NOELIA BARRAL GRIGERA Buenos Aires

A pesar de haber apoyado la sanción general de la iniciativa en la Cámara de Diputados, el radicalismo analiza ahora cambiar su postura frente al proyecto de regulación del mercado de capitales, que el kirchnerismo buscará convertir en ley el jueves en el Senado. Los senadores de la UCR calificaron de “jugada artera” una de las últimas modificaciones que el Gobierno introdujo en el artículo 20 del texto, estableciendo que la Comisión Nacional de Valores (CNV) podrá designar veedores con facultad de veto y separar por hasta 180 días a los directores de las empresas que esté investigando (Más información pág 6).

El bloque radical, que preside Luis Naidenoff, se reunirá hoy para comenzar a analizar cuál será su postura en el recinto; luego de negarse a firmar el dictamen del proyecto en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Economía Nacional, la semana pasada. Fue en ese debate que el jujeño Gerardo Morales consideró una “trampa entre gallos y mediasnoches (sic)” el cambio realizado por el oficialismo al artículo 20, durante la votación en particular del texto en Diputados. Fuentes de la bancada explicaron que, tras ese episodio, los senadores ven con dificultad la posibilidad de repetir la estrategia de la Cámara baja (es decir, votar a favor del texto en general y plantear las diferencias en la discusión artículo por artículo).

En cambio, el Frente Amplio Progresista (FAP) sí mantendrá esa postura, que es la que siguieron sus diputados. “Estamos de acuerdo en que tiene que haber algún tipo de regulación. Pero no compartimos que el regulador ni siquiera requiera acuerdo del Senado para su designación. Es decir que va a tener una dependencia total del Poder Ejecutivo”, explicó al respecto el socialista Rubén Giustiniani.

Más allá de este apoyo de parte de la oposición, la mayoría kirchnerista en la Cámara le asegura al jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, la sanción definitiva del texto que erige a la CNV como único organismo de control de la oferta pública de acciones y bonos, unificando las funciones de autorización, negociación, supervisión y policía de los valores negociables. Además, la iniciativa autoriza a universidades y otras entidades a registrarse como calificadoras de riesgo de acciones y valores, algo que hasta ahora sólo hacían las agencias de calificación; y establece que no hará falta ser accionista de un “agente intermediario” para operar en el mercado.