Miguel Ángel Brito, ex director de Arquitectura y Urbanismo (DAU), podría convertirse en el primer (ex) funcionario alperovichista en sentarse en un banquillo por presuntos hechos de corrupción. En paralelo a esta causa penal, el dirigente oficialista afronta diversos trámites administrativos en su contra en las oficinas del Tribunal de Cuentas (TC), órgano que controla los ingresos y gastos públicos.
En el TC, Brito está siendo sometido a un juicio de responsabilidad por la presunta obra fantasma denominada “Ciclovía de Camino de Sirga” (expediente 958-270-PTC de 2012). En esa causa, entre otros, también está imputado Rodolfo Atilio Torasso, contador fiscal del Tribunal de Cuentas afectado a la DAU en el período en que se debería haber ejecutado el proyecto.
Según los auditores, en aquel sector situado entre la Capital y Yerba Buena debería haberse terminado de construir en 2012 un contrapiso de cuatro kilómetros, complementado por merenderos, bancos, cestos de basura, toboganes y hasta una cancha de básquet. El presupuesto de la obra alcanzaba los $ 500.000, y según las estimaciones de los expertos, el presunto daño al erario ronda los $ 323.000.
Los integrantes del ente de contralor, Miguel Terraf (presidente) y Sergio Díaz Ricci (único vocal, por la licencia de Marcelo Vidal), dictaron la semana pasada tres acuerdos que interesan particularmente a Brito y a Torasso.
Las dos primeras resoluciones (N° 2.807 y 2.808) llevan fecha del miércoles pasado -20 de agosto-, y descartan el recurso de reconsideración presentado por el abogado de ambos imputados, Francisco García Posse. Así, ratificó que se continuará analizando la actitud de Torasso, como delegado fiscal del TC, y de Brito, como ex titular de la DAU.
En el tercer acuerdo (N° 2.846), el organismo de control cuestionó la ética profesional de García Posse, presidente del Colegio de Abogados. Según el Tribunal de Cuentas, el letrado habría incurrido en una “defensa simultánea”.
“(Existen) intereses encontrados o contrapuestos que imposibilitan el ejercicio de una defensa común eficaz”, indicaron Terraf y Díaz Ricci. Como ejemplo, redactaron que Brito había deslindado sus responsabilidades señalando que el TC había aprobado sus trámites administrativos. El órgano de control citó códigos de ética y jurisprudencia, entre otros textos.
El Tribunal de Cuentas notificó de la situación a Brito y a Torasso, y les requirió “que en un plazo perentorio de cinco días dispongan o produzcan la sustitución necesaria, bajo apercibimiento de disponer su apartamiento en la defensa de oficio”. Además, se transmitió la situación al Colegio de Abogados sobre la situación.
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