Por Matías Ferrari

La “emergencia” en materia ferroviaria ya era un hecho, pero el choque de trenes de la línea San Martín la expuso en carne viva y obligó al Gobierno a tener que dar explicaciones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó culpar por el accidente que casi termina en tragedia a la –siempre a mano– herencia de la gestión anterior, pero con el anuncio de este lunes de que se decretará la “emergencia ferroviaria” terminó por reconocer que el desfinanciamiento del sistema tocó fondo y puso en riesgo la vida de los pasajeros. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la desinversión en las empresas ferroviarias llegó al 60 por ciento en términos reales en los primeros cuatro meses de la administración de Javier Milei. Ese recorte, sumado al plan de despidos –más de tres mil– que tiene en carpeta la gerencia de Trenes Argentinos (Sofse), dan cuenta de un desguace en curso que apunta a dejar el servicio a tiro de una privatización completa o del loteo, vía concesiones, de las distintas líneas que por ahora siguen en manos del Estado. Ambas posibilidades está abiertas en el capítulo de las privatizaciones de la ley ómnibus, que ya tuvo media sanción de Diputados. 

Ya hay, incluso, algunas empresas interesadas. Según fuentes del sector, la firma de colectivos Dota --de buen vínculo con el Gobierno y que incluso intentó boicotear la huelga general del 9 de Mayo convocada por la CGT-- tiene en la mira el negocio del Roca, el San Martín y el Belgrano Sur. Pocas horas después del choque, el ministro de Interior, Guillermo Francos, había intentado montarse en el caso para pedir la privatización. "La necesidad de participación de capital y control privado es importante. Está a las claras que la situación del ferrocarril es mala", dijo en declaraciones radiales el mismo viernes del accidente. El propio Milei ya había postulado la necesidad de privatizar los trenes durante la campaña. “El Estado debería correrse del medio porque el sector privado lo hace mucho mejor”, había argumentado. 

Si bien la "emergencia" revertirá en parte el ajuste en marcha --en la Rosada explican que habilitará fondos mas directos y prioritarios para, por ejemplo, "comprar cables más rápido"-- habrá que ver hasta dónde está dispuesto el Gobierno a frenar el desguace que inició el 10 de Diciembre y que forma parte de las condiciones para privatizar. Por lo pronto, la letra chica del decreto todavía está en discusión entre las distintas áreas del gabinete y no verá la luz en el Boletín Oficial "de forma inminente", como expuso Adorni en conferencia de prensa. "Había el borrador y lo del choque cambió algunas cosas", explican en Balcarce 50, donde hay una puja abierta sobre qué hacer a partir de ahora con el sistema. 

Mientras tanto, como es costumbre, Adorni pateó la pelota afuera. "Nos encontramos en trenes con una deuda de algo más de cien millones de dólares. Se ponía más énfasis en pintar algún mural en alguna estación que en aportar al mantenimiento del sistema", dijo, responsabilizando al Gobierno anterior. 

Reacción a destiempo

El Gobierno anunció la declaración de la "emergencia ferroviaria" como una respuesta ante la fragilidad de la red que el choque dejó en evidencia, pero puertas varios funcionarios vinculados al área ya habían advertido sobre los riesgos del recorte. Nadie imaginaba un accidente que pudo haber sido fatal, pero las alarmas estaban. Una semana antes, el presidente de Trenes Argentinos, Luis Luque --que ocupa distintos cargos en la empresa desde hace más de diez años--, había rogado en una nota dirigida al gabinete por fondos "urgentes", luego de describir de manera angustiante el estado de la red. La nota iba dirigida, entre otros, a Mauricio González Botto, el hombre que el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, puso a trabajar en la privatización de las empresas públicas; y también al Ministro de Economía, Luis Caputo, el ejecutor en última instanscia del recorte. 

Lo propio había hecho también el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien le hizo llegar a Caputo el pedido de mayores fondos basado en un informe igualmente lapidario de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El mismo viernes, casi en simultáneo al choque, Mogetta estuvo reunido en el piso 12 del Ministerio de Economía con empresarios y representantes gremiales para discutir la medida. 

El choque, a fin de cuentas, expuso una disputa por recursos. Los funcionarios del área saben que se juegan la cabeza si sucede una tragedia. Como muestra, uno de los pasajeros que el viernes iba a bordo del tren que chocó contra una locomotora, Alan barroso, se presentó como querellante en la causa que ya instruye el juez Julián Ercolini y señaló Mogetta y a Caputo como responsables. El abogado Gregorio Dalbón también se presentó y pidió la indagatoria de ambos. 

Ajuste y despidos

De acuerdo el informe de ACIJ, las transferencias de Economía a las empresas ferroviarias se redujeron en términos reales (contando la inflación) un 60 por ciento entre diciembre y abril respecto del mismo período del año pasado. El ajuste más grande lo sufrió la Administración de Infraestructuras Ferroviarias SA, con un brutal 92 por ciento. Le siguen el Belgrano Cargas, con un 52 por ciento menos de recursos, y Operador Ferroviario SE, con un 56 por ciento. 

La motosierra responde a lo que el propio ministro de Economía sostuvo a inicios de este año sobre que los trenes "pierden tres millones de dólares por día". En la Rosada tienen el deseo, hace meses, de reducir el personal, lo que por ahora se choca con la resistencia de los gremios. El mes pasado se filtró, de hecho, un memo interno de Sofse en el que se informa sobre el presupuesto necesario para el despido y retiro anticipado de 3.000 trabajadores, estimado en unos 56.400 millones de pesos. "La propuesta de optimización le ahorraría a la empresa 13 mil millones al año", cierra el documento, que lleva la firma de Jorge Álvarez Holmberg, gerente administrativo de la empresa. 

"Los despidos son parte del desguace necesario para privatizar, que es lo que busca el Gobierno de Milei", dijo a Página/12 Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria en el ramal Sarmiento. "Quisieron hacer pasar el accidente solo como una falla humana, cuando está claro que hubo un ajuste de fondos que hace imposible que los trenes funcionen como corresponde. Todos sabemos que veníamos mal de antes, pero este Gobierno empeoró todo. A veces me pregunto si no son capaces de poner en riesgo la vida de la gente con tal de entregar los trenes", agregó.

Los despidos ya arrancaron con una primera poda de un centenrar de trabajadores en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), encargada de dirigir las obras de infraestructura ferroviaria.

El mismo método de los 90

Tras el accidente, varias voces críticas salieron a denunciar la entrega de los ferrocarriles. El extitular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, sostuvo en diálogo con AM750 que "el punto de inflexión", respecto de la mala situación de la red "fue el ferrocidio de los 90". 

"Esta decisión del Gobierno de querer mostrar que los números cierran a costa del riesgo de los argentinos es una irresponsabilidad enorme”, agregó respecto del accidente. 

"Lo único que están analizando es el listado de los despidos y pidiendo la plata para poder echar 3000 trabajadores, donde el 60 por ciento tiene más de 10 años de experiencia. Están destruyendo la empresa para, de alguna manera, les salga más barato con una privatización. Están tratando de aplicar el mismo preámbulo que en los 90”, denunció Marinucci.