El monto destinado al Fondo de Conservación de los Bosques Nativos para 2016 será de $ 246,4 millones. Esto equivale al 4,8% de lo que establece la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (o “Ley de Bosques”). 

El monto total del presupuesto para el año que viene se estableció en $ 1.569.412.091.951 (un billón quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos doce millones noventa y un mil novecientos cincuenta y uno). El artículo 31 de la ley de Bosques dice que “Las partidas presupuestarias (...) no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”. Sin embargo, cada año las cifras disminuyen mientras que la tendencia es que se vayan sumando áreas protegidas. 

El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) publicó luego de que se aprobó la ley de presupuesto para el 2016 una solicitud de incremento de los montos. Está integrado por las autoridades ambientales de todo el país. 

Desde el Cofema exponen que el dinero real que debería ser asignado, según el artículo 31, es de $ 5.049 millones, mientras que sólo se destinó un 4,8%. Para que se entienda, este dinero significa $ 19 por hectárea, explican desde el Cofema. Una cifra irrisoria. Cuando debería acercarse a los $ 90 por hectárea. “Implica poner en riesgo el bosque como bien social, hábitat de comunidades de pueblos originarios, pequeños productores y comunidades campesinas así como la pérdida de alternativas productivas en clara oposición al espíritu de la Ley”, concluye el informe del Cofema. 

Diez veces menos

Sebastián Malizia, director de la oficina de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia reconoció que Tucumán recibe alrededor de $ 6 millones. Una cifra que significa 10 veces menos de lo que le correspondería por Ley. El año pasado sucedió lo mismo, con el agravante que para el año que viene no se le asignó más dinero. 

El 30% de lo que se recibe va destinado al ítem “fortalecimiento institucional”, o sea, la compra de herramientas, vehículos y todo lo que se necesite para monitorear los desmontes y mejorar los bosques. El resto se destina a los propietarios de bosques que presenten un plan de manejo. Pueden ser privados, fundaciones u organismos públicos por ejemplo el mismo Gobierno o la UNT, que poseen reservas naturales.

Pero al poco dinero, se le suma la dilación en la liberación de los fondos. Malizia reconoció que por cuestiones de burocracia administrativa (nacional y provincial) están con una demora de dos años. También dijo que cada vez se presentan menos proyectos de conservación. Según él, una de las razones puede ser la demora de la entrega del dinero y otra los requisitos que deben cumplir los interesados en recibir el subsidio. Por ejemplo, tener los títulos de propiedad del bosque y estar al día en materia impositiva. 

“Cada vez somos más estrictos en estas cuestiones y se que hay muchos que interpretan que ponerse al día es un esfuerzo que no quieren hacer”, reflexionó. Este año solo se presentaron 20 planes de manejo. 

Desprotegidos

Las asimetrías en la asignación de fondos comenzaron en 2010, el mismo año que se implementó la Ley de Bosques. Los fondos asignados ese año fueron de $ 300 millones, cuando deberían haber sido de unos $ 821 millones. Cinco años después se le asignaron casi $ 50 millones menos. Sin mencionar que algunas ONG ambientalistas denunciaron que lo que se sacó para los bosques fue a parar al programa “Fútbol para Todos”. 

El total destinado para repartir entre las provincias en 2015 fue de $ 232,4 millones. Cada jurisdicción recibió un monto proporcional a la cantidad de área de bosque protegida bajo plan de manejo. Ese dinero sirve para compensar monetariamente a los propietarios de los bosques. Una manera de subsidiar el servicio ambiental que brinda su área boscosa. 

Según el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo elaborado por la provincia en 2010 hay 910.512 hectáreas de bosques declaradas. La mayor parte, 526.638 hectáreas, corresponden a la categoría I (color rojo - prohibición de desmonte); 219.413 hectáreas están dentro de la categoría II (amarilla - admite el uso pero no el desmonte) y 164.461 hectáreas están en la categoría III (zona verde - se puede desmontar). Esta superficie equivale el 1,78% de la totalidad de bosques nativos del país.