A más de tres meses del inicio de la causa penal para reclamar el pago millonario de montos atrasados al Ejecutivo local, desde la Obra Asistencial Mutual (OAM) reconocieron escasos avances a los pedidos que se elevaron al Gobierno y cuestionaron la postura de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Hernán Mourelle, al asegurar que todavía no hubo contacto “con absolutamente nadie” de esa cartera.

“Si no se habla y una proyección hacia adelante, va a ser muy difícil que lleguemos a buen puerto porque no se abrió ninguna instancia de diálogo más que las buenas intenciones de algún presidente de ente”, explicó a El Marplatense Rubén Pili, quien preside la entidad.

En este marco, el dirigente dijo que la deuda se llegó a reducir en un 40 por ciento por el aporte que realizaron algunos entes municipales, aunque remarcó que queda pendiente el pago de más de 13 millones de pesos. “Sin comprometer cuestiones a futuro y con esfuerzos esporádicos no vamos a solucionar el problema del fondo, que es la generación de nueva deuda todos los meses”, aseveró.

“Más allá de esto, no tuvimos contacto con absolutamente nadie de Hacienda, con lo cual seguimos nadando en este fango que no nos permite ir hacia ningún lado“, señaló Pili, quien aseguró que mantendrá la “misma postura” mientras esté “el cuerpo para hacerlo”.

A fines de esta semana, OAM tiene previsto realizar otra asamblea con afiliados en la que se trazará un repaso del conflicto con el Municipio para volver a evaluar el estado de situación y definir los pasos a seguir. Su presidente, en este sentido, no descartó la posibilidad de intentar dar un mayor impulso a las acciones  en la Justicia.

DENUNCIA PENAL

En el cierre de enero, OAM acusó al Intendente Carlos Arroyo, junto al ex Secretario de Economía y Hacienda, Gustavo Schroeder, y al actual, Hernán Mourrelle y al ex presidente del Ente Municipal de Turismo, Mario Marchioli, y a la actual titular, Gabriela Magnoler, por los delitos de “Malversación de fondos públicos”, “Incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos” y “Administración fraudulenta”.

En conferencia de prensa, el jefe comunal había atribuido la denuncia a “acusaciones totalmente falsas” al sostener que nunca se debieron aportes previsionales sino “patronales”. “Hay una evidente intención política”, consideró.