Se trata de Alejandra Martínez Romero, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, perteneciente a la seccional Nro. 5 de Tucumán. Si bien no selló la denuncia judicialmente, consideró tener pruebas respaldatorias para iniciar una demanda.
En declaraciones radiales, la especialista en leyes se refirió duramente al proceder de la Corte Suprema de Justicia tucumana en términos de licitaciones. “Es un mamarracho nunca antes visto y no están mostrando cómo administran las contrataciones directas, que para mí es igual a corrupción”, indicó. En esta línea, hizo alusión a “Brillante”, una de las empresas contratadas por el órgano judicial. “Aparece en todas las licitaciones públicas y pertenece a la ministra de Gobierno y Justicia (Carolina Vargas Aignasse) y a su marido, quienes tienen empleados esclavos que ganan 6 mil pesos”, dijo.
“Después, la corte contrató a la empresa ´La Luz´ de forma directa, sin licitación, y por dos años gastaron145 millones de pesos para que limpien los pasillos de casa central, lo que equivale a 6 millones mensuales, cuando ni siquiera entran a limpiar las oficinas”, criticó. Al respecto, contó sobre su pedido de acceso a la información pública correspondiente: “Me lo impidieron cuando la ley determina que cualquier ciudadano puede solicitarla”. En este sentido, insistió: “También pedí los últimos tres estados contables de la Corte, pero me los denegaron”.
Mientras tanto, aclaró que sigue luchando contra “esta burocracia” aunque fue pesimista con su pronóstico en materia judicial: “Vamos de mal en peor porque la cabeza de la Justicia está podrida, y me duele muchísimo porque nunca vi algo como esto; si los judiciales no tenemos justicia, ¿qué le depara al resto de los tucumanos?”, se preguntó.
“En la Corte son asnos pretendiendo impartir Justicia, no están dando en el blanco y erran sus decisiones constantemente”, apuntó. Además, explicó que está en contacto con los médicos de la provincia, quienes aseguran que “no les llegaron” los insumos por 200 millones de pesos para afrontar la pandemia. Cabe consignar que este monto se desprende de los excedentes financieros de la Corte, que fueron brindados al ministerio de Salud provincial.
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