La careciente situación de una madre y sus nueve hijos, que habitan un edificio en el barrio Confluencia que alguna vez había funcionado como destacamento policial, mereció, después de una fuerte repercusión mediática, la evaluación de organismos gubernamentales y sociales y una inédita acción dirigida desde el Estado.
La novedad positiva es que el asunto, destapado curiosamente a partir de un allanamiento policial, provocó una movilización oficial inusitada, y la adopción de medidas rápidas para mejorar la situación de esa familia, con la confluencia de los tres niveles de Gobierno: municipal, provincial y nacional.
También hubo una acción legislativa, pues la diputada Beatriz Kreitman reclamó el tratamiento de un proyecto de ley, presentado el año pasado, que establece entre otras cuestiones la declaración de emergencia social para el barrio Confluencia, por el término de un año, para tratar precisamente este tipo de situaciones con toda profundidad.
Este martes se hizo una reunión interinstitucional, en la Defensoría Civil del Niño y del Adolescente. Participaron referentes del centro de Salud del barrio Confluencia; de la escuela a la que asisten dos de los niños de la familia; del ministerio del Interior y Transporte de Nación; de la comisión del barrio; la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, Encarnación Lozano; la defensora del Niño y el Adolescente, Nara Oses; y la secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Yenny Fonfach.
“Hoy comenzó la intervención con la familia a partir de un diagnóstico de las acciones que se han desarrollado y lo que se debe hacer de aquí en más”, dijo la defensora Oses, quien destacó precisamente que “quedó claro que es necesario trabajar juntos y coordinados”.
Sobre este primer encuentro de trabajo, la defensora comentó que “fue una reunión importante para articular acciones y adelantó que hoy comenzó la evaluación y que demandará unos días de trabajo mancomunado”.
Sobre el estado de salud de los menores, Oses manifestó que por el momento se sabe que la primera asistencia médica arrojó que no existen indicadores de infección ni de desnutrición “pero esto también forma parte de la evaluación que estamos desarrollando y que conjuntamente se da con la intervención a la familia”.
Al ser consultada por la posibilidad de encontrar situaciones similares en la ciudad, Oses comentó que “puede pasar, no siempre lo que los efectores del Estado observan se refleja en la tarea de la Defensoría Civil del Niño y del Adolescente”.
También se informó que personal del ministerio del Interior y Transporte colaboró para gestionar los documentos de identidad de algunos de los niños y el beneficio de la Asignación Universal por Hijo.
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