El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, fue denunciado penalmente por organizar un asado con funcionarios de los tres poderes del Estado e intendentes de su provincia mientras se mantiene en vigencia el distanciamiento social obligatorio impuesto para frenar el impacto de la pandemia del coronavirus.

La presentación judicial fue efectuada el lunes por la referente local de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Alejandra Martínez Romero y por el abogado Gustavo Morales. En el escrito, tomaron como fuente la columna publicada el sábado en el diario tucumano La Gaceta, específicamente la nota "Fraude al Octavo Mandamiento" que salió en la sección "Fuera de Contexto", que redacta el secretario de Redacción Federico Türpe.

La denuncia también involucra al vocal de la Corte Suprema local, Daniel Leiva; al vicegobernador Osvaldo Jaldo; a los ministros del Interior, Miguel Acevedo, de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin y de Salud, Rossana Chahla. También se acusa a la diputada nacional del Frente de Todos Gladys del Valle Medina; al vicepresidente primero de la Legislatura provincial, Gerónimo Vargas Aignasse; a los intendentes peronistas Darío Monteros (Banda del Río Salí), Carlos Najar (Las Talitas), Javier Noguera (Tafí Viejo) y Aldo Salomón (Alderetes).

De acuerdo a la denuncia, el asado se habría realizado en la casa de la diputada Del Valle Medina y de su esposo, el intendente Monteros, en la localidad de Banda del Río Salí, 8 kilómetros al este de la capital tucumana, en medio de la cuarentena obligatoria por coronavirus.

De acuerdo al planteo judicial, los funcionarios "violaron lo ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto 297/2020, en particular el artículo 4, donde se establece que ante un supuesto de infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio corresponde la inmediata intervención de la Justicia Penal".

El escrito especifica que los funcionarios incurrieron en un "delito doloso", contemplado en el artículo 205 del Código Penal. "La doctrina nacional califica el delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal (al que hace referencia el decreto 297/20) como de peligro abstracto; es un delito doloso, y el autor debe conocer el deber impuesto por las medidas, la situación de riesgo de pandemia y la obligación de cumplir con dichas medidas en el caso concreto", indicaron Morales y Martínez en el escrito oficial.

"El autor debe conocer el deber impuesto por las medidas sanitarias, la situación de riesgo de epidemia y la obligación de cumplir con dichas medidas en el caso concreto", señalaron.

Los denunciantes aportaron una fotocopia del texto firmado por el columnista de La Gaceta, solicitaron que se libre oficio al Registro Inmobiliario de la Provincia "a fin de que informe sobre los inmuebles registrados a nombre" de Monteros y Medina en Banda del Río Salí, e hicieron reserva de ofrecer nuevas pruebas, entre otras medidas.

Por su lado, el presidente del colegio de Abogados de la capital tucumana, Marcelo Billone, criticó al vocal Leiva por su participación en un asado con el gobernador Manzur y con el vicegobernador Jaldo, y otros oficialistas durante la cuarentena. "El asado supone una franca violación al artículo 205 del Código Penal. Es indudable que las restricciones a las libertades impuestas por el Presidente de la Nación deben ser cumplidas por todos y que los funcionarios debieran predicar con el ejemplo", dijo Billone.