El anuncio de la visita se realizó ayer por la tarde en la sede de la Fundación Chadileuvú, donde su titular, Héctor Gómez, confirmó que el juicio que ese Tribunal iba a realizar este año en Buenos Aires, se postergó para 2012.

"Entre el 28 y el 31 de este mes van a llegar a la provincia el doctor Javier Bogantes, presidente del TLA, y un colaborador. La misión que trae es conocer en detalle el problema del río Atuel sobre el terreno, por eso se van a trasladar a Algarrobo del Aguila y Santa Isabel, allí la Secretaría de Recursos Hídricos va a disponer de un helicóptero para que se haga todo el recorrido del Atuel en nuestra provincia para comprobar el daño al ecosistema y el problema tremendo de desertización que se ha agravado de manera extraordinaria desde 1947 a la fecha cuando se cortó el río", explicó Gómez.

Esa recorrida se concretará el lunes 29 y también se hará una visita, por vía terrestre, al tramo mendocino que abarca el cauce del Atuel, desde la localidad de Carmensa. "Veremos cómo se corta allí el cauce del río, y cómo en Carmensa hacia el norte hay distintas áreas de regadíos y cómo desde allí en adelante el río se transforma en un cauce de escasa agua, casi siempre seco y con alta salinidad", comentó Gómez.

En la conferencia de prensa también estuvieron José Malán, Antonio Sapegno, Daniel Cardin y Leandro Altolaguirre, de la Fundación Alihuen.

El miércoles 31 del corriente, en tanto, se hará una doble actividad en Santa Rosa. Por la mañana un taller educativo donde los miembros del Tribunal expondrán la característica de su trabajo y cómo se deben presentar las causas que se presenten ante ese cuerpo.

Por la tarde, en la sede de Vialidad, se desarrollará un foro con la participación de la Fuchad, de la Asociación Alihuén, funcionarios de Recursos Hídricos y pobladores de Algarrobo del Aguila, Limay Mahuida y Santa Isabel. Gómez señaló que se trata de actividades "preliminares" al juicio, que se postergó por la situación de inestabilidad económica a nivel mundial, pero que se hará el año próximo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

-¿Los fallos del Tribunal son vinculantes?

-No, los fallos no son vinculantes, es un tribunal moral, que tiene gran repercusión internacional y lo que nos permitirá es que el tema se conozca, existe una gran disparidad en la política internacional en materia de recursos hídricos compartidos. Con países vecinos, nosotros nos comportamos de una manera y fronteras adentro, esa política no se cumple, se sigue la ley del más fuerte. El que está aguas arriba, hace lo que se le da la gana. De esta manera, el río Salado trae menos agua, porque la provincia arrribeña, San Juan en este caso, está haciendo diques, aprovechando el agua y llega menos agua el río Salado, que se ha transformado en un gran cañadón hipersalino", aseveró Gómez.

¿Mendoza irá?

Al juicio que realizará el TLA se invita las partes involucradas para que expongan sus razones, quiere decir que Mendoza puede no asistir. "No hay garantías de que los mendocinos asistan. Lo que se hace allí es presentar las pruebas de carácter legal, las históricas, las fotos, los testimonios de los pobladores, el daño ambiental. Sólo basta mirar el río, ir al oeste y ver el testimonio de lo que era y cómo se produjo este desastre ecológico", indicó Gómez.

La Fuchad recordó que Mendoza nunca cumplió los acuerdos ni tampoco el fallo de la Corte Suprema de Justicia. "Nos han robado un río, nos dejaron un cauce seco y nos dejaron las sales. A pesar del fallo de la Corte Suprema respecto a que se debe consensuar el uso productivo del río, eso no se ha logrado. A pesar del esfuerzo que han hecho los diferentes gobiernos pampeanos tratando de llegar a un tipo de acuerdo, la política de Mendoza siempre fue la de negar el agua, así como antes negaron la interprovincialidad del río", lamentó Gómez ante la prensa.

Más allá de la invalidez jurídica que tengan los fallos del Tribunal, la Fuchad resaltó la "resonancia" que puede tener el caso pampeano. "Creemos que exponer los derechos de La Pampa, y exponer la responsabilidades de aquellos que han ocasionado la desaparición del río, que son Mendoza y el Estado nacional, es de suma importancia. Ambas partes debieran establecer el equilibrio, compensar a nuestra provincia, reconocer los derechos y compartir el agua, hasta tanto se permita una actividad productiva y la recuperación de los ecosistemas dañados", concluyó Gómez.

Mendoza dice que lo postergó

El gobierno de Mendoza aseguró ayer que "no desistió" del proyecto de trasvase del río Grande al Atuel sino que, por ahora, lo postergó. Mariano Pombo, ministro de Infraestructura de esa provincia, salió a aclarar la situación tras la nota publicada por este diario el pasado sábado donde se detalló, en base a información del Coirco, que la administración cuyana daba marcha atrás con el emprendimiento.

Ayer, el sitio en internet www.mdzol.com publicó un reportaje con Pombo, donde asegura que se hará el trasvase y califica de "tendenciosa" la información. "Le falta la segunda parte porque no vamos a hacer el trasvase desde Portezuelo del Viento sino desde Bardas Blancas. Cambiamos el lugar, porque si lo hago de Portezuelo del Viento saco 24 metros cúbicos que no pasan por las turbinas, entonces nos perderíamos toda esa energía. De eso nos dimos cuenta por el estudio que hicimos y que develó que era más conveniente hacer el trasvase de aguas de más abajo", dijo el funcionario.

"El río Grande tendrá cinco presas. Dos de ellas son Portezuelo del Viento y más abajo estará Bardas Blancas por razones que son más ventajosas desde el punto de vista de la energía. Pero el trasvase se realizará", añadió.

Este diario también había publicado la palabra de Miguel Boyero, presidente ejecutivo del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, quien reveló que la nota de Mendoza informando el abandono del proyecto de trasvase "la presentó el gobernador (Celso) Jaque unos días después de la reunión en la que nos informaron de esa decisión". Esto ocurrió en el mes de abril pero hasta el momento había pasado desapercibido.

"Sin defensa posible"

Gómez recordó como se inició el proceso de "río robado", tal como calificó la situación del Atuel en el oeste provincial. "Hubo diversas causas históricas, pero todo se inicia con la financiación de Nación en el año 1947 de la represa El Nihuil, allí el río dejó de correr en la provincia de La Pampa. Y como La Pampa no era provincia, era territorio nacional y los gobernadores eran meros delegados del Poder Ejecutivo, lo que después fue la provincia de La Pampa no tuvo defensa posible ante el corte del río, ante la sustracción del agua".