Por: Álvaro Oliver González.

Ya lo hizo en mayo y lo ha vuelto a hacer en octubre: el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado -en una sentencia que todavía no es firme- el recurso de Valoriza contra la djudicación a Urbaser del servicio municipal de limpieza en La Laguna (Tenerife). En mayo, desestimó otro recurso de FCC, otra de las empresas que concurrieron a la licitación.

La adjudicación a Urbaser se formalizó en marzo de 2023, pero lleva desde poco después en vilo debido a que Valoriza y FCC presentaron recursos -primero ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos y después ante el TSJC-, disconformes con la puntuación recibida por la Mesa de Contratación del ayuntamiento.

Ambas sentencias han sido adelantadas esta semana por Diario de Avisos y Atlántico Hoy ha podido tener acceso a las mismas, así como a las conclusiones de los letrados que defendieron al Ayuntamiento de La Laguna en ambos procedimientos.

El caso FCC

Sobre las pretensiones de FCC, desestimadas por el TSJC en mayo en una sentencia que ya es firme porque la empresa no presentó recurso de casación al Tribunal Supremo, la empresa -que había resultado cuarta en la baremación- pretendía incrementar su puntuación en el apartado de "reducción de kilogramos de la fracción resto" aplicando una fórmula de cálculo para su propuesta y otra diferente para la de los demás.

En los cálculos presentados, FCC proponía una reducción del 86,56% para los ocho años del contrato. Sin embargo, dado que el pliego establecía que una reducción superior al 60% se considera baja temeraria, tras los trámites correspondientes, esta oferta se valoró con cero puntos.

Entonces, FCC presentó un recurso que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias estimó parcialmente, alegando que sus cálculos se habían realizado computando los porcentajes sobre el año inmediatamente anterior en cada anualidad y no sobre el año 0 (2019) como especificaban los pliegos. Si se tomaba por base el año 0, la reducción se quedaba en el 59,99% y no sobrepasaba el 60% establecido como límite para la baja temeraria.

El Tribunal aceptó la explicación e instó al Ayuntamiento de La Laguna que recalculase todas las ofertas, sin que FCC impugnase este acto. Sin embargo, más tarde, presentó otro recurso ante el TSJC tratando de lograr que la nueva fórmula de cálculo avalada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos se usase sólo para FCC y no para el resto de concurrentes, de forma que los puntos obtenidos le garantizasen la adjudicación. Esa pretensión fue rechazada en mayo por el TSJC.

Valoriza

Respecto a Valoriza, la empresa pretendió en primera instancia que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos anulase la adjudicación a Urbaser, considerando que había formulado variantes en su oferta respecto al punto de los pliegos sobre "fracción orgánica".

Concretamente, en la opinión del recurrente, "venían a ofertarse dos claras opciones en relación con la entrega a gestor autorizado o planta de compostaje autorizada de la fracción orgánica: 1) una planta piloto experimental de compostaje, y 2) una encomienda de gestión a TIBANNA Biometano Gran Canaria S.L., en su planta de tratamiento".

Pero esta pretensión fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Contratos, propiciando un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC -que ahora también ha desestimado-, alegando también otro motivo para descartar la oferta de Urbaser: que se había producido "una arbitrariedad en la adjudicación del contrato con infracción de los principios de igualdad y libre concurrencia que han de presidir la contratación pública, en la medida en que cualquier oferta que no se ajuste a los pliegos ha de ser inadmitida porque su admisión significaría una discriminación perjudicial para las empresas que sí respetan tales pliegos".

Aún cabe recurso

El rechazo del TSJC de este recurso de Valoriza aún está en plazo de recurso. La empresa podría presentar, antes de 30 días hábiles desde que salió la sentencia el 21 de octubre, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

A falta de que expire el plazo, y en vista de que FCC no agotó la vía judicial y asumió su sentencia en mayo, La Laguna está a las puertas de esquivar una bala, pues la revocación de la adjudicación hubiese frustrado una adjudicación de casi 180 millones de euros repartidos en los diez años que dura el contrato.