La Cámara de Diputados retomará este martes el debate sobre los proyectos de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas, luego de que fracasara meses atrás el intento de incluirlo dentro de la Ley de Bases. El plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda se reunirá a las 11 para discutir el plan del gobierno de Javier Milei y de sectores que comparten la cruzada para terminar con la propiedad estatal exclusiva de la aerolínea de bandera.

Un nuevo intento privatizador de Aerolíneas en la Argentina pendular

La administración libertaria argumenta que la privatización es necesaria para terminar con los “paros salvajes” que dejan a miles de pasajeros varados y generan problemas de reprogramación de vuelos. Con la amenaza de privatización, se busca disciplinar a los sindicatos para que moderen sus formas de protesta y también poner coto a sus pretensiones de mejora salarial.

Sin embargo, el propósito del Gobierno enfrenta una fuerte resistencia de los gremios de la aeronáutica comercial, que cuentan con el respaldo de Unión por la Patria, la izquierda y diputados de otros bloques minoritarios. A pesar de esto, el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para avanzar ya que, además de La Libertad Avanza, coinciden en la arremetida privatizadora sus socios del PRO y del MID, y también la UCR, la Coalición Cívica y una parte importante de Encuentro Federal —el bloque que preside Miguel Pichetto— e Innovación Federal —el espacio que responde a un grupo de gobernadores—. El oficialismo quiere que el plenario de comisiones emita dictámenes lo más pronto posible para debatirlo en el recinto, darle media sanción y girarlo al Senado. Sin embargo, esto no ocurriría este martes, ya que se trata de una reunión, al igual que la primera, de carácter informativo.

La apuesta de fondo es vender los activos de la empresa a operadores privados, en un proceso de adecuación administrativa que demandará al menos varios meses. Lo ideal para el Gobierno sería avanzar con el proyecto del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Milei, o bien con la iniciativa del diputado ultramacrista Hernán Lombardi, que no establece demasiadas exigencias de control en el proceso de privatización.

El plan B es el proyecto de Juan Manuel López (Coalición Cívica), que apoya buena parte del radicalismo. Esta iniciativa exige que se respeten las disposiciones incluidas en la Ley de Bases para proceder a la privatización, que contempla la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación (AGN).

En la primera reunión informativa, ocurrida el 25 de septiembre pasado, estuvo presente el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, quien defendió la idea de generar un régimen de cielos abiertos y libre competencia. “El proyecto que hoy se está presentando es en un contexto distinto, del mundo y de la Argentina. Hicimos un trabajo de desregulación de la normativa. No puede ser un lujo volar porque es una necesidad conectarse en nuestro país. Queremos que operen más empresas y así bajar los costos de los pasajes a través de la competitividad”, dijo Mogetta.

El funcionario agregó que “con la desregulación aérea, que ya empezó a tener sus frutos, los argentinos estamos teniendo más alternativas para volar por el país y a través de toda la región”. Mogetta argumentó que ya eliminaron “las bandas tarifarias que impedían que se puedan ofrecer tarifas más bajas, quitamos el sistema de audiencias públicas para nuevas rutas, agilizamos la operación de nuevas aerolíneas, reglamentamos la cooperación entre empresas y la operación de aeronaves de menor porte, facilitamos el uso de espacios en aeropuertos que antes copaba Aerolíneas Argentinas. Desregulamos todo el sector para que los argentinos tengamos mayor conectividad”.

“No es un ataque a Aerolíneas Argentinas”, advirtió Mogetta. “Nosotros queremos que Aerolíneas Argentinas compita y con las mismas reglas que funcionan para otras aerolíneas”, sostuvo y cuestionó que la empresa deba ser asistida financieramente por el Estado. Sin embargo, críticos de la privatización señalan que esta medida refleja la incapacidad del Estado para gestionar eficientemente la aerolínea y que vender sus activos a operadores privados no solucionará los problemas de fondo. Además, argumentan que la privatización podría llevar a un deterioro en la calidad del servicio y a la pérdida de empleos.

La aerolínea de bandera fue creada en 1949, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, producto de la unión de cuatro empresas preexistentes: Alfa, Zonda, Fama y Aeroposta. En 1990, durante la primera presidencia del peronista Carlos Menem, fue privatizada y adquirida por el consorcio español Iberia. Este periodo estuvo marcado por desafíos financieros y operativos, que culminaron en 2001 con la transferencia de la gestión al Grupo Marsans. La situación de la compañía empeoró significativamente, y en 2008, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también peronista, decidió renacionalizar la aerolínea para salvarla de la crisis.

En 2012, Aerolíneas Argentinas se unió a la alianza SkyTeam, convirtiéndose en su primer y único socio sudamericano. Este paso fortaleció su red de destinos y mejoró la experiencia de los pasajeros. Hoy sigue siendo la principal compañía aérea del país. Su historia es un reflejo de los altibajos económicos de la Argentina pero también de la indefinición de un proyecto de país.

El oficialismo confía en que la situación ahora es más favorable para aprobar la privatización, debido a que considera que los paros generaron el repudio de los usuarios que debieron perder sus vuelos. Además, para poner más presión, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, advirtió: “Si el Congreso dice que no, vamos a avanzar con una transferencia a los empleados. Ahí van a tener que recoger el guante y quedan ellos a cargo de la empresa”.

Desde que asumió, el Gobierno avanzó con diferentes medios para desregular el mercado del servicio aeronáutico con distintos decretos para abrir a la competencia.

Así, el 10 de julio emitió un decreto que abre a la competencia los servicios aeroportuarios en general, incluidos los de rampa, al romper así el monopolio que tenía Aerolíneas Argentinas a través de Intercargo.

También estableció la desregulación tarifaria y ¿la libertad de fijación de frecuencias. En septiembre, el Gobierno dio otro paso cuando declaró al transporte como servicio esencial y en octubre publicó en el Boletín Oficial el decreto que declaraba a Aerolíneas Argentinas “sujeta a privatización”. En la mayoría de los países, las empresas de aviación tienen una amplia participación privada. Las empresas que quedan en manos estatales son Air China, China Airlines, Boliviana de Aviación, Ethiopan Airlines, Emirates Eithad, Ita Airways, Air New Zealand, Air Serbia, SIngapure Airlines, y Swiss Air.