de azúcar se encareció un 421% en los últimos 12 meses, el doble que la inflación. 

Si parte del establishment ya había logrado meter cuchara en el articulado original de los dos instrumentos con los que Milei pretende refundar el país, la temporada de lobby que se abrió con las sesiones extraordinarias despabiló a los que se habían quedado afuera. Así, por el ejemplo, el consultor Daniel Gerold no tuvo descanso hasta que las petroleras lograron retocar el primer borrador gracias a los buenos oficios del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Lo último fue el artículo 33, que facultaba al Ejecutivo para revisar cualquier contrato previo al 10 de diciembre –incluso el Plan Gas– con solo invocar la “emergencia”. El heredero del astillero marplatense Contessi, un libertario entusiasta que también juega en el sector pesquero y a quien había sorprendido el fin de la exclusividad para los buques argentinos, consiguió revertirlo. El oligopolio granelero logró mantener el corte obligatorio de los combustibles con biodiesel y bioetanol. El viernes por la noche también le dobló el brazo al ministro de Economía, Luis Caputo, con la tímida suba de retenciones que proponía. 

Mucho más silenciosamente, las familias más ricas del país empezaron a moverse para no quedarse afuera de la nueva ola de privatizaciones que la oposición autopercibida “dialoguista” no cuestionó y que se mantiene firme en el proyecto. Aún sin YPF, el botín todavía es jugoso: incluye al Banco Nación y a las centrales nucleares Atucha y Embalse, pero especialmente a las acciones en poder de la ANSES, heredadas de las AFJP cuando el sistema de capitalización previsional fue estatizado en 2008. Además de bonos y otros activos que el proyecto también habilita que sean liquidados, esas tenencias accionarias comprenden ni más ni menos que casi el 30% del Banco Macro, la cuarta parte de Edenor (Manzano), de Consultatio (Costantini) y de TerniumSiderar (ex SOMISA, en manos de Techint) y la quinta parte de La Anónima (Braun), Molinos (Perez Companc), Mirgor (Caputo) y Pampa (Mindlin), entre muchas otras que pueden verse en el siguiente gráfico.

Participación accionaria y participación del FGS en empresas. Fuente: FGS-Anses

¿Cuánto?

Caputo mencionó por primera vez la venta de esas acciones cuando, bastante antes del batacazo ultraderechista en las PASO, empezó a delinear el programa que desplegaría en lugar de la dolarización “a la Emilio Ocampo” que Milei seguía esgrimiendo como argumento central de la campaña. En un informe de su consultora, Anker Latinoamérica, distribuido el 24 de mayo de 2023 entre sus abonados y titulado “¿Es viable una dolarización?”, distinguió entre los bonos de deuda pública en poder de la ANSES y las participaciones en compañías. Los primeros, escribió Caputo, “no deben venderse porque implicaría transformar deuda intra-sector público en deuda con el sector privado a tasas aberrantes” y “porque aún si se intentara, no habría demanda en el mercado para absorberlos”. A las segundas, en cambio, las incluyó en el lote de “activos financieros que podrían respaldar la dolarización”. Estimó que de su liquidación podrían obtenerse unos U$S 4.000 millones. 

Al defender a principios de enero ante el plenario de comisiones de Diputados el proyecto de ley ómnibus y la liquidación de los activos, el secretario de Finanzas y mano derecha de Caputo, Pablo Quirno, valuó esas mismas tenencias accionarias en U$S 5.500 millones. Dijo que “servirían solo para pagar dos meses de jubilaciones y asignaciones” y que por eso el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) “no garantiza nada ni es un fondo anticíclico”. El nuevo jefe de la ANSES, Osvaldo Giordano, recalculó el valor total del Fondo al tipo de cambio “contado con liqui” y lo tasó en U$S 32.658 millones, menos de la mitad de lo que declaraba (al dólar oficial) el Frente de Todos. Pero incluso tomando esos datos, que habría que actualizar en función de la nueva brecha cambiaria, la parte de las acciones fue la que más se valorizó. Entre enero y noviembre trepó de 3.646 a 5.678 millones de dólares y explicó la mitad de lo que se revalorizó el FGS (18% en dólares en esos 11 meses), pese a representar apenas el 15% del activo total.

Luis Caputo, ministro de Economía. Anunció que retira el capítulo fiscal de la ley ómnibus, pero la ola privatizadora queda. NA

Más allá de esa ganancia, en el Palacio de Hacienda ven al FGS como un capital invertido ineficientemente. Es lo mismo que opina a elDiarioAR uno de los dueños de la parte controlante de una de las compañías donde la ANSES es socia minoritaria: “Es plata muerta, que al Estado no le sirve para nada, que no le da intereses ni dividendos, y mientras tanto el mismo Estado paga un montón de intereses por otras cosas”. 

Con ese mismo argumento financiero, en 2016, tras lograr derogar la exigencia de una mayoría especial de dos tercios que había fijado en 2015 el kirchnerismo en el Congreso, el propio Caputo habilitó como ministro de Finanzas a la ANSES a desprenderse de las acciones que tenía en Petrobras Argentina. Las compró Pampa Energía, que acababa de adquirir dos tercios de la filial y lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el resto. El FGS tenía un 12% y aceptó vendérselo al holding de Mindlin a $10,37 por acción. Pero poco después la filial se fusionó con Pampa y los papeles subieron a $18. Caputo fue denunciado por los diputados Victoria Donda y Rodolfo Tailhade junto al entonces jefe de la ANSES, Emilio Basavilbaso, pero ambos fueron sobreseídos en marzo de 2019 por el juez Claudio Bonadío.  

