La Provincia permanecerá en emergencia en seguridad pública, en tratamiento de adicciones y en políticas carcelarias prácticamente hasta que termine el mandato del gobernador, Juan Manzur.

Esto quedará confirmado hoy, cuando la Legislatura debata los proyectos que apuntan a restituir el estado de excepción por la avanzada de los delitos contra la propiedad y del narcotráfico, y por la crisis que atraviesan cárceles, comisarías y otros sitios de arresto.

La sesión especial extraordinaria, prevista para las 8.30, tendrá este único asunto bajo debate. Fue convocada de urgencia el fin de semana por el presidente subrogante del Poder Legislativo, Julio Silman (PJ-Tucumán Crece), a instancias de una presentación de los radicales José Canelada y Adela Estofán. Los legisladores afines a Cambiemos advirtieron que la ley 8.931, que había declarado el estado de emergencia durante un año a partir de 2016, había perdido vigencia durante el fin de semana que pasó por falta de tratamiento. Además, junto a otros opositores, como Claudio Viña (Fuerza Republicana), Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario), Alberto Colombres Garmendia (PRO), Eudoro Aráoz (UCR) y Luis González (Arturo Illia), solicitaron la citación de los ministros Regino Amado(Gobierno, Justicia y Seguridad) y Gabriel Yedlin (Desarrollo Social), ya que estas áreas eran las encargadas de aplicar la ley de emergencia en seguridad y adicciones.

En ese sentido, estos parlamentarios objetaron a Amado sobre todo, ya que debía entregar el tercer informe cuatrimestral a la comisión especial de seguimiento del estado de emergencia, pero tuvo una mora de casi dos semanas.

Tres dictámenes

Ayer, la comisión permanente de Seguridad y Justicia de la Legislatura, a cargo de Javier Pucharras (PJ-Tucumán Crece), emitió un dictamen de mayoría, que apunta a reestablecer, a través de una nueva ley, la emergencia en seguridad. “No es una prórroga”, advirtió el ex intendente de Tafí Viejo. Agregó que en el recinto también se pondrán bajo debate dos dictámenes de minoría; uno es impulsado por el radical Fernando Valdez, quien propone que se le otorgue más potestades a la comisión especial de seguimiento de la emergencia; el restante lleva la firma de la peronista disidente Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular), cuya idea es establecer además la emergencia en seguridad vial en toda la provincia debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito.

Más allá de estas alternativas, todo indica que se impondrá el proyecto del oficialismo. Allí, explicó Pucharras, se incluirán dos modificaciones con respecto a la caduca ley 8.931. “Se incorporará al legislador Viña (que preside el comité de Lucha contra las Adicciones de la Legislatura) a la comisión de seguimiento del estado de emergencia; además, la nueva normativa tendrá una vigencia de dos años, hasta 2019”, dijo Pucharras.

El estado de emergencia en seguridad permite, por ejemplo, que se habilite a policías retirados a hacer tareas administrativas, a fin de que esos agentes puedan salir a las calles. También se otorgó la posibilidad de efectuar contrataciones directas de urgencia. Y se creó una comisión especial interpoderes que puede aportar a las políticas de seguridad del Ejecutivo.