El Tribunal de Cuentas bonaerense detectó una serie de irregularidades en la entrega de subsidios a familias de bajos recursos y responsabiliza a tres funcionarios de María Eugenia Vidal que pasaron por la subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Viviendas.

El organismo de control menciona como responsables de las maniobras a Mauricio Butera, Francisco Echarren y Evert Van Tooren.

Butera ocupó la subsecretaría apenas arrancó la gestión de Vidal pero dejó el área a fines de 2016 para radicarse en Estados Unidos. En ese lugar asumió Echarren, durante un ensayo del vidalismo de acercar funcionarios peronistas. Pero Echarren nunca se sintió cómodo en Cambiemos y volvió a las filas peronistas. Lo reemplazó Van Tooren, concejal en Esteban Echeverría.

El informe del Tribunal analiza la 21 expedientes mediante los que se otorgaron subsidios habitacionales a familias de bajos recursos que no son sujetos de crédito por la banca formal. Ese financiamiento "baja" a barrios más vulnerables a través de distintas ONGs.

Se trata del Fondo Fiduciario Público -incluido en la Ley de Hábitat- que tiene como objeto financiar, bajo cualquier modalidad, las necesidades de familias de bajos recursos con déficit urbano habitacional.

Según el informe, al que LPO pudo tener acceso, el Tribunal detectó a prima facie inconsistencias en los domicilios de las ONG, su situación impositiva, del objeto social y a la falta de información surgida en los papeles aportados sobre algunas organizaciones.

Entre las irregularidades que detectó el Tribunal, aparecen deficiencias en las notas de solicitud. Con auditores explican que las notas no están fechadas y no aparecen las aclaraciones de firmas.

En tanto, los proyecto que deben adjuntarse a la solicitud no están fechados ni firmados. En algunos casos la zona de intervención del proyecto a subsidiar no coincide con el área geográfica de actuación de la ONG. También se registran varios casos de falta de documentación.

En muchos casos los informes previos elaborados por los organismos de control (jefatura de Gabinete, Asesoría General, Contaduría y Fiscalía de Estado) hacen mención a distintas inconsistencias surgidas del proyecto. Allí aparecen datos incorrectos y faltante de información de las ONG beneficiarias del subsidios.

El Tribunal corroboró que la mayoría de los expedientes presentan deficiencias en los datos que conforman los proyectos de convenio y resoluciones, principalmente en los barrios y localidad donde residen los beneficiarios de los microcréditos. También aparecen números erróneos de expedientes.

En tanto, se registraron además casos en donde falta la declaración jurada del beneficiarios del subsidio.

Algunas de estas inconsistencias datan de la gestión de Daniel Scioli e impactan sobre Fabián Stachiotti, entonces subsecretario de Urbanismo Tierra y Vivienda, y sobre Leandro Spoturno, presidente del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario Público.

El viernes, diputados del Frente Renovador presentaron un proyecto de solicitud de informes para pedirle al gobierno bonaerense detalles sobre el Fondo Fiduciario de Hábitat.

El massismo busca saber cómo se reparte el dinero del crédito autorizado para la mejora del hábitat, según la Ley de Acceso Justo al Hábitat, aprobada a fines de 2013.

Los legisladores explicaron que la ley creó el Fondo Fiduciario Público, con el objeto de financiar, bajo cualquier modalidad, las necesidades de familias de bajos recursos con déficit urbano habitacional.

La iniciativa parlamentaria, que lleva la firma del presidente del bloque, Rubén Eslaiman, y de todos sus integrantes, se pregunta "cuál ha sido su patrimonio, cuál es el monto que se ha originado por lo recaudado en concepto de la contribución adicional sobre el impuesto inmobiliario, qué criterios se han utilizado en su distribución, en qué localizaciones geográficas, de qué forma objetiva se establecieron las necesidades, cuáles y que tipo de organizaciones de la sociedad civil fueron beneficiadas".