Camila Dolabjian

Los cortocircuitos en el seno de los bloques de La Libertad Avanza en el Congreso esconden más que desacuerdos o peleas personales. En las últimas semanas, el nivel de internas que ha llevado a la expulsión de una diputada, Lourdes Arrieta, y de un senador, Francisco Paoltroni, más la exposición de conversaciones privadas en las redes sociales y denuncias de violencia de género, dejaron expuesto al oficialismo y abrieron acusaciones cruzadas sobre posibles infiltrados. Lo que muchos, internamente, definieron como cotorreo sin sentido, es en realidad el reflejo de un armado de listas que llevó a bancas representativas a personas que provenían de partidos que hoy en día son investigados por la Justicia como organizaciones cuasi criminales.

El año pasado, a raíz de una investigación de LA NACION y a partir de alarmas que sonaron en los distintos juzgados que atienden cuestiones electorales, se iniciaron causas judiciales en fueros locales y en Comodoro Py por organizaciones partidarias que se presentaron en las PASO, según la hipótesis principal, al solo efecto de cobrar dinero del Estado para hacer campaña e imprimir boletas cuya concreción está en duda. Algunos de esos partidos, que durante años y elecciones solo presentaron candidatos para conseguir fondos, llegaron, sorpresivamente, a conformar la alianza que puso un presidente el año pasado.

Eso explica, en parte, el afán de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en acelerar la conformación de La Libertad Avanza como partido nacional, a través de su oficialización en varias provincias. Con esa personería, no necesitará volver a recurrir a “sellos de goma” para presentarse en 2025, además de fortalecerse en la negociación de una eventual alianza con Pro.

La Libertad Avanza no tenía los papeles hechos para presentarse en todo el país cuando se aproximaba la elección de 2023. Por eso, recurrió en algunos distritos, como Santa Fe y Buenos Aires, a sellos partidarios que podían darle los medios formales para entrar en la contienda. Por ese entonces, a principios del año pasado, Javier Milei parecía una expresión minoritaria, un “fenómeno barrial”, y se delegó el armado en algunos miembros como Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja. Fuentes cercanas a Milei aducen que el actual presidente no se involucró de manera personal en la constitución de las listas y que desconocía a la mayor parte de los candidatos que llevaba, lo que lo hizo incluso evitar sacarse fotos o interactuar con ellos en sus visitas a las provincias.

La alianza se conformó, en el orden nacional, con 14 partidos y, en los distritos, por algunos más, como Unite por la Libertad y la Dignidad, Partido Demócrata, Partido FE, Movimiento de Integración y Desarrollo, Unión Celeste y Blanco, Ahora Patria, Arriba Neuquén, Ciudadanos por Chubut, Fuerza Republicana, Acción por una Democracia Nueva, Ciudadanos a Gobernar, Partido Fe, Partido Renovador Federal, Partido Renovador Federal Todos Unidos, Republicanos Unidos y el Partido Libertario.

A varios de estos partidos se les ha llamado la atención desde las autoridades electorales, sin mayores repercusiones en su continuidad como agrupaciones, por balances irregulares, gastos no rendidos o listas presentadas con personas muertas o repetidas entre listas.

José Bonacci, padre de la diputada Rocío Bonacci.

Por ejemplo, quienes controlaban Unite por la Libertad y la Dignidad, que habilitó la presentación de la coalición oficialista en Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Catamarca, están involucrados en las causas por fraude al Estado que tramitan en diferentes juzgados. Este partido llevó a la lista a Rocío Bonacci, una de las diputadas que asistió a la visita a represores en la cárcel de Ezeiza y que fue protagonista de una polémica cuando presentó un proyecto para volver a penalizar el aborto, borrador de ley que no contaba con el conocimiento ni apoyo del Poder Ejecutivo. Su padre, José Bonacci –quien, según varias fuentes, estuvo a los gritos en la bochornosa reunión de comisión del bloque que derivó en la denuncia penal de Arrieta a su par Nicolás Mayoraz–, está siendo investigado por defraudación al Estado.

Rocío y José Bonacci.

Bonacci es socio de Ernesto Habra, quien fue procesado recientemente en una causa que tramita en el juzgado federal de La Plata de Alejo Ramos Padilla. En el marco de la causa, se llamó a 216 testigos que dieron cuenta de que aparecieron en listas partidarias sin siquiera saberlo. La mayoría negó tener conocimiento de haber sido presentados como precandidatos en las listas de los partidos investigados e incluso muchos manifestaron que se enteraron de su postulación solo cuando fueron convocados a declarar. Seis de los declarantes dijeron que fueron convocados a conformar la lista del distrito de Zárate que acompañaría al candidato de La Libertad Avanza, pero que luego figuraron como precandidatos de Encuentro Republicano Federal, lista “Encuentro con la Gente”, en la Sección Segunda del Distrito de Zárate.

En las declaraciones, los testigos declararon desconocer a los partidos por los que fueron precandidatos o dijeron que fueron convocados para participar de una lista, pero terminaron en otra. La resolución del juez destacó la situación de vulnerabilidad socioeconómica o problemas de salud que presentaron los individuos y varios mencionaron haber entregado sus datos personales en contextos totalmente ajenos a la política, como en comedores comunitarios.

Habra y Bonacci están vinculados a más de 20 partidos que compitieron en las PASO y que llevaron candidatos de importancia en elecciones anteriores, como José Luis Espert, Amalia Granata, Cinthia Fernández, Guillermo Moreno, Alejandro Biondini, Julio Bárbaro y, más recientemente, Javier Milei, repetidas veces con una multiplicidad de listas internas (para cobrar más dinero por cada una de ellas) sin tener vocación representativa, según investiga la Justicia. Los dos hombres, junto con un grupo de personas, también tenían vínculos como el Partido Libertario, que ha llevado en sus listas a diputados como Alida Ferreyra y Nicolás Emma, ambos por la Ciudad de Buenos Aires, y Lourdes Arrieta, en Mendoza.

Habra fue procesado por defraudación al Estado en la provincia de Buenos Aires. “La conjunción de estos elementos permite tener por acreditado, al menos para esta instancia procesal, que el imputado tuvo un dolo dirigido a presentar una serie de listas con precandidatos falsos para las elecciones PASO de agosto de 2023, todo ello con el fin de acceder ilegítimamente al financiamiento electoral”, destacó una resolución de Ramos Padilla. Él mismo, a su vez, declaró un hecho que LA NACION dio a conocer el año pasado: que adquirió una imprenta, DWP SRL, “que es precisamente la imprenta escogida por los partidos políticos”. Los dueños de esa sociedad son la esposa de Habra y José Bonacci.

Entre otros partidos, alianzas y frentes involucrados con este círculo se encuentran el mencionado Proyecto Joven, encabezado por Yamil Salerno y Mempo Giardinelli; Encuentro Republicano Federal, integrado a la junta electoral de JxC de la mano de Pichetto (que lo intervino por estas irregularidades), y sellos como el Partido Popular, Unite!, Partido del Campo Popular, Partido Esperanza del Pueblo, Justicia y Dignidad Popular y Unir (del bullrichista Alberto Asseff), entre otros. Víctor Leguizamón y Jaime Alper, que tienen una larga relación con Bonacci y Habra, también figuran en los registros electorales de varias fuerzas.

En un informe anterior, Assef admitió a LA NACION haber tenido un vínculo con Bonacci y Alper, aunque aseguró que al primero lo desplazó de su partido y que con el segundo no existió una relación jurídica ni pública, a pesar de que los documentos analizados lo contradicen, siendo que Alper ocupó cargos de coordinación en el UNIR. Ante esta nueva publicación, el diputado insistió en negar la vinculación.

Las causas en todo el país progresan a distintas velocidades. Eventualmente, podría ocurrir que los procesos se unifiquen en Comodoro Py, con la que tiene en su poder María Servini de Cubría, o podrían también continuar en el juzgado de Ramos Padilla, o en otro. Depende no solo de la competencia, sino que también del nivel de avance en cada uno de los expedientes.