La decisión de la Corte provincial, que dio por válida la elección del peronista Juan Manzur como gobernador, hace menos predecible la resolución de la Corte nacional. Este tribunal deberá decidir ahora entre dos posiciones distintas de la justicia tucumana: la de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que anuló los comicios, y la de la Corte local, que revocó esa resolución y autorizó a Manzur a asumir como gobernador.

La Corte Suprema de la Nación suele tomar casos provinciales para sentar una jurisprudencia nacional. En 2013, antes de que Sergio Massa ganara las elecciones bonaerenses y aniquilara el sueño de Cristina Kirchner de una re-reelección, la Corte sepultó la ambición de Gerardo Zamora de presentarse a una segunda reelección como gobernador de Santiago del Estero, que la Constitución provincial prohibía. La oposición radical, con el patrocinio del jurista Ricardo Gil Lavedra, recurrió a la Corte Suprema de la Nación para apelar dos fallos provinciales, incluido uno del Tribunal Supremo santiagueño, que habían beneficiado a Zamora. La Corte Suprema revocó las dos sentencias provinciales y Zamora debió resignarse a ser senador nacional. Dejó la gobernación en manos de su esposa, la actual mandataria santiagueña.

En aquellos momentos, la Corte no sólo estaba mirando a Zamora, sino también a Cristina Kirchner, cuyos seguidores propiciaban un tercer mandato consecutivo, que también la Constitución nacional prohíbe. La decisión de la Corte sobre Zamora y la posterior derrota del oficialismo en territorio bonaerense callaron definitivamente las propuestas reeleccionistas del cristinismo.

La Corte Suprema viene preocupada ahora por las denuncias de fraude que hubo en el país y por los plazos muy cortos que habrá entre la primera vuelta presidencial y la segunda ronda, y entre ésta y la fecha de asunción del nuevo presidente. Los jueces del máximo tribunal de justicia debatieron en los últimos días sobre el clima electoral de sospechas que existe muy cerca de la primera vuelta, el 25 de octubre. Algunos de ellos, pero sobre todo su presidente, Ricardo Lorenzetti, suelen hablar permanentemente con los jueces de la Cámara Nacional Electoral, que también han dado muestras públicas de preocupación por lo que sucedió en Tucumán. Ninguno olvidó lo que pasó en el conurbano bonaerense durante las elecciones primarias de agosto, donde los caciques del Gran Buenos Aires se pavonearon robando boletas (sobre todo de Mauricio Macri) que aparecieron tiradas en alcantarillas y cunetas.

Los plazos en Tucumán son más cortos aún que los de las presidenciales. El mandato de José Alperovich concluirá el 28 de octubre, y la Corte Suprema nacional necesitará entre 25 y 30 días para notificar a las partes. También deberá pedirle su opinión a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. La única buena noticia que hubo desde Tucumán es que la Corte provincial no demoró su sentencia, lo que permite abrir de inmediato el recurso ante la Corte Suprema nacional. La Corte provincial podrá aceptar -o no- la apelación ante el máximo tribunal del país. Si la aceptara, el caso caería en manos de los jueces supremos en los próximos días. Si la rechazara, la oposición liderada por José Cano podría recurrir en queja ante la Corte Suprema nacional.

Es más que probable que la Corte Suprema nacional acepte ese recurso de queja, pero es improbable que los jueces tucumanos denieguen la apelación. ¿Por qué le negarían competencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Después de todo, todos son jueces y suelen encontrarse con frecuencia en seminarios, reuniones y eventos. ¿Por qué perjudicarían hasta relaciones personales? La Corte Suprema nacional está habilitada para interpretar la Constitución argentina en elecciones provinciales. Ya lo hizo en 2007, cuando trató y resolvió sobre las denuncias de fraude de Luis Juez contra el entonces gobernador electo de Córdoba, Juan Schiaretti. La Corte le dio la razón a Schiaretti.

La Corte Suprema nacional tendría una ventana de muy pocos días para ordenar una nueva elección en Tucumán, si ésa fuera su decisión final. De cualquier forma, existe el criterio entre los jueces supremos de que no se necesitará recorrer un nuevo proceso electoral íntegro, que requeriría de cuatro meses. Éste es el riesgo que agitó Alperovich cuando pronosticó que una nueva elección impondría la intervención federal en Tucumán. Ese proceso íntegro necesita de un tiempo para exhibir un padrón provisorio que pueda ser impugnado, de la confección posterior de un padrón definitivo y de la elección de los candidatos de cada partido o alianza. Todo eso está hecho en Tucumán. Se trataría, en todo caso, de repetir el acto eleccionario de un domingo, que es el que fue impugnado ante la Justicia.

La Corte Suprema evaluará seguramente hasta dónde se probó que hubo robo de urnas, compra de votos, falsificación de actas, modificación de las actas en los telegramas, cambio del contenido de las urnas, falta de registro de lo que pasó con las urnas por la destrucción de la grabación fílmica y hasta en qué medida pudo afectar el resultado de los comicios la quema de urnas. El propio Alperovich aceptó públicamente que había repartido bolsas de comida en la capital de Tucumán, aunque aclaró que ahí perdió. ¿No es ésa una manera de comprar votos, práctica que constituye un delito?

Como en 2013 con el caso Zamora, lo que la Corte Suprema deberá resolver, antes que nada, es si existe la necesidad de que el tribunal fije una jurisprudencia nacional resolviendo un caso provincial. Tendrá que decidir si, en última instancia, no es el momento de advertirles a políticos y funcionarios que la democracia y su Constitución no admiten que se elimine de hecho la garantía, tan elemental como imprescindible, de la elección libre y limpia de los gobernantes.