¿Para qué?

Más allá de las fluctuaciones del precio de las acciones, muy atadas a los vaivenes de la economía, haber heredado esas participaciones le permitió al Estado sentarse a discutir en sus directorios algunas decisiones de esas empresas. Durante los primeros años se mantuvo como un socio rentista, pasivo, pero a partir de 2011 empezó a hacer valer los derechos políticos que le daban las acciones y a designar directores por la minoría. De esa intervención, molesta por momentos, también buscan liberarse los grupos que ahora pugnan por recomprar las acciones que Milei propone vender. Cuando empezó a producirse ese desembarco, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) advirtió: “El objetivo de las inversiones del sistema previsional no es influir en el gobierno de las empresas sino preservar el capital y obtener una buena rentabilidad de largo plazo. Es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando el avance de la participación estatal en dicho ámbito”.

La convivencia no fue siempre conflictiva. A la misma Pampa Energía, por ejemplo, los directores por el Estado la ayudaron a asociarse a YPF en Rincón del Mangrullo, el bloque gasífero no convencional que luego se convirtió en el de mayor producción de toda la cuenca neuquina. A Central Costanera, a refinanciar su deuda y salir del patrimonio neto negativo. Con Mirgor, fuentes de la empresa dijeron a elDiarioAR que “su actitud fue siempre colaborativa”. En el Macro, otro directorio donde la ANSES pisa fuerte, el Estado no discutió ninguno de los pasos que dio en estos años la familia Brito. 

Emilio Basavilbaso, jefe de la Anses durante el gobierno de Macri y actual COO (Chief Operating Officer) de Clarín. Fue denunciado junto a Caputo por la venta de acciones de Petrobras. Télam

Sí hubo tensión con los grupos Techint y Clarín, donde Axel Kicillof y Guillermo Moreno protagonizaron sonoros enfrentamientos públicos con los controlantes. Con Techint todo empezó cuando el actual gobernador bonaerense y entonces viceministro hizo pesar el 26% del fisco en TerniumSiderar para reclamarle que invirtiera su ganancia de 2011 en una nueva colada continua de acero en vez de distribuirla entre los accionistas, algo que Paolo Rocca terminó por aceptar. “Habría que fundir al señor Rocca, pero no lo vamos a hacer”, llegó a advertirle en 678 en lo más álgido de la batalla. En secreto, por esos días, Rocca le ofreció a Cristina Kirchner U$S 600 millones para la ANSES por ese 26% de las acciones. Ella se negó. Hoy el paquete vale unos U$S 1.000 millones. 

Clarín, por su parte, emitió las acciones que hoy tiene la ANSES en 2007, cuando abrió su capital en las bolsas de Londres y Buenos Aires. Se las vendió a las AFJP a $32 cada una. Un año después, crisis financiera global mediante, valían $4,60. Hubo denuncias de arreglo con los gerentes de las administradoras para que las compraran caras a costa de los futuros jubilados, especialmente cuando se supo que uno de los accionistas individuales del grupo había vendido cinco millones de papeles al poco tiempo de su emisión. Pero tampoco prosperaron en la justicia. Las gestiones de Moreno –recordadas por su caricaturesco llamado a pelear con “casco o guantes”– no torcieron ninguna decisión relevante. El actual COO (Chief Operating Officer) de Clarín es Basavilbaso, el jefe de la ANSES durante toda la gestión de Macri que llegó a avanzar unos pocos pasos por el mismo camino que hoy Caputo apunta a completar.

¿Quiénes?

Durante la pandemia, Rocca intentó una movida audaz: que Ternium Internacional se quede con las acciones de Ternium México que tiene su filial argentina. Ofertó U$S 1.000 millones, más un dividendo extraordinario de U$S 900 millones. Chocó, una vez más, con la resistencia del 26% en manos de la ANSES. Por eso aparece al tope de los interesados en deshacerse de ese socio molesto. 

Los banqueros también se anotan. “No vemos que vayan a poder vender pronto, pero por supuesto que lo analizaríamos”, dijo el vocero de una de las entidades con directores por el FGS en su mesa. Además del Macro están el Galicia, el Patagonia, el Francés, el Hipotecario, el Supervielle y el de Valores. Todos también se frotan las manos ante la posibilidad de alzarse con sucursales estratégicas del Nación o alguna de sus subsidiarias. 

Rocca aparece al tope de los interesados en deshacerse del "socio molesto". Twitter

Los Perez Companc, dueños del Galicia y de otras dos de las compañías “infiltradas” por la ANSES (Molinos Agro y Molinos Río de la Plata), empezaron a merodear las centrales nucleares a las que Milei les colgó el cartelito de venta. Ya son socios mayoritarios de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Conuar, la empresa que provee uranio natural y enriquecido a las Atucha y a Embalse, pero si se hicieran del control de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) se quedarían con la gestión y la renta. Ya se lo plantearon a Rodríguez Chirillo. El principal pasivo (la gestión definitiva de los residuos y un eventual desmantelamiento de las centrales cuando terminen su vida útil) quedaría a cargo del Estado.

Como en la fábula de la lechera y el cántaro, todo depende de que el proyecto de ley ómnibus (aunque sea reducido a combi, como quedó el viernes) se abra camino en el caos parlamentario que desataron las extraordinarias. Algo de lo que también estarán pendientes en Washington esta semana, donde el lacónico Leonardo Madcur –que ya se cambió la camiseta de Sergio Massa por la de “Toto”– procura que el directorio del Fondo Monetario apruebe el desembolso de U$S 4.700 millones que Kristalina Georgieva le prometió a Milei en Davos.