Los tres jueces del Tribunal Oral Federal 6 (TOF), que enjuician a María Julia Alsogaray por supuesta corrupción, se trasladaron al departamento de la ex funcionaria en el barrio porteño de Recoleta, para verificar si es cierto que está enferma y no puede concurrir a la audiencia.

Fuentes judiciales precisaron que los magistrados José Martínez Sobrino, Patricia Mallo y Eduardo Fernández se hicieron presentes en el edificio de Junín 1441, justo al lado del petit hotel que pertenecía a la ex funcionaria y fue rematado por la Justicia.

Esta mañana, Alsogaray faltó otra vez a la audiencia decisiva del juicio por presunta corrupción en la cual debía declarar como imputada y justificó su ausencia con la presentación de un certificado médico, pese a que el viernes pasado un perito forense la revisó en el sanatorio Otamendi y dictaminó que podía seguir asistiendo al proceso.

Hoy a las 8 la esperaban en la avenida Comodoro Py 2002, pero en su lugar llegó un certificado médico. Alsogaray, de 70 años, se había descompensado durante la audiencia del jueves pasado tras lo cual fue asistida en la clínica porteña por un broncoespasmo, donde quedó internada para realizarle exámenes complementarios.

Los magistraron analizaron la posibilidad de tomarle declaración en el Otamendi pero el lugar no presentaba las condiciones adecuadas, por lo que habían previsto retomar hoy la audiencia mañana.

Alsogaray había adelantado al comienzo del proceso que iba a prestar declaración indagatoria cuando finalizaran los testigos y el turno era, primero, el viernes pasado, y si no esta mañana.

Luego de que declare será el turno de los alegatos del fiscal Mauricio Viera, de la querella de la Oficina Anticorrupción, y de Pamela Biserier, defensora oficial de Alsogaray.

La secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente de 1991 a 1999 es juzgada por negociaciones incompatibles con la función pública, delito para el que se prevé pena de uno a seis años de prisión, por supuestas irregularidades en la contratación directa, en diciembre de 1996, de una empresa de comunicación para promocionar el "Plan de Manejo del Fuego".

En 2005 había sido condenada en otra causa a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito y tuvo que devolver al Estado importantes sumas de dinero. Al contar con una condena previa, si llegase a ser nuevamente penada podría ir a prisión, explicaron fuentes judiciales.