Con ese trasfondo, se viabilizaron la subdivisión de lotes en un sector del Parque Industrial junto a la ratificación de un convenio de recaudación con la firma Pronto Pago.

Asimismo, cursaron un pedido de informes al Consejo Escolar para esclarecer si existe riesgo de realizar actividades los dás de lluvia en las escuelas 501 y 54.

En tanto, los principales atractivos sucedieron por fuera de las ordenanzas en análisis y se centraron en el pedido de informes por el eje que aglutinó las intervenciones de las bancadas, en donde el peronismo se mostró unido pero sólo para fustigar al macrismo.

En primer término, el massista Matías Fhurer consideró que se atenta "contra el bolsillo de la gente" debido a que los funcionarios actuales no padecieron "necesidades extremas".

"Las acciones son de extrema insensibilidad social, pocas veces vista en un Gobierno que nos acostumbró ir para adelante y recular y volver a avanzar. No existió comunicación sin previo aviso para presentar la papelería y analizar cada caso con seriedad", señaló.

En esa línea, la K Mercedes Moreno reafirmó la crítica hacia la administración macrista y saludó las protestas encabezadas por familias afectadas tras catalogar a la medida como "un ajuste feroz a los más vulnerables".

"Las pensiones son un derecho, no un plan social, y las están sacando. Sería bueno explicarle a cada una de las familias con haberes suspendidos que son parte de una corporación mafiosa: no se trata de mafia, sino cómo se garantiza el acceso al derecho", consignó.

A su turno, el monobloquista Augusto De Benedetto exhortó a que la Comuna se encolumne para brindar un paliativo a las familias desguarnecidas.

"Las personas tienen nombre y apellido, las conocemos y son vulnerables. Desarrollo Social del Municipio les tendrá que dar una solución porque hay pensiones que van a tardar seis meses en ser restituídas: esperemos que esté a la altura", concluyó.

Posteriormente, el macrista Horacio Espeluse recogió el guante y defendió la postura oficial aunque criticó la implementación tras disentir con la falta de sensibilidad expresada por los anteriores.

"Nada justifica las formas de instrumentar esta revisión, si se quiere llamar, de las pensiones: entendemos que no podemos dejar de lado que hubo funcionarios que durante muchos años no hicieron bien las cosas y es responsabilidad de un gobierno cuidar los fondos de todos los argentinos, porque son los que garantizan que se sigan dando planes y pensiones", ejemplificó.

La vecinalista Claudia Cittadino basó su acompañamiento en el caso local, que incluye sesenta casos. "Lo que se viene es muy difícil, porque tienen que volver a hacer todos los papeles y acompañaremos el proceso, sin dejar de acompañar para que se resuelva", señaló.