El ministro de Economía, Axel Kicillof, repitió ayer en Washington ante los cancilleres de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la Argentina, por ley, no puede efectuar a los fondos buitre un pago mayor a la oferta del canje de deuda. Para el titular del Palacio de Hacienda, pagar la sentencia en contra por u$s 1.500 millones o cualquier oferta a medio camino violaría la cláusula RUFO de la deuda reestructurada y dispararía juicios por más de u$s 120.000 millones.

La oferta oficial de la República Argentina a los fondos NML Capital, Aurelius y otros, no se movió un centavo a tres días de la reunión de una delegación del país con Daniel Pollack, el special master o mediador designado por el juez de Nueva York Thomas Griesa. Los fondos buitre insinuaron hace días que aceptarían cobrar a plazo, al estilo Repsol o Club de París, pero sin quitas. El Gobierno insistió en que cualquier pago superior al canje significará el fin de la reestructuración de deuda que aceptó el 92,4% de los acreedores por la claúsula RUFO, que obliga a igualar a todos los bonistas una eventual mejora a otros tenedores de bonos en default.

Así, las posturas de ambas partes permanecen en el mismo punto en que estaban el 16 de junio, cuando la Corte Suprema rechazó tomar el caso y confirmó la sentencia que obligó a Argentina a pagar toda la sentencia (u$s 1.330 millones) antes de saldar los vencimientos regularizados, por la cláusula de pari passu o tratamiento igualitario. La cláusula RUFO vence el 31 de diciembre. El Gobierno busca ganar tiempo hasta entonces.

El mediador Pollack dijo en un comunicado que los abogados del país, el estudio Cleary & Gottlieb, indicaron que una delegación de “oficiales de Gobierno de alto nivel” lo visitará el lunes. La integrarán “el subprocurador del Tesoro de la Nación (Javier Pargament), el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía (Pablo López) y el secretario Legal y Administrativo”, Federico Thea”.

Sin embargo, poco después, Kicillof dijo en conferencia de prensa que “no está definida” la composición de la misión que visitará a Pollack. “Puede cambiar”, indicaron a El Cronista en su entorno. El ministro dijo que se reunirán con el mediador, pero que “no está definido” hacerlo con los holdouts.

Argentina busca sumar presión internacional para exigirle al juez Griesa que implante una medida cautelar que permita cumplir con los vencimientos de la deuda reestructurada que el magistrado bloquea desde el viernes pasado.

El canciller Héctor Timerman y Kicillof obtuvieron una declaración de apoyo de la OEA, precedida por un discurso contundente de su secretario general, el chileno José Miguel Insulza. “¿Quién va a concurrir a una negociación para recibir un porcentaje de la deuda original, si la negociación exitosa de otros le permitirá cobrar judicialmente el total?”, se preguntó. La moción a favor del país insta a que “pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos financieros y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100% de sus acreedores”. “Justo, equitativo y legal” es el latiguillo que repite Kicillof como precondición para negociar.

La declaración contó con la abstención de la Casa Blanca. “Estados Unidos no puede apoyar esta declaración y hace notar que el tema sigue su curso en el proceso judicial estadounidense”, se lee en una nota al pie. La posición oficial de ese país es instar a las partes a negociar y llegar a un acuerdo que no desconozca el fallo judicial. “Entiendo la posición”, replicó Timerman en conferencia de prensa. “También quiero recordar los informes que preparan el Departamento de Estado y otros ministerios de Estados Unidos que hablan del sistema judicial argentino”.

La estrategia de presión involucra a los agentes pagadores. Bonistas exigieron al Bank of New York (BONY) que les deposite los u$s 539 millones de vencimientos que Argentina depositó y que Griesa congeló. El BONY y Euroclear pidieron precisiones a Griesa. Economía envió una carta a ambos agentes fiduciarios advirtiéndoles que incumplen el contrato y que Argentina podría tomar acciones legales. “Esperamos que el BONY cumpla con su contrato”, dijo Kicillof. “No estamos pidiendo que nos dejen pagar porque ya hemos pagado. Ahora pedimos que dejen a los bonistas cobrar”, instó.