Al inicio de los alegatos en el juicio por la llamada “megacausa” tucumana de derechos humanos (208 víctimas de la última dictadura, 41 imputados), la querellante por familiares de desaparecidos Laura Figueroa pidió el jueves penas de 100 y de 80 años de reclusión en cárcel común para los responsables del centro de exterminio “El Arsenal”, al que consideró “ el Auschwitz tucumano ”.

Figueroa y otros cinco abogados de familiares de víctimas que alegaron el viernes –Julia Vitar, Inés Lugones, Daniel Weisenberg, Valentina García Salemi y Emilio Guagnini– coincidieron en calificar a los crímenes cometidos allí y en el centro clandestino de detención de la Jefatura de Policía como de “lesa humanidad” e “integrantes del delito internacional de genocidio”. También hubo coincidencia en imputarles a los acusados –sea en calidad de autores mediatos, partícipes necesarios o autores materiales– los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, tortura agravada, homicidio triplemente agravado, violación y abuso sexual, asociación ilícita y traición a la patria.

Sin embargo, la máxima pena solicitada para sus imputados por los cinco abogados que alegaron después de Figueroa fue la de prisión perpetua.

Uno de los ejes de los alegatos, sobre todo de los de Figueroa y Vitar, fueron las características de la denominada “lucha antisubversiva” de la dictadura –que en Tucumán comenzó un año antes con el Operativo Independencia– y la i mportancia que tuvo en ella la acción de los organismos de Inteligencia del Ejército y de las fuerzas de seguridad.

En tal sentido señalaron que el centro de exterminio que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en las afueras de la capital tucumana, era manejado por el Destacamento 142 de Inteligencia, que dependía del comando de la Quinta Brigada de Infantería, mientras que el centro de detención de la Jefatura de Policía estaba a cargo del Servicio de Información Confidencial (SIC) de esa fuerza, bajo supervisión de la Inteligencia militar.

Precisamente, las condenas y las penas solicitadas son para el segundo jefe, a cargo de Inteligencia, del Regimiento 19 de la Quinta Brigada, Camilo Angel Colotti, sus subordinados en esa unidad Ariel Orlando Valdivieso y Carlos Edgardo Trucco y para los oficiales del 142 Luis Orlando Varela, alias “Vargas” o “Naso”, Adolfo Ernesto Moore, alias “Medina”, Ramón Alfredo Ojeda Fuente, Fernando Torres, Luis Daniel de Urquiza y Augusto Leonardo Neme.

También para los especialistas en Inteligencia e interrogadores de la Gendarmería Alberto Montes de Oca, Tomás Güemes, Benito Palomo, José Sowinski, Ernesto Rivero y Omar “El Indio” Godoy.

Igualmente se pidió que fueran condenados a prisión perpetua el jefe del SIC, el ex comisario Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz, su supervisor militar Luis Edgardo Ocaranza, y los integrantes de las “patotas” de ese organismo, que suman más de 10 personas.

Para los militares Hugo Enzo Soto y Pedro Osvaldo Caballero, jefes sucesivos de la Compañía de Arsenales 5, dependiente de la Quinta Brigada, Figueroa pidió penas de 80 años, en tanto que Vitar y Lugones solicitaron 20 años de prisión como partícipes secundarios.

Para el cura José Mijalchyk, visto en El Arsenal por sobrevivientes, Figueroa pidió 80 años de reclusión.

Para el escribano Juan Carlos Benedicto, acusado de colaborador civil del 142, Lugones y Vitar pidieron la pena de 15 años de presión por el delito de tormentos agravados.