El tema había sido dado a conocer el 15 de septiembre del año pasado por TiempoSur que, en exclusiva, dio detalles de la estafa perpetrada en el área dependiente de Ingresos Tributarios, con la falsificación de documentos y utilización de sellos truchos, que surgieron del sumario iniciado contra tres trabajadores de la línea de cajas del local de atención al cliente, ubicado en Alberdi 156. 

Hace dos semanas, el Tribunal de Cuentas concluyó el Sumario Administrativo de Responsabilidad  y ya se le corrió vista a quienes fueron considerados responsables, solicitando la formulación de un cargo patrimonial en su contra. 

Las instrucciones internas y las conclusiones del sumario son contundentes  y reúnen “más que importante y suficientes pruebas” contra dos de los tres empleados de planta permanente del área de Sellos, dos hombres: Nicolás y Adrian. El fraude al Estado involucra a una reconocida inmobiliaria de la ciudad, aunque se entendió que también fue víctima de la argucia en perjuicio al fisco, al tiempo que a la empleada sindicada como parte de la organización, se la desestimó por entender que pudo haber actuado con impericia pero no con la intencionalidad de hacerse del dinero público. La estafa se perpetró a comienzos del año pasado, en función de varias operatorias que tuvieron lugar entre los meses de enero y septiembre de 2013, amparada en impuesto a los sellos sobre los contratos de alquiler, mediante lo que se hicieron desaparecer exactamente $ 191.206.00. 

  Luego de que este diario hiciera pública la información, el vocal por la UCR, Marcelo Rosas radicó una denuncia penal, muñido de la publicación de este diario, por cuanto se espera que en la esfera judicial también haya novedades. En los últimos días, el Tribunal de Cuentas citó a declarar a los empleados denunciados pero se negaron a prestar testimonio en la indagatoria por lo que el organismo de contralor  dio por concluidas las actuaciones dando un plazo de 30 días a los empleados para que realicen su descargo, de los cuales, restan menos de dos semanas Los sumariantes solicitaron la aplicación de cargos patrimoniales contra los dos agentes públicos por las sumas mencionadas más arriba, cosa que el Tribunal podrá dejar en firme o desestimar si es que los acusados brindan pruebas fehacientes de su inocencia.El ardid El trámite del impuesto al sello es así: El contribuyente, en este caso la inmobiliaria en cuestión, se presentaba ante una de las cajas de Rentas para pagar el sellado del contrato de locación de un cliente. El expediente pasa entonces desde el organismo recaudador a la Dirección General Contable, donde confirma la acreditación y luego, una vez confirmado esto, el trámite continúa en Tesorería General que refrenda la operación.

  Pero las operatorias se viciaban mediante la intervención de estos dos empleados de Rentas que utilizaban sellos truchos en los contratos de locación, por cuanto el pago por éstos nunca era ingresado debidamente y el trámite no figuraba en absoluto.  La maniobra se tornó tan burda y evidente que una autoridad del Banco Santa Cruz alertó de las irregularidades detectadas en la línea de cajas de Rentas, lo que sirvió de antesala para que se solicitara a Economía la instrucción de la pesquisa. 

Cuando se descubre que los importes que surgen como pagados por la inmobiliaria  no fueron acreditados, se descubre que había comprobantes “adulterados” algo que se pudo detectar utilizando una lámpara de rayos ultravioleta. 

Esto significó que de un total de cinco comprobantes que la inmobiliaria aportó, probando que pagó en un caso la suma de 70.634 pesos, los empleados de Rentas habían hecho figurar un pago inferior, exactamente 137 pesos.  A finales del año pasado, un informe ampliado de la Dirección General Contable demostró que, entre los meses de enero a septiembre del 2013, “el importe total a pagar en concepto de impuestos a los sellos sobre los contratos de alquiler observados es de 173.674.00”, mientras que el total por contratos de alquiler no disponibles a partir de operaciones que se dieron los días 11/01/2013, 15/01/2013, 05/02/2013 y 21/03/2013, fue de 16.576.00.  “…

Por tal motivo entiendo que los agentes habrían presuntamente incurrido en una falta grave que perjudicaría materialmente a la Administración Pública, ameritando la misma la sanción expulsiva de exoneración” reza la conclusión final del sumario que el titular de Ingresos Tributarios, Edgardo Valfré hizo antes de convertirse en ministro de Economía.

 En este punto vale aclarar que la exoneración o la cesantía son dos figuras que no pueden ser aplicadas porque el Tribunal de Disciplina no está conformado. Este organismo tiene en su poder el sumario que envió Valfre, pero no puede siquiera leerlo porque no están cubiertas las vocalías, es decir, no funciona. Un dato no menor es que fuentes del Tribunal de Cuentas indicaron a TiempoSur que incluso antes de que esto saliera a la luz, el organismo había advertido a Ingresos Tributarios las deficiencias del circuito administrativo.