El comercio es propiedad de Claudio “Cabezón” Morales, detenido en el marco de la causa “Apadrinados”, que investiga una red de narcotráfico en Chubut.

 La información está disponible en la página web del Tribunal de Cuentas Municipal (TCM), donde bajo el título “¿Contrataciones municipales a comercios sin habilitación?”, se informa del pedido del organismo contralor a la Asesoría Letrada de la comuna para que se instruya un sumario administrativo.

La acción administrativa de base para el pedido que formula el organismo que integran Carlos Jurich, Osvaldo González y Gastón Acevedo es el pago por parte de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia de cuatro facturas por $25.000 cada una al comercio denominado “Lavadero Malvinas Argentinas” durante 2014.

A pesar de que un pago implica la contraprestación de un servicio, el Tribunal de Cuentas había constatado de modo previo que el área de Habilitaciones Comerciales de la comuna no tiene registro de la existencia o alta comercial de dicho establecimiento.

SUMARIO EN PROCESO

Ante la consulta de Diario Patagónico, el asesor letrado de la comuna, Oscar Herrera, confirmó que en cuanto recibió el pedido del Tribunal de Cuentas durante la semana pasada, liberó una providencia a la Dirección de Sumarios para que inicie la investigación interna.

Según refirió, el mismo ya tiene carátula y se disponen los elementos preliminares para recopilar datos probatorios, que abarcan desde la averiguación de cuál fue el área que autorizó el pago, hasta los trámites que se iniciaron y la posibilidad de llamar a declarar a quienes estén involucrados.

“Esto recién empieza. Es como si fuera un procedimiento penal escrito, donde hay que dar todas las garantías si es que hay algún imputado o no; la posibilidad de que concurran con un abogado y el sumario es público para las partes”, informó el abogado, quien deberá emitir su dictamen una vez culminado este procedimiento.

CONNOTACIONES

Las irregularidades del caso no solo tienen alcances contables por cuanto la comuna no puede efectuar contrataciones a quien incumple la legislación comercial e impositiva, como el caso de un comercio que no cuenta con habilitación, sino que además toma ribetes judiciales, al menos tangencialmente.

Sucede que el “comercio” al que la comuna abonó al menos $100.000 durante el año pasado es propiedad de Claudio Miguel Morales (alias “Cabezón”), detenido por la causa “Apadrinados”, que investiga una red de narcotráfico en la provincia y que tiene puntos en común con la investigación que encabeza la juez federal Eva Parcio por lavado de dinero y evasión tributaria y conductas incompatibles con la ley que rige el sistema bancario, conectada además con la causa iniciada por circulación de moneda apócrifa.

Hay que recordar que a raíz de esa investigación se habían desarrollado una serie de allanamientos en los que fueron secuestrados los cheques oficiales que por supuestos servicios cobró Morales. Tales pagos son de ingreso reciente al Tribunal de Cuentas Municipal, en función de que la intervención del organismo contralor es posterior cuando se trata de facturas que no superan los $40.000, como en el caso en cuestión, que abarca cuatro pagos de $25.000.

Como se indicó, el Tribunal de Cuentas solicitó a la Asesoría Letrada la instrucción del sumario administrativo correspondiente, con lo que es ahora Oscar Herrera quien deberá poner luz en el asunto